RTVE ficha a Broncano por 28 millones y enciende el debate sobre el gasto público
La Corporación de Radio y Televisión Española ha aprobado la contratación de David Broncano para un programa de entretenimiento con un coste total de
28 millones de euros por
320 programas de hora y media, según los datos que manejan los críticos con la operación. El fichaje, que se enmarca en la estrategia de la nueva dirección de RTVE, ha desatado una tormenta política y social en la que se mezclan el cuestionamiento del gasto público, la calidad del producto y el uso partidista de la televisión estatal. La cifra, comparada con otras partidas presupuestarias, ha servido para avivar el eterno debate sobre las prioridades del Gobierno.
El coste real: 28 millones por 320 programas
El desglose del contrato es el primer punto que exige precisión. No se trata de un sueldo personal, sino del
coste total para TVE de la producción de
320 programas, lo que arroja un promedio de
87.500 euros por emisión. La cifra global, sin embargo, es la que ha quedado grabada en el imaginario colectivo y la que se compara con otras necesidades sociales. Hay quien sostiene que ese dinero estaría mejor empleado en contratar anestesistas o en financiar tratamientos oncológicos aprobados en la UE, mientras que desde el sector audiovisual se recuerda que la producción propia de entretenimiento también genera empleo y audiencia.
La comparación con la asignación de la Casa del Rey ha sido otro de los argumentos recurrentes:
14 millones por temporada frente a los
8,4 millones anuales que recibe la Jefatura del Estado. El dato, repetido hasta la saciedad, sirve para subrayar el volumen del desembolso, aunque se trata de magnitudes y finalidades difícilmente equiparables.
¿Cuántos autónomos harían falta para pagar el contrato?
Uno de los cálculos más repetidos en el debate es el que traduce el coste del programa a carga fiscal individual. Según una estimación que circula, serían necesarios
47.619 trabajadores autónomos cotizando durante dos años exclusivamente para cubrir el salario del presentador. Otra versión eleva la cifra a
1.200 trabajadores aportando la totalidad de sus
impuestos de IRPF, IVA e indirectos anuales. Son ejercicios de estilo, pero ilustran hasta qué punto el gasto público se percibe como una carga directa sobre el bolsillo del contribuyente.
La pregunta de fondo es si estos cálculos reflejan la realidad fiscal o son una simplificación interesada. Lo que está fuera de duda es que el contrato incluye una
cláusula blindada de dos años sin previsión de corte por audiencia, un diseño que ha sido calificado de leonino incluso por profesionales del sector.
La paradoja de los youtubers en Andorra
El debate ha derivado hacia un asunto colateral pero significativo: la ironía de que algunos creadores de contenido que trasladaron su residencia fiscal a Andorra para pagar menos impuestos ahora se beneficien indirectamente de un programa financiado con dinero público. La contradicción no ha pasado desapercibida y ha servido para alimentar la sensación de agravio entre quienes sí cumplen con Hacienda en España.
En el fondo, late una cuestión más profunda: la legitimidad del gasto público en entretenimiento cuando existen necesidades sociales perentorias. Los defensores de la televisión pública argumentan que su función no es solo informar, sino también entretener y cohesionar, y que renunciar a la producción propia sería entregar el mercado a las plataformas privadas.
El precedente de Wyoming y el fantasma del sectarismo
La sombra de
El Intermedio planea sobre toda la operación. Hay quien ve en Broncano un relevo generacional de Wyoming, con el mismo público cautivo y la misma dependencia del dinero público. La acusación de sectarismo es recurrente: se sostiene que el programa nunca invitará a voces críticas con el Gobierno y que su humor estará alineado con la agenda oficial. Es una sospecha, no un hecho consumado, pero el historial de la cadena en los últimos años no ayuda a disiparla.
El propio Broncano ha construido su carrera en un registro de humor absurdo y entrevistas desenfadadas que, hasta ahora, no habían requerido el paraguas de una televisión pública. Su salto a RTVE se interpreta como un intento de captar audiencia joven, un segmento que la cadena ha perdido de forma acelerada frente a las plataformas digitales.
¿Es este el mejor uso de 28 millones de euros?
La pregunta no tiene una respuesta objetiva, pero el debate ha puesto sobre la mesa la ausencia de criterios claros para evaluar el retorno de la inversión en contenido audiovisual. No se conocen estudios de impacto económico que justifiquen el desembolso, ni se ha detallado qué métricas se utilizarán para medir el éxito más allá de la audiencia. En un contexto de ajuste presupuestario en sanidad y educación, la decisión de apostar por un programa de entretenimiento de alto coste resulta, como mínimo, discutible.
La ironía final la firmaba un participante:
«Cobra más el bufón que el Rey». Una frase que resume el malestar de una parte de la opinión pública, pero que también simplifica una realidad más compleja: la de una televisión pública que busca sobrevivir en un ecosistema audiovisual en plena transformación.
¿Justifica la audiencia potencial un gasto de esta magnitud? La respuesta, como casi siempre, dependerá de a quién se le pregunte.