La economía argentina cae y el relato oficial se pone a prueba
¿Cuánto tarda una economía en caída libre en romper el relato que la sostiene? En Argentina llevamos ya varios meses de respuesta. La actividad económica cayó un
5% en enero; el índice de producción industrial se dejó un
10% en febrero; la construcción retrocede un
24%; la producción manufacturera de las pymes se desploma otro 10% y las ventas minoristas caen un
12% en marzo. Ese es el suelo sobre el que se asienta el ajuste más agresivo que ha conocido el país en décadas.
Sobre ese suelo, quienes defienden la gestión levantan otro cuadro: riesgo país en torno a los
1.200 puntos, mínimo de varios años; inflación mensual del
10%; un presidente descrito como el segundo mejor valorado de la historia reciente y con opciones de ganar en primera vuelta; inversores internacionales mirando de nuevo al país. Los dos cuadros conviven, y de su choque sale casi todo lo interesante.
Los números de la caída, sector por sector
El primer trimestre deja una foto sin maquillaje. La actividad agregada arrancó el año con una contracción del 5% en enero. La industria fue más allá: un 10% menos de producción en febrero. La construcción se hunde un 24%. Y las pymes manufactureras retroceden otro 10% en febrero antes de que el comercio minorista cerrara marzo con una caída del 12%.
Hay quien lee esta secuencia como el guion esperado de cualquier plan de estabilización: primero cae el gasto público, después el consumo y la inversión privada. La caída del 24% en construcción no sería una anomalía, sino la consecuencia directa de liquidar la obra pública por decreto: solo siguen activas las obras que dependen de las provincias. El matiz importa, porque cambia la pregunta. Ya no es si la economía cae, sino cuánto de esa caída es transición y cuánto es daño estructural.
De un 140% mensual a un 10%: el dato que sostiene el optimismo
Aquí está el argumento más sólido del oficialismo y conviene no despacharlo con un gesto. La inflación mensual se ha colocado en el 10% tras haber rozado el 140%. Pasar de no tener inflación a un 10% mensual sería un fracaso rotundo; pasar de un 100% o de un 140% mensual a ese mismo 10% es, en términos relativos, un éxito difícil de discutir.
Hasta ahí el dato. El detalle jugoso es el vocabulario. Todo el espacio político oficialista ha dejado de hablar de inflación para hablar de
impuesto inflacionario. No es un capricho: si el ciudadano interioriza que la pérdida de poder de compra la produce el Estado al emitir, y no el comerciante que sube la etiqueta, cambia su mapa mental entero. Traducido: la inflación pasa de ser una desgracia natural a ser una decisión política.
Con esa lógica, la proyección que manejan los más optimistas es sencilla: si el indicador mensual baja dos o cuatro puntos cada mes, la economía rondaría la deflación antes de septiembre. Ese sería el primer efecto que la gente de a pie notaría en el bolsillo con independencia de cualquier estadística.
¿Por qué la recesión era inevitable con este ajuste?
Porque no hay atajo. Frenar una inflación que se mueve a tres dígitos mensuales exige recortar el gasto, cerrar la emisión y secar la liquidez; y eso, en el corto plazo, se traduce inevitablemente en menos actividad. La recesión no es un daño colateral del plan, es una pieza del plan.
Quienes defienden el programa insisten en que nadie prometió prosperidad en el primer año y que el horizonte declarado incluye paro alto, la destrucción de la industria que vivía del proteccionismo y sueldos ínfimos en términos reales. La promesa es otra: estabilizar precios y construir después sobre esa base. La respuesta escéptica es igual de simple: lo que se destruye en un ajuste tarda años en recomponerse, y no siempre se recompone.
La cifra que descoloca a los críticos del indicador es metodológica. El PIB mide actividad sobre todo en las etapas cercanas al consumo; cuando el Estado corta la obra pública y el gasto, ese tramo se hunde por definición. La actividad real no necesariamente cae otro 24%, pero la foto oficial sí.
El salario mínimo de 230 dólares y la leche a 1,2 dólares
Un apunte que aterriza todo lo anterior. Los precios de buena parte de la cesta de la compra argentina son parecidos, y en algunos productos claramente superiores, a los españoles. La diferencia es que el salario mínimo argentino se sitúa en torno a los
230 dólares.
La explicación técnica está en el tipo de cambio. Con un precio del dólar equivalente a 850 o 1.000 pesos, ciertos precios en dólares parecen absurdos; si el dólar estuviera en la zona de los 1.700 pesos, esos mismos precios serían de lo más normal, y un litro de leche costaría 60 o 70 centavos, en línea con el precio internacional. El desajuste cambiario distorsiona cualquier comparación.
En el lado de los recursos hay una asimetría que no se arregla con retórica: al otro lado de la misma cordillera, Chile extrae unos
50.000 millones de dólares anuales en minería, según se apuntó en el hilo. En Argentina esa riqueza está por explotar, junto a rocas que no existen en el país vecino, como lajas y mármoles. El potencial está; el capital y la seguridad jurídica, ya veremos.
Prepagas, cepo y la sospecha de que Milei no es tan liberal
Aquí empieza el giro que más incomoda en las filas propias. La intervención del mercado de prepagas —seguros médicos privados— se ha interpretado en clave política: quienes las pagan son clase media y alta, votantes mayoritarios del oficialismo. El resultado es una medida con poco de liberal y bastante de gestión de urgencia, y algunos analistas ya advierten de que puede agrietar el discurso del propio Gobierno.
El mecanismo tiene su lógica interna: en un cambio de modelo tan brusco, la estructura antigua se libera de las viejas regulaciones y todavía no está sujeta por las nuevas. Mientras tanto, el Ejecutivo sostiene dos proposiciones contradictorias: la gente sigue necesitando un seguro que pueda pagar y, si no se liberaliza, nunca llegará la competencia. Alguien acaba pagando la transición.
Y luego está el cepo. El mercado cambiario sigue lleno de restricciones, hasta el punto de que la propia discusión sobre su levantamiento demuestra que el dólar no es libre. El que funciona sin restricciones es el informal, pequeño y no declarado, lo que impide que las empresas lo utilicen. No es un matiz menor para quien vende Argentina como laboratorio libertario: el anarcocapitalismo no ha gobernado en ningún sitio, y aquí tampoco.
Peronismo, corrupción y cuatro meses de gracia
La conversación deriva a menudo hacia la memoria. Unos sostienen que el peronismo multiplicó el valor de la tierra y redujo la indigencia durante años; otros enumeran la corrupción de esos mismos gobiernos y reivindican a figuras históricas de la intervención económica. La pelea es vieja y explica por qué cualquier dato de coyuntura se lee como un juicio moral sobre la década entera.
Sobre los plazos hay más consenso del que parece. Cuatro meses son pocos para emitir un veredicto serio, y eso lo admiten tanto los defensores del plan como buena parte de sus críticos. Lo que sí circula, sin confirmación oficial y dentro del terreno privado, es la inquietud por el estado anímico del presidente y por su resistencia física en un cargo de máxima exigencia.
Flota además la sensación de que el Gobierno se está fabricando enemigos por acumulación, con el precedente de otros líderes conservadores europeos que pasaron por la misma trituradora mediática.
Queda el detalle que descoloca: si todo fuera tan bien, no haría falta recordarlo en cada entrevista. Y si fuera tan mal, no habría inversores esperando turno para entrar. Algún día los números de la calle y los números del relato se pondrán de acuerdo. Hasta entonces, la única cifra que nadie discute es la de los meses que quedan por delante.