Modelo 720 y criptos

Modelo 720 y criptos: el limbo fiscal que Hacienda no aclara​

Tener más de 50.000 euros en criptomonedas guardadas en un exchange extranjero obliga, en teoría, a presentar el modelo 720, la declaración informativa de bienes y derechos situados fuera de España. En la práctica, el debate sigue abierto: no hay pronunciamiento oficial sobre si las criptos cuentan como «bienes en el extranjero», si una wallet hardware está «fuera» o si el fisco puede cruzar datos con plataformas que ni siquiera operan bajo supervisión europea. El debate, abierto desde finales de 2017, sigue sin respuesta oficial.

Qué es el modelo 720 y por qué genera tanto rechazo​

El modelo 720 es una declaración informativa: no se paga nada por presentarla, pero omitirla o hacerlo fuera de plazo puede acarrear sanciones que, en su redacción original, llegaban al 150% de lo no declarado. Esa desproporción —una multa mayor que el propio patrimonio oculto— es la que ha convertido la norma en un símbolo de lo que muchos consideran una vulneración de la libre circulación de capitales dentro de la UE. Hay quien sostiene que el régimen sancionador fue tumbado por instancias europeas; otros recuerdan que la obligación informativa sigue vigente y que, mientras no haya sentencia firme ni cambio normativo, el riesgo permanece.

La obligación se activa cuando el saldo conjunto de cuentas, valores o derechos de cobro en el extranjero supera los 50.000 euros a 31 de diciembre. Y aquí empieza el laberinto: si el patrimonio crece en más de 20.000 euros respecto al año anterior, hay que volver a presentarlo. Con la volatilidad de las criptos, ese umbral se cruza con una facilidad que roza el absurdo.

¿Cuenta una wallet como bien en el extranjero?​

La pregunta clave no tiene respuesta oficial. Una wallet hardware guardada en casa no está «en» ningún país: las claves que controlan los fondos existen en una base de datos distribuida, sin jurisdicción. Quienes defienden esta interpretación argumentan que, si no hay entidad extranjera custodiando el saldo, no hay nada que declarar en el 720. El problema aparece cuando esos fondos se mueven a un exchange para convertirlos a euros: Hacienda solo ve una transferencia desde una plataforma foránea a una cuenta española. La trazabilidad se rompe, y con ella la coartada.

Hay quien directamente sostiene que el fisco no tiene medios técnicos para saber qué hay en un exchange extranjero ni en una cuenta de PayPal. Esa opacidad, sin embargo, choca con el Automatic Exchange of Information (AEOI), el marco internacional que obliga a bancos —y, según algunas lecturas, también a exchanges— a compartir datos con las administraciones tributarias. La duda sobre si las plataformas de criptomonedas entran en ese intercambio sigue sin resolverse.

¿Se tributa por cada tradeo o solo al pasar a euros?​

Este es el punto que más tensión genera. Una corriente de asesores fiscales sostiene que cada intercambio entre criptomonedas constituye una permuta: cambias bitcoin por ether, alteras tu patrimonio y, por tanto, generas una ganancia o pérdida patrimonial que debe declararse en el IRPF, aunque no hayas tocado un euro. Es la misma lógica que se aplica a un canje de acciones. Si esa interpretación se llevara al extremo, quien haya hecho cientos de operaciones entre altcoins tendría que reconstruir el valor en euros de cada una, con el precio exacto del día y del exchange concreto.

La otra corriente, más pragmática, defiende que solo se tributa cuando hay conversión a moneda fiduciaria. Argumentan que no existe legislación específica sobre el tradeo entre criptos y que Hacienda, a falta de datos, está dando por buenas las declaraciones basadas en el flujo de euros hacia y desde el banco. El cálculo completo, operación a operación, es materialmente inviable para un particular con actividad intensa: hay quien dice haber hecho decenas de millones de operaciones repartidas en más de una decena de plataformas.

La vía de la declaración voluntaria de patrimonio​

Ante la incertidumbre, algunos plantean una estrategia defensiva: presentar el impuesto de patrimonio de forma voluntaria —aunque solo sea obligatorio por encima de 700.000 euros— añadiendo una nota en la que se declare la intención de no ocultar nada. El objetivo no es pagar, sino blindarse ante una futura inspección: si Hacienda comprueba que siempre se actuó con transparencia, la acusación de ocultación pierde fuerza. Cuando llegue el momento de liquidar, la ganancia se imputará como incremento de patrimonio.

El problema de fondo es que no hay una ley con cara y ojos. Todo son suposiciones, interpretaciones de asesores y consultas vinculantes que hablan de divisas, no de criptomonedas. Mientras el BOE no publique una norma específica y un portavoz oficial explique cómo se aplica, cada contribuyente navega a ciegas. Y el miedo a una retroactividad —como la que en su día sorprendió a los apostantes deportivos— planea sobre cualquier decisión.

La pregunta que queda en el aire no es cómo declarar, sino si el sistema está diseñado para que alguien pueda hacerlo bien. Con los datos disponibles, la respuesta sigue siendo la misma que hace años: nadie lo sabe.