Pues más votos para la derecha.
Los sindicatos ya toman posiciones ante la expectativa de una victoria del PP tras el 29-N. A la celebración de una huelga general mañana –a solo dos días del inicio de la campaña electoral y contando con las simpatías del actual Gobierno–, se suma la polémica decisión de las centrales de postergar los paros en un organismo público clave, la Agencia Tributaria (AEAT), para dirigirlas contra el próximo Ejecutivo.
UGT, CCOO y el Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT) no solo anularon la huelga de 24 horas prevista en la institución para el pasado 28 de octubre. Además, dejan en suspenso –según el comunicado conjunto de las tres organizaciones– "todas las movilizaciones y jornadas de huelga anunciadas" para las semanas posteriores, sin definir todavía nuevas fechas. No obstante, el escrito deja claro que "esta decisión no supone la finalización del conflicto ni la renuncia a ninguna de las reivindicaciones que lo motivaron".
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En otras palabras, las centrales acuerdan dejar en estado latente las movilizaciones hasta que cuenten con "interlocutores con plena capacidad de negociación y decisión" en el Gobierno. Y es precisamente este argumento el que ha provocado "malestar" entre los profesionales de la AEAT por la "politización" a la que se han sometido las reivindicaciones de este colectivo, según transmiten fuentes conocedoras a elEconomista.es.
"En teoría, la huelga estaba motivada por cuestiones estrictamente laborales, relacionadas con las condiciones de trabajo establecidas durante los mandatos de María Jesús Montero y que su sucesor, Arcadi España, ha mantenido. Entonces, ¿por qué los sindicatos prefieren esperar a que haya un ministro de Hacienda recién llegado para responsabilizarle de ello, y posponen todas sus acciones?", argumentan.
En efecto, CCOO, UGT y SIAT justificaban, y aún lo hacen, su disconformidad actual esgrimiendo motivos como "la recuperación de derechos, la carrera profesional y la mejora retributiva".
El debate crece entre los profesionales de la AEAT al considerar la muy diferente actitud que los sindicatos, en concreto UGT y CCOO, han mostrado ante la huelga general que tendrá lugar mañana. El primer paro de este tipo en más de una década que España vivirá se justifica como respuesta a la crisis de la vivienda y en apoyo a las protestas que siguieron al desahucio en Madrid de Maricarmen Abascal.
"Ahora bien, la convocatoria de elecciones para el 29-N también debería haber dejado sin interlocutores válidos en materia de vivienda al actual Gobierno y, sin embargo, la huelga se va a celebrar, lo cual no es coherente", apuntan.
Desde la convocatoria misma del paro de esta semana, las centrales han recibido el reproche de que se trataba de una huelga política, dirigida a apoyar al Gobierno y arremeter contra la oposición.
Esta teoría se ha visto abonada por la simpatía hacia la protesta que, una vez anunciado el 11-N, han mostrado integrantes del Ejecutivo como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. De igual modo, ha sido muy criticado el rol tan secundario que UGT y CCOO han reservado a las motivaciones estrictamente laborales en su convocatoria. La alusión a la necesidad de incrementar los sueldos, para afrontar los alquileres y las hipotecas, se añadió a posteriori para que la protesta no se pueda recurrir.
Ya en la pasada primavera, los profesionales de la AEAT llegaron a amenazar con paralizar la campaña de la declaración del IRPF, correspondiente al ejercicio 2025. Su malestar proviene de la inaplicación que denuncian del acuerdo para abordar sus condiciones salariales firmado en 2024, cuando la titular del Ministerio de Hacienda, y también vicepresidenta primera, era María Jesús Montero.
Las cuestiones que ese pacto debía abordar son variadas: desde las dificultades para ascender, de acuerdo con los sindicatos, que caracterizan al organigrama de la Agencia Tributaria, hasta la sobrecarga de responsabilidades extra, sin la correspondiente retribución añadida, que afecta a varios de sus trabajadores.
También existen protestas específicamente relacionadas con las condiciones en que realiza su trabajo el personal de Aduanas, siempre expuesto a situaciones de elevada peligrosidad.
No obstante, hay también otras razones que han motivado numerosas fricciones entre el personal de la AEAT y el Ministerio de Hacienda, ya en el inicio de la presente legislatura.
La oposición manifiesta de los inspectores de Hacienda a esta acción ha sido constante en los últimos cuatro años.
Los sindicatos ya toman posiciones ante la expectativa de una victoria del PP tras el 29-N. A la celebración de una huelga general mañana –a solo dos días del inicio de la campaña electoral y contando con las simpatías del actual Gobierno–, se suma la polémica decisión de las centrales de postergar los paros en un organismo público clave, la Agencia Tributaria (AEAT), para dirigirlas contra el próximo Ejecutivo.
