Miguel Sebastián: ¿En serio se puede considerar “contrabando” aceptar un regalo personal? ¿De verdad hay que declarar todos los regalos?

Miguel Sebastián se pregunta si los regalos personales son contrabando: el caso de las joyas de Zapatero lo responde por él​

Imaginemos que un exministro de Economía escribe en un medio afín que aceptar un regalo personal no debería considerarse contrabando. Y que cuestiona si de verdad hay que declarar todos los regalos. El texto, firmado por Miguel Sebastián, no es un ejercicio de teoría fiscal; llega cuando su antiguo jefe, José Luis Rodríguez Zapatero, está bajo el foco de la UDEF por unas joyas valoradas en 1,3 millones de euros que aparecieron en una caja fuerte. La paradoja es que fue el propio Zapatero quien, en 2005, aprobó un código ético que prohibía a altos cargos aceptar regalos de gran valor.

Las joyas y el código que las prohibía​

La cronología es demoledora. El 3 de marzo de 2005, el Consejo de Ministros presidido por Zapatero aprobó el «Código de buen gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado». En su letra, se rechazaba cualquier regalo, favor o servicio que fuera más allá de los usos habituales. Sin embargo, años después, la UDEF encontró joyas con rubíes y diamantes en la caja fuerte del expresidente. El valor: 1,3 millones. Sebastián, exministro de Industria con Zapatero, se alinea ahora con la tesis de que eran regalos personales y, por tanto, ajenos a la obligación de declarar. La pregunta que flota es: si el propio afectado firmó un código que lo prohibía, ¿cómo se sostiene ese argumento?

Dos varas de medir: el ciudadano frente a la casta​

Mientras Sebastián se pregunta retóricamente si los regalos deben declararse, miles de ciudadanos se enfrentan a Hacienda por donaciones mucho menores. Un padre que da 30.000 euros a su hijo para comprar una vivienda debe tributar por ello; una herencia tributa hasta la saciedad. Pero cuando el regalo llega a un presidente del Gobierno, algunos interpretan que es un obsequio personal, no institucional. La paradoja señalada por varios analistas es que, si un alto cargo recibe un diamante de un jefe de Estado, no es un regalo a la persona, sino al cargo, y por tanto debería pasar a patrimonio nacional. De lo contrario, es como si el presidente se apropiara de un bien que pertenece a todos los españoles.

La estructura legal tiene matices. Hacienda, en su interpretación, sostiene que los regalos de valor significativo deben declararse, y si no se puede acreditar su origen, se imputan al IRPF como ganancia patrimonial no justificada. En el caso de Zapatero, la estrategia de defensa podría ser el «no recuerdo» sobre el origen de las joyas, lo que, paradójicamente, dificulta la imputación penal pero deja la puerta abierta a sanciones fiscales. El debate jurídico se enreda: unos apuntan a que la prescripción de los hechos puede jugar a favor; otros, a que la acumulación de indicios –tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito– puede llevar a una condena.

El relato oficial y la brecha de credibilidad​

Lo que subyace no es solo un problema técnico, sino una fractura profunda en la credibilidad del sistema. Mientras los ciudadanos ven cómo los mensajes de «todos somos iguales ante la ley» se estrellan contra la realidad de los millonarios regalos a la casta política, el escepticismo crece. Que un exministro de Economía, que fue además director de la Oficina Económica de la Moncloa, publique una pieza defendiendo que las joyas no son contrabando es, para muchos, la confirmación de que las reglas se escriben con tinta diferente según a quién se apliquen.

Algunos analistas recuerdan el precedente de los trajes de Camps o los bolsos de Barberá: por cantidades mucho menores, hubo procesos políticos y mediáticos. En esta ocasión, los 1,3 millones de euros parecen generar un tratamiento más cauteloso. ¿Es porque el implicado es de un partido distinto o porque la maquinaria judicial va más lenta que la opinión pública? La pregunta queda abierta, mientras la UDEF sigue recabando información y el código de buen gobierno de 2005 acumula polvo en los archivos.

En definitiva, la cuestión de Sebastián –¿hay que declarar todos los regalos?– ya tiene respuesta práctica: sí, a no ser que tengas el poder de redefinir qué es un regalo y qué es un contrabando. Mientras tanto, el ciudadano de a pie sigue pagando impuestos hasta por la propina de la abuela.

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