Manifestación contra el carnicero de l'horta sud

Valencia desborda la calle contra Mazón y su gestión de la DANA​

La marcha contra Carlos Mazón ha llenado las calles de Valencia hasta el punto de que, según las descripciones que circulan, no cabía un alma en la ciudad. La convocatoria, arropada por las etiquetas #MazónDimisión y #MazónAPrisión, coloca al presidente de la Generalitat Valenciana en el centro de la diana por la gestión de la DANA y pide su salida y su entrada en prisión. Se presenta como una marcha por la dignidad de los afectados y por los que ya no están. Y ha cruzado fronteras: la televisión francesa se hizo eco de la concentración.

El relato que la sostiene tiene tres patas: la alerta que existía y no se tradujo en decisiones a tiempo, un centro de coordinación que esperó, y un teléfono de emergencias debilitado. Tres piezas que, juntas, dibujan una acusación de negligencia encadenada.

¿Por qué se pide la prisión de Mazón?​

La acusación más repetida apunta a una cadena de errores que se pudieron evitar. Un residente en las montañas de Castellón, a 80 kilómetros de distancia y a más de 1.000 metros de altitud, sostiene que ya sabía días antes lo que se avecinaba: «Pero si lo sabia un pringadete como yo, ¿cómo no lo iban a saber los que viven allí y, más aún, los expertos en alarmas y emergencias tanto de Generalitat como Delegación del Gobierno?». Ese es el núcleo del enfado: el aviso existía, la respuesta no llegó.

Sobre la mesa está también la gestión del CECOPI, el centro de coordinación de emergencias. Según la versión que circula, la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, se pasó tres horas dirigiendo el órgano y mareando la perdiz a la espera de que un hombre —Mazón— tomara alguna decisión. De ahí sale la exigencia de dimisión. Y de ahí se salta, sin escala, a la de prisión.

El 112 privatizado y el aviso que no llegó a tiempo​

Otra de las líneas de crítica más repetidas apunta a la externalización del teléfono de emergencias. La tesis es que el 112 había quedado con poco personal tras su privatización y que el servicio servía, sobre todo, para enriquecer a algún intermediario empresarial, poco más. Si el canal de aviso estaba debilitado, el resultado era previsible.

La pregunta que sobrevuela toda la protesta no es técnica, sino política: quién sabía qué, cuándo lo supo y por qué no se actuó. Nadie discute que el agua llegó sin margen. Lo que se discute, y mucho, es si el margen se desperdició mientras unos y otros miraban hacia otro lado. La respuesta institucional, a la fecha de esta discusión, seguía sin concretarse.

¿Dignidad ciudadana o arma política?​

Aquí se abre la grieta. Una parte ve en la marcha una reacción legítima de quien lo ha perdido todo y se ha alzado sin nada, con sus manos, contra los responsables. Otra parte la lee como una operación: manifa megapolitizada que aprovecha una catástrofe para reordenar el mapa político, con el barro todavía en las calles y las sillas moviéndose en los despachos.

Los dos relatos no se anulan entre sí. La calle puede ser a la vez un grito sincero y un escaparate. Lo que no admite discusión es el volumen: quienes la apoyan la describen como una marcha histórica por la dignidad del pueblo, y el eco de la protesta ha llegado a la televisión francesa.

¿Mazón, Sánchez o los dos?​

Aparece el pulso entre administraciones. Hay quien sostiene que la Generalitat no es la única responsable y que el Gobierno central debería dar explicaciones por su parte, y quien acusa a la protesta de mirar solo hacia el PP y quedarse muda ante el PSOE. La respuesta desde el otro lado es que señalar al Consell no exime a nadie.

Y un debate lateral que se cuela en todos los temas: la etiqueta. Un mensaje resume la queja de quien no acepta que discrepar te convierta automáticamente en extrema derecha, con el argumento de que media España no comulga con una sola ideología. La política española vuelve a discutirse a golpe de clasificación del adversario.

Con todo, la exigencia de dimisión y de prisión es una consigna política, no una resolución judicial. Falta la investigación que reparta responsabilidades y, hasta que llegue, la cuerda seguirá tensada entre quienes piden cabezas y quienes avisan de que el agua ya se llevó demasiadas. Ese es el punto exacto donde el análisis se atasca.