Corrupción: Me he querellado contra una jueza feminista y respondo preguntas... 2

Ocho mil páginas: doce juicios y una querella contra la jueza​

Ocho mil páginas de expediente. Más de doce procesos, tres apelaciones y, según su propio recuento, un par de cientos de miles de euros gastados en abogados. Un padre separado relata la querella que ha presentado contra la magistrada que instruye su caso de familia, a la que atribuye prevaricación por no cambiar la custodia de sus dos hijas pese a los incumplimientos que denuncia. La acusación no está resuelta: es, de momento, la tesis de una parte.

El relato se publicó, se retiró sin aviso y volvió a colgarse. Da una idea del interés que despierta un asunto que, sostiene su autor, es representativo de cómo funciona la justicia de familia en España.

Un ingeniero del sector nuclear contra una vida laboral de 40 días​

El querellante se presenta con un perfil poco habitual en estos pleitos: ingeniero por el plan antiguo, varias patentes, carrera desarrollada en el extranjero y una empresa propia como consultor. Afirma haber trabajado en proyectos de más de 22 países, hablar cuatro idiomas y no tener antecedentes penales.

Su expareja, según su versión, acumula una vida laboral de 40 días en 43 años, más de quince años en la universidad sin terminar la carrera y una insolvencia reconocida. La ruptura llega tras descubrir, dice, años de mentiras sostenidas desde el inicio de la relación.

Quien lea esto como una simple disputa de pareja se equivoca de marco. Lo que se dirime aquí es un litigio de más de 8.000 páginas y once procedimientos abiertos en paralelo.

La acusación de prevaricación y el terreno movedizo del derecho​

El núcleo del caso es la querella contra la jueza instructora, a la que se atribuye una actuación contraria a derecho y un sesgo ideológico expresado en redes sociales. Prevaricación es un delito de contornos estrechos: exige una resolución manifiestamente injusta, no simplemente discutible. Presentar una querella es fácil; que prospere, otra cosa.

El relato enumera una veintena de recursos por su parte —recusación de una fiscal, denuncia de una abogada, querella contra la jueza, denuncia de una psicóloga— y un reguero de procedimientos civiles y penales contra una madre que se declara insolvente. Sin condenas firmes, todo esto es acusación, no sentencia.

El síndrome de alienación parental, entre la práctica clínica y el descarte​

El padre sostiene que sus hijas están siendo manipuladas en su contra, un cuadro que asocia al llamado síndrome de alienación parental. No es una categoría pacífica. Un informe del Punto de Encuentro Familiar que él mismo cita concluye que el SAP «carece de fundamento científico», y con esa base se ha pedido retirar las visitas.

El punto importa más de lo que parece: cuando la peritación de ese síndrome se descarta, el progenitor se queda sin una herramienta formal para probar que el rechazo de los hijos fue inducido. La batalla se libra entonces en un terreno sin prueba pericial de referencia.

Doce años, el umbral que lo cambia todo​

A partir de los 12 años el menor es escuchado por el juez; a los 15, sobre el papel, decide con quién quiere estar. Varios padres cuentan en relatos similares que a esa edad la alienación ya es difícil de revertir del todo.

El autor aporta una grabación en la que una hija, con cinco años, dice que cuando cumplan doce se lo dirán al juez para no verle más. Preguntada por lo que hace un juez, responde que no lo sabe, que se lo ha dicho su madre. Es un solo testimonio, y de parte, pero ilustra la acusación de fondo: el conflicto trasladado a los niños.

Lo que otros padres con el mismo problema echan en falta​

De los comentarios se extrae una corriente de análisis con varias lecciones. Primera: la ley favorable no basta. Un participante lo resume: «estas jugando un partido de fútbol, donde tu equipo tiene 3 jugadores menos, tu portero tiene los brazos atados, y el árbitro es el socio n°1 del equipo contrario». Segunda: ni la fiscal ni la jueza son aliadas del padre.

Frente a esto hay quien advierte de lo contrario: que airear el caso antes de que se resuelva puede perjudicar y que el afán de batalla se convierte en un desgaste sin retorno. Otros prefieren quedarse en el dato crudo: «he visto a mi hijo 12 de los 13 últimos fines de semana», muy por debajo de lo fijado en sentencia.

Entre la denuncia del sesgo institucional y la constatación de que ningún litigio devuelve los años perdidos, queda una duda que nadie cierra: ¿cuántos casos como este se apagan antes de llegar nunca a un juzgado, por puro agotamiento?