Prometer una herramienta informática «en dos a cinco semanas» y entregar una carpeta para subir Excel: la transformación digital del Estado avanza a ritmo de ventanilla.
La decisión del Tribunal Constitucional este miércoles, rechazando la solicitud de amparo del Defensor del Pueblo para que puedan votar el 29-N los beneficiados de la ley de nietos, impedirá a los recién nacionalizados participar en las elecciones generales, pero no a todos. Tal y como precisó el Tribunal Supremo en septiembre, en su primera decisión judicial que suspendió el censo de la polémica ley, todos aquellos que acrediten con documentos que sus padres o abuelos sufrieron exilio político podrán emitir su voto en los comicios.
Sin embargo, los consulados generales se están quejando en las últimas semanas al Ministerio de Asuntos Exteriores del caos informático que se ha creado desde entonces, ante la incapacidad del departamento de José Manuel Albares para poner en marcha una herramienta en la que se puedan volcar los datos de la ley de nietos que tiene cada legación diplomática y que estuviera conectada con la aplicación DICIREG del Ministerio de Justicia, que permite tramitar expedientes por vía electrónica, inscribir hechos del estado civil en formato digital y gestionar solicitudes en línea.
El PDF del modelo de certificación llegó a los consulados a las 48 horas, pero con una salvedad: no se podrían enviar hasta que se habilitase una herramienta informática creada ex profeso y que estaría activa «en un plazo de dos a cinco semanas».
El problema es que el departamento de Albares ha incumplido dicho plazo. «Desde ese momento, ha habido un silencio sepulcral», se queja un cónsul en conversación con THE OBJECTIVE.
theobjective.com
La decisión del Tribunal Constitucional este miércoles, rechazando la solicitud de amparo del Defensor del Pueblo para que puedan votar el 29-N los beneficiados de la ley de nietos, impedirá a los recién nacionalizados participar en las elecciones generales, pero no a todos. Tal y como precisó el Tribunal Supremo en septiembre, en su primera decisión judicial que suspendió el censo de la polémica ley, todos aquellos que acrediten con documentos que sus padres o abuelos sufrieron exilio político podrán emitir su voto en los comicios.
Sin embargo, los consulados generales se están quejando en las últimas semanas al Ministerio de Asuntos Exteriores del caos informático que se ha creado desde entonces, ante la incapacidad del departamento de José Manuel Albares para poner en marcha una herramienta en la que se puedan volcar los datos de la ley de nietos que tiene cada legación diplomática y que estuviera conectada con la aplicación DICIREG del Ministerio de Justicia, que permite tramitar expedientes por vía electrónica, inscribir hechos del estado civil en formato digital y gestionar solicitudes en línea.
El PDF del modelo de certificación llegó a los consulados a las 48 horas, pero con una salvedad: no se podrían enviar hasta que se habilitase una herramienta informática creada ex profeso y que estaría activa «en un plazo de dos a cinco semanas».
El problema es que el departamento de Albares ha incumplido dicho plazo. «Desde ese momento, ha habido un silencio sepulcral», se queja un cónsul en conversación con THE OBJECTIVE.
Los consulados se quejan a Albares de caos informático con las pruebas del exilio político
La decisión del Tribunal Constitucional este miércoles, rechazando la solicitud de amparo del Defensor del Pueblo para que puedan votar el 29-N los