UGT, CCOO y el Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT) no solo anularon la huelga de 24 horas prevista en la institución para el pasado 28 de octubre. Además, dejan en suspenso –según el comunicado conjunto de las tres organizaciones– "todas las movilizaciones y jornadas de huelga anunciadas" para las semanas posteriores, sin definir todavía nuevas fechas. No obstante, el escrito deja claro que "esta decisión no supone la finalización del conflicto ni la renuncia a ninguna de las reivindicaciones que lo motivaron".
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En otras palabras, las centrales acuerdan dejar en estado latente las movilizaciones hasta que cuenten con "interlocutores con plena capacidad de negociación y decisión" en el Gobierno. Y es precisamente este argumento el que ha provocado "malestar" entre los profesionales de la AEAT por la "politización" a la que se han sometido las reivindicaciones de este colectivo, según transmiten fuentes conocedoras a elEconomista.es.
"En teoría, la huelga estaba motivada por cuestiones estrictamente laborales, relacionadas con las condiciones de trabajo establecidas durante los mandatos de María Jesús Montero y que su sucesor, Arcadi España, ha mantenido. Entonces, ¿por qué los sindicatos prefieren esperar a que haya un ministro de Hacienda recién llegado para responsabilizarle de ello, y posponen todas sus acciones?", argumentan.
En efecto, CCOO, UGT y SIAT justificaban, y aún lo hacen, su disconformidad actual esgrimiendo motivos como "la recuperación de derechos, la carrera profesional y la mejora retributiva".
"Agentes políticos"
Pero entre los inspectores creen que dichas reivindicaciones quedan ahora en segundo plano para que las centrales "puedan actuar como agentes políticos" que ya mueven sus piezas ante la posible formación de un Gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox tras las elecciones generales de este mes.El debate crece entre los profesionales de la AEAT al considerar la muy diferente actitud que los sindicatos, en concreto UGT y CCOO, han mostrado ante la huelga general que tendrá lugar mañana. El primer paro de este tipo en más de una década que España vivirá se justifica como respuesta a la crisis de la vivienda y en apoyo a las protestas que siguieron al desahucio en Madrid de Maricarmen Abascal.
"Ahora bien, la convocatoria de elecciones para el 29-N también debería haber dejado sin interlocutores válidos en materia de vivienda al actual Gobierno y, sin embargo, la huelga se va a celebrar, lo cual no es coherente", apuntan.
Desde la convocatoria misma del paro de esta semana, las centrales han recibido el reproche de que se trataba de una huelga política, dirigida a apoyar al Gobierno y arremeter contra la oposición.
Esta teoría se ha visto abonada por la simpatía hacia la protesta que, una vez anunciado el 11-N, han mostrado integrantes del Ejecutivo como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. De igual modo, ha sido muy criticado el rol tan secundario que UGT y CCOO han reservado a las motivaciones estrictamente laborales en su convocatoria. La alusión a la necesidad de incrementar los sueldos, para afrontar los alquileres y las hipotecas, se añadió a posteriori para que la protesta no se pueda recurrir.
Un acuerdo firmado con el Ejecutivo en 2024 que sigue sin cumplirse
El conflicto interno en la Agencia Tributaria, al menos en lo que a sus reivindicaciones estrictamente laborales se refiere, es muy anterior a los vaivenes políticos que han aflorado este otoño, y que culminaron con el adelanto electoral fijado para el día 29 de este mes.Ya en la pasada primavera, los profesionales de la AEAT llegaron a amenazar con paralizar la campaña de la declaración del IRPF, correspondiente al ejercicio 2025. Su malestar proviene de la inaplicación que denuncian del acuerdo para abordar sus condiciones salariales firmado en 2024, cuando la titular del Ministerio de Hacienda, y también vicepresidenta primera, era María Jesús Montero.
Las cuestiones que ese pacto debía abordar son variadas: desde las dificultades para ascender, de acuerdo con los sindicatos, que caracterizan al organigrama de la Agencia Tributaria, hasta la sobrecarga de responsabilidades extra, sin la correspondiente retribución añadida, que afecta a varios de sus trabajadores.
También existen protestas específicamente relacionadas con las condiciones en que realiza su trabajo el personal de Aduanas, siempre expuesto a situaciones de elevada peligrosidad.
No obstante, hay también otras razones que han motivado numerosas fricciones entre el personal de la AEAT y el Ministerio de Hacienda, ya en el inicio de la presente legislatura.
Fragmentación de la AEAT
Debe recordarse que este último mandato se inició con el pacto entre el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana de poner en marcha un concierto fiscal específico para esa autonomía de régimen común. La posibilidad de que la Agencia Tributaria de Cataluña se viera reforzada hasta un extremo hasta ahora inaudito en la historia democrática española, con la cesión de las competencias de recaudación, habría supuesto un quebrantamiento en toda regla de la Agencia Tributaria estatal.La oposición manifiesta de los inspectores de Hacienda a esta acción ha sido constante en los últimos cuatro años.