La crueldad no es un desvío cultural, es un mecanismo de disciplina y publicidad. Cuando no hay Estado que garantice contratos, el que más terror impone, manda. Cancelar al músico, a la embarazada, a la niña y a la empleada no es un capricho; es un mensaje de marca: "si te tocas con nosotros, esto te pasa a ti y hasta al perro". La brutalidad extra tiene un efecto multiplicador: cada atrocidad de estas escandaliza al personal, genera debate, y mientras tanto, el traficante controla el territorio.
Los incentivos son la clave. En un país donde un chaval decente ve que trabajar de comercial le da 300 pavos al mes y seguir al traficante le da pistola, piso y poder, la decisión está tomada en una tarde. La demanda de sustancia ilegal y fentanilo la paga el gringo de al lado. Ese dinero llega como divisas a un Estado que ni las cobra ni las persigue. ¿Vas a perseguir a tu propio cliente?
La clase política mexicana lleva generaciones comprando y vendiendo, no compitiendo. Y los cárteles no son como la ETA: son franquicias de un negocio que necesita violencia para sostener el oligopolio. Si tu competencia no paga, la marcas con un asesinato que escandalice a la prensa. Funciona en su mundo, y lo saben.
No hay solución porque no interesa. EE.UU. usa el traficante como bidón de humo para lavar dinero y financiar su teatro político. México lo usa para llenar bolsillos en cada esquina. Los medios echan humo de "sociedad civil" mientras la cosa se recicla. Así que no me vengas con que "explotar el país" arregla algo; el país ya está reventado en su estructura, y los que claman contra la crueldad son los mismos que aplauden que el dinero de la droja entre en sus economías por la puerta de atrás. Es un negocio redondo. El único que paga la cuenta es el que no puede pagar.