Mad Max: Mi edificio está confinado, por orden de la autoridad autonómica

Un ascensor precintado un mes deja sin salir a los mayores​

Un accidente sin avería conocida basta para dejar a todo un edificio sin ascensor durante semanas. Una vecina se cayó al salir de la cabina, se mancó el fémur y presentó una denuncia. La respuesta administrativa fue precintar el aparato hasta que la Consejería de Industria de Castilla y León aclare lo ocurrido. El problema: el aparato no había fallado. Lo certificó el propio técnico de mantenimiento, que confirmó que todo estaba correcto. Mientras el expediente rueda por los canales burocráticos, los vecinos con movilidad reducida —una persona en silla de ruedas, varias con muletas o andador— siguen subiendo dos pisos a pie.

Qué pasó y por qué se precintó el ascensor​

Según el relato del caso, la afectada tropezó al salir de la cabina y se fracturó el fémur. No hubo avería ni malfuncionamiento. Una persona ajena a la familia presentó una denuncia y, con la normativa autonómica en la mano, la Consejería de Industria ordenó el precinto del aparato hasta completar la investigación. La empresa conservadora sostiene que el ascensor estaba en perfecto estado y que el protocolo la obliga a comunicar el incidente al órgano competente de la comunidad autónoma, que después decide. Ese «después» es el que se está comiendo el calendario.

El artículo 13 de la normativa citada en la discusión considera accidente cualquier daño causado por el funcionamiento del aparato o por agentes externos, e incluye a las personas, los animales de compañía y los propios bienes. La empresa conservadora comunica, la administración investiga, y el edificio espera. Un mes después del precinto, la revisión técnica ya se ha hecho y ha salido favorable, pero falta la firma que devuelve el ascensor al servicio.

¿Cuánto tarda la administración en desprecintar un ascensor?​

Más de lo que cualquier manual de convivencia razonable admitiría. El caso acumula ya casi un mes desde el precinto, con la inspección técnica superada y el expediente esperando aprobación. Las estimaciones que manejan los afectados hablan de hasta tres meses en el peor escenario. En ese tiempo, quien no puede usar la escalera no sale de casa.

El reparto de responsabilidades tampoco ayuda. La denunciante dirigió su reclamación contra la comunidad de vecinos. El seguro de la comunidad, contratado con Mapfre, habría declinado asumir el siniestro argumentando que la caída se produjo dentro del ascensor. La empresa conservadora, por su parte, sostiene que el aparato no presentaba problemas. Con cada parte empujando el problema hacia otra, el único eslabón que no puede moverse es el vecino del cuarto sin ascensor.

La vía judicial que estudian los vecinos​

La comunidad tiene una herramienta que casi nadie usa: el Juzgado de Guardia. La idea que se abre paso entre los afectados es personarse para pedir el levantamiento cautelar del precinto, alegando que la medida vulnera el derecho de las personas con discapacidad o movilidad reducida a acceder a su vivienda. La normativa que protege ese acceso existe. La duda es si pesa más que la decisión administrativa de no resolver hasta tener el expediente cerrado.

Hay quien plantea alternativas intermedias: contratar una silla salvaescaleras y organizar turnos vecinales para ayudar a los impedidos. La respuesta de los propios afectados es sensata: las sillas que no van sobre raíl son difíciles de manejar y un segundo accidente sería peor que el primero. La solidaridad vecinal tiene límites físicos.

El pulso entre la norma y la vida diaria​

La discusión de fondo es otra. Se argumenta que este tipo de protocolos protegen a posteriori, cuando el daño ya se ha producido, y que su coste recae sobre quien no ha hecho nada malo. La sospecha de que cada nueva norma genera plazas y trámites tiene recorrido largo en España, y este caso le pone cara: un edificio entero pagando con aislamiento la lentitud de una firma.

El asunto tiene un componente insólito que los propios afectados subrayan: al parecer es la primera vez que ocurre algo así en Castilla y León y nadie sabe exactamente por dónde cogerlo. Ni la administración, ni la empresa, ni el seguro. La novedad normativa convierte un incidente doméstico en un laberinto sin precedente conocido.

Mientras tanto, la vía de hecho avanza. Hay quien ha planteado poner el ascensor en marcha por su cuenta, con horarios pactados y asumiendo la responsabilidad por escrito, ante la pasividad de la presidenta de la comunidad, que según el relato pide que nadie denuncie. El precinto, en este caso, es un folio de la empresa conservadora, no una orden con fuerza ejecutiva inmediata. Ahí se libra ahora mismo la partida: entre el papel pegado en la puerta y los vecinos que no pueden bajar a la calle.