Los expertos en economía la confirman: para mantener las pensiones la jubilación debe ser a los 73 años

Jubilación a los 73 años: la propuesta que divide a los analistas​

Un informe del CEU CEFAS ha vuelto a poner sobre la mesa la edad de jubilación como la variable clave para sostener el sistema público de pensiones. La conclusión es directa: habría que retrasar el retiro hasta los 73 años para recuperar una relación entre trabajadores y pensionistas similar a la de décadas pasadas, ante el envejecimiento demográfico y la baja natalidad. En 2026, la edad ordinaria se sitúa en 66 años y 10 meses para quienes no alcanzan 38 años y 3 meses cotizados. La propuesta no implica una reforma inminente, pero el debate está servido.

El diagnóstico del informe: un problema aritmético​

El punto de partida es un problema de reparto. Cada vez hay menos cotizantes por pensionista. El informe de CEU CEFAS cifra el desequilibrio y apunta a que, sin cambios, el sistema se volverá insostenible. La solución que plantea es retrasar la edad de jubilación de forma progresiva hasta los 73 años. No es la primera vez que se escucha una idea similar: organismos internacionales como la Comisión Europea o el FMI han sugerido en el pasado vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida. Pero la concreción de los 73 años ha encendido las alertas.

Lo que no dice el informe es que la esperanza de vida masculina en España ronda los 81 años. Eso significa que, de aplicarse la medida, un hombre medio disfrutaría de apenas ocho años de pensión. Un dato que ha generado preguntas incómodas: ¿merece la pena cotizar toda una vida para cobrar menos de una década? Sobre todo cuando, según algún análisis, la aportación fiscal acumulada a la pensión contributiva se consume precisamente en esos ocho años. A partir de ahí, lo que se cobra es transferencia intergeneracional pura, no devolución de lo cotizado.

Las alternativas que se abren paso: inmigración, recorte de gasto y cambio de modelo​

Frente a la solución de alargar la vida laboral, han surgido otras corrientes. Una de ellas señala a la inmigración como la verdadera variable de ajuste. La idea de que la llegada de población extranjera joven podría reequilibrar la ratio cotizantes-pensionistas choca con la realidad de que muchos inmigrantes ocupan empleos precarios, con bajas cotizaciones, y que además el sistema no parece capaz de integrarlos plenamente. Otros van más allá y proponen recortar el gasto público en partidas que consideran superfluas, como las prestaciones no contributivas o las pagas extraordinarias, antes de tocar la edad de jubilación.

También hay quien aboga por desmantelar el sistema público y pasar a un modelo de capitalización individual, al estilo de los planes de pensiones privados. Pero los ejemplos internacionales no son alentadores: Chile, que hizo esa transición, ha visto cómo las pensiones privadas resultaron insuficientes y generaron enorme desigualdad. En el otro extremo, hay quienes defienden que el sistema público, pese a sus problemas, sigue siendo más seguro que confiar en mercados financieros, y que el verdadero problema es la baja natalidad y la falta de productividad.

El elefante en la habitación: lo contributivo es un espejismo​

Uno de los puntos que más ha calado en el análisis es la naturaleza real del sistema. Aunque se llame «contributivo», no hay una hucha donde se guarde el dinero de cada trabajador. Lo que se cotiza hoy se gasta al instante en las pensiones de este mes. Es un sistema de reparto, no de capitalización. El derecho a cobrar una pensión no equivale a que el dinero esté ahí esperando. De hecho, se calcula que un pensionista medio recupera lo que aportó (con un interés razonable) en unos 10-12 años de cobro. A partir de ahí, lo que recibe es una transferencia de las generaciones activas. Eso genera una tensión creciente cuando la pirámide demográfica se invierte.

Algunos analistas han señalado que la solución más honesta sería ajustar las pensiones contributivas a la baja progresivamente, hasta equipararlas a una prestación no contributiva, financiada con impuestos. Pero tocar ese elefante nadie se atreve. La propuesta de elevar la edad de jubilación es, para muchos, la vía menos traumática para los políticos, aunque suponga trasladar el problema a los trabajadores de más edad, que en muchos casos no podrán desempeñar su trabajo a los 73 años por razones físicas o de salud.

El norte se jubila antes: comparativa internacional​

Mientras en España se debate subir la edad, en otros países la tendencia es diversa. China, por ejemplo, mantiene edades de jubilación más bajas: 60 años para hombres y 55-58 para mujeres en muchos casos, aunque con sistemas distintos. En Europa, países como Francia han vivido protestas masivas por retrasar la edad de 62 a 64 años. La idea de llegar a 73 sitúa a España en un extremo que ni siquiera los países más envejecidos han planteado abiertamente.

Los defensores del retraso argumentan que la esperanza de vida ha aumentado y que es lógico trabajar más años. Los críticos responden que la esperanza de vida no es igual para todos: las diferencias por clase social y tipo de trabajo son enormes. Un albañil o una camarera no tienen las mismas posibilidades de llegar a los 73 en condiciones de seguir trabajando que un oficinista. Además, las bajas laborales se han disparado en los últimos años, lo que sugiere que la población activa ya está al límite.

Sin consenso a la vista​

El informe del CEU CEFAS ha abierto una caja de resonancia que va mucho más allá de los números. Cada postura choca con otra: subir la edad, recortar gasto, aumentar la inmigración, cambiar el modelo. Todas tienen costes políticos enormes. Mientras tanto, la realidad demográfica sigue su curso. La pregunta que flota en el aire es si la clase política será capaz de aplicar una solución impopular antes de que el sistema se rompa por sí solo. Por ahora, el debate ha servido al menos para que nadie pueda decir que no sabía lo que venía.