Ceuta en llamas políticas: expulsión o regularización
¿Qué se supone que hace un gobierno cuando la frontera se desborda y la ciudad autónoma estalla? En abril de 2026, Ceuta ha reabierto la pregunta con una manifestación que pide la expulsión de los migrantes llegados en avalancha, mientras el BOE publicaba un Real Decreto que, en la práctica, facilita la regularización de personas en situación irregular. Dos señales opuestas, la misma fecha y el mismo tablero.
El decreto y la calle: dos velocidades
El 14 de abril, el Real Decreto 316/2026 modificaba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros. El texto articula una regularización extraordinaria por circunstancias excepcionales y allana el acceso a autorizaciones de residencia. El mensaje al migrante que espera al otro lado de la valla es difícil de malinterpretar: hay papeles si aguantas el pulso.
La respuesta en la calle no se ha hecho esperar. La manifestación que ha recorrido Ceuta no pide solidaridad, pide expulsiones. Entre ambos mensajes hay un abismo que el Gobierno parece querer cruzar sin pisar el suelo.
La frontera que nadie vio llegar
La versión oficial de una avalancha sorpresiva choca con las tesis que circulan entre quienes siguen el pulso de la frontera. Algunas apuntan a una apertura coordinada por ambos lados, con las autoridades marroquíes acercando a la gente y las españolas mirando hacia otro lado. La entrevista que ha difundido el medio local FaroTV Ceuta ha dado munición a esta lectura, incluida la afirmación de que el CNI desconocía la magnitud del operativo. Si fue conspiración o descontrol, el resultado es el mismo: Ceuta se ha convertido en el escaparate de una política migratoria que nadie termina de explicar.
En el otro lado del tablero, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, visitó la ciudad y prometió que “hasta la última persona” que entró irregularmente volvería. La frase choca con la letra del decreto recién publicado. Prometer deportaciones mientras se facilita la regularización tiene una lógica perversa: contentar a Bruselas y a la opinión pública al mismo tiempo. Suele fallar en ambos frentes.
El coste económico que nadie quiere contabilizar
La crisis tiene una factura que no aparece en la pancarta: el refuerzo de la valla, la atención a los recién llegados, la presión sobre los servicios de una ciudad pequeña y el golpe a una economía local que ya arrastraba problemas. La regularización no es barata, pero la deportación tampoco. Y el cierre que corea la manifestación tiene un precio que no figura en el presupuesto del Ministerio del Interior.
La paradoja es ya clasificable: cuantos más medios se destinan a la contención, más lucrativo se vuelve el tránsito irregular. Hasta que alguien mire la frontera como un problema de gestión y presupuesto, y no como una bandera, Ceuta seguirá siendo el termómetro de la política migratoria española.
Con el decreto en el BOE y la ciudad en la calle, alguien debería explicar al personal que una puerta abierta por Real Decreto no se cierra con un eslogan. Ni con una promesa. El resto es humo.