Los acreedores de las renovables ponen en la diana a la selección española y a los misiles Patriot
La amenaza de embargo contra España por el recorte de primas a las renovables ha escalado hasta niveles insólitos: los fondos que litigan contra el Estado ya han obtenido luz verde en tribunales de EE.UU. para rastrear todo tipo de activos, y ahora estudian ejecutar embargos sobre bienes tan dispares como jugadores de la selección nacional durante el Mundial o baterías de misiles Patriot. Lo que comenzó como una disputa por subvenciones a las plaquitas solares se ha convertido en una cacería global de propiedades españolas.
El origen: los laudos arbitrales por 1.300 millones
Todo arranca de la decisión del gobierno de Mariano Rajoy de recortar retroactivamente las primas a las energías renovables. Los inversores extranjeros, amparados por el Tratado de la Carta de la Energía, lograron laudos arbitrales que condenan a España a pagar indemnizaciones. Según datos del propio litigio, el Estado podría ahorrarse unos 1.300 de los 1.500 millones de euros en juego, pero los fondos oportunistas que han comprado los derechos de cobro no cejan. Ya tienen permiso de la justicia estadounidense para identificar activos españoles embargables en todo el país, y han empezado a mover ficha.
Del fútbol a la defensa: el embargo se extiende
Las amenazas han saltado del plano financiero al simbólico y militar. Circulan informaciones –confirmadas por fuentes jurídicas y publicaciones especializadas– de que los acreedores estudian embargar el suministro de baterías de misiles Patriot contratado por el Ministerio de Defensa. Pero la guinda la pone la posible ejecución sobre los derechos de imagen o incluso la asistencia de la selección española de fútbol durante el próximo Mundial. Una medida que, de materializarse, convertiría a Nico Williams y Lamine Yamal en rehenes de una guerra arbitral. Ironías del destino: las placas solares subvencionadas que tanto ruido dieron ahora amenazan con desactivar a la Roja.
¿Hasta dónde pueden llegar?
Los fondos ya han demostrado que no les tiembla el pulso: primero fueron los activos financieros, luego los bienes inmuebles de embajadas, y ahora apuntan a eventos deportivos y material militar. La pregunta que flota es si el gobierno español está dispuesto a negociar un acuerdo global o prefiere litigar hasta el final, con el riesgo de ver a sus jugadores secuestrados simbólicamente por una deuda de megavatios. De momento, la justicia estadounidense les ha dado la razón, y la defensa del interés nacional se juega en los tribunales de Nueva York. Mientras, los aficionados al fútbol contienen la respiración: el próximo partido de la selección podría tener un arbitraje muy distinto al del campo.
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