Los judíos españoles aterrados ante el antisemitismo del gobierno y de la población en España

La comunidad judía española denuncia «mucho miedo» al antisemitismo​

¿Cuántos judíos viven en España y por qué dicen tener miedo en un país que presume de tolerancia? La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) y el Observatorio de Antisemitismo en España presentaron en Madrid el Informe sobre el Antisemitismo en España con una advertencia sin matices: existe una «eclosión y emergencia de antisemitismo» desde los ataques del 7 de octubre. El recuento oficial habla de 45.000 judíos, y una parte de ese colectivo, según sus comunidades, ha llamado para decir que tiene mucho miedo. El marco temporal importa: hablamos de la España de 2023, la misma que un sector compara, con más retintín que rigor, con la Alemania de 1933. El mundo al revés, resume el material.

Qué dice el informe sobre el antisemitismo en España​

El presidente de Movimiento contra la Intolerancia y codirector del Observatorio de Antisemitismo en España, Esteban Ibarra, lo describió sin paños calientes: hay israelíes residentes que han llamado para decir que tienen mucho miedo, que han sido hostigados, y personas con doble nacionalidad que se sienten señaladas. «Todo ese colectivo, como poco, si no la sociedad en su conjunto, está afectado por la eclosión», dijo. Eclosión es la palabra que eligió, no brote ni incidente aislado.

La FCJE suscribió el diagnóstico en la misma rueda de prensa. No es un dato menor: cuando la propia federación que agrupa a las comunidades judías habla de emergencia, la discusión deja de ser un asunto de sensibilidad y pasa a ser una cuestión de seguridad. Lo que no hay, de momento, es un recuento público de incidentes que permita medir si el fenómeno es comparable al de otros países europeos. Ahí el debate se queda cojo: mucha percepción y pocos números cerrados.

¿Por qué las declaraciones de Yolanda Díaz y Ione Belarra se consideran antisemitas?​

Porque la FCJE las mide con la definición de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). Acogiéndose a ese criterio, el presidente de la federación, Isaac Benzaquén, ha señalado que hablar de «genocidio» en Gaza, como hizo la ministra de Derechos Sociales y líder de Unidad Podemos, Ione Belarra, o de «crímenes de guerra», como hizo la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, resulta «constitutivo de antisemitismo».

El reproche tiene dos capas. Una, lingüística: el uso de categorías jurídicas para describir una operación militar. Otra, de doble rasero: las comunidades subrayan que esas mismas voces callan, minimizan o no condenan con la misma intensidad la matanza perpetrada por Hamás. Se puede discutir cada término en un tratado de derecho internacional, y se hace. Lo que no aparece es una condena firme y sin adjetivos.

¿Cuántos judíos viven realmente en España?​

Aquí las cifras bailan, y ese baile es parte del problema. Los datos que maneja el asunto:

• Censo oficial: 45.000 judíos en España.
• Cifra de 55.000 que, según un participante, se mencionó en RNE al día siguiente de la de 45.000.
• Población sefardí española en 1940: 10.000 personas.
• Pasaportes entregados a supuestos sefardíes desde 2015, bajo el ministro Gallardón, según un participante: más de 70.000.
• Estimación de un participante que suma censo y descendientes con pasaporte: hasta 250.000.

Ninguna de esas cifras cuadra con las demás, y quien las defiende suele tener un interés en el resultado. Hay quien sostiene que buena parte de los pasaportes acabaron en manos de personas sin vínculo real con el país, lo que inflaría artificialmente el censo. La consecuencia práctica es que nadie sabe cuántas personas estarían afectadas por un repunte de hostilidad, ni a qué escala habría que responder.

Sánchez, Sumar y el acuerdo que incomoda​

La federación no ha puesto el foco en el presidente del Gobierno. Benzaquén destacó que, por parte de Pedro Sánchez, ha habido desde el principio «una voz clara y tajante», pese a la postura «completamente distinta» de Podemos y Sumar. Evitó así criticarle tras el choque diplomático de semanas atrás. El matiz escuece: no consta que Sánchez haya llamado la atención a sus ministras, y el Ejecutivo acaba de firmar un acuerdo de Gobierno con Sumar. La pregunta razonable es qué pesa más, la firma o la retórica.

Antisemitismo, antisionismo y el resto de la bronca​

Una parte del análisis sostiene que lo que se denuncia como antisemitismo es en realidad antisionismo, y que confundir a un sionista con un judío equivale a llamar nazi a cualquier alemán. Es un argumento con solera y con trampa: sirve para discutir política israelí, no para explicar por qué un vecino judío recibe hostigamiento en su portal. Otra corriente, más dura, defiende que la queja es una estrategia de victimización con amenaza incorporada. Y hay quien responde con el conteo inverso: si el porcentaje de población es tan pequeño, la desproporción de presencia pública que se le atribuye exige alguna explicación.

Sobre el terreno, todo se cruza con la política doméstica: unos ven al Gobierno alentando manifestaciones; otros recuerdan que las comunidades judías llevan años recibiendo subvenciones públicas, y que eso también es política. Nada de esto se resuelve con un comunicado.

Con 45.000 censados, más de 70.000 pasaportes y un censo que nadie termina de cuadrar, España tiene un problema de medida antes que de diagnóstico. Lástima que a las minorías no se las proteja con estadísticas.