SI-ADS Multa de 100.000 euros por talar un árbol de su parcela sin permiso

Multa de 100.000 euros por talar un fresno en su parcela​

El 5 de junio de 2010, un agente de la Policía Local se presentó en una finca de El Escorial donde se ejecutaban obras para ampliar un porche. Todo estaba en regla. Hasta que el agente vio que una excavadora había arrancado un fresno de gran tamaño junto a la vivienda. No había licencia para eso. La sanción: 100.000 euros. El Tribunal Supremo acaba de confirmarla, tras desestimar el recurso de revisión presentado por el propietario. La historia no es nueva, pero el fallo reabre una pregunta incómoda: ¿cuánto vale un árbol que está dentro de tu propia valla?

El Supremo rechaza los informes posteriores a la sentencia​

El propietario basó su defensa en tres documentos: un informe forestal de un ingeniero agrónomo de junio de 2014, otro del Seprona de septiembre de 2016 y un tercero de un guardia civil de junio de 2014. Todos apuntaban a que había árboles enfermos, secos, con ramas caídas y riesgo de desprendimiento. El Supremo los descartó. No eran anteriores a la sentencia firme de abril de 2014 y se referían a un estado de cosas distinto del que motivó la sanción. La tala se produjo en junio de 2010. Los informes hablaban de tres árboles distintos cuatro años después.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, con el magistrado Jesús Cudero como ponente, fue tajante: los documentos no servían para revisar nada. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya habían confirmado la multa. El Supremo solo cerró la puerta.

Qué dice la ley que convierte una tala en infracción muy grave​

La Ley 8/2005, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, tipifica la tala sin autorización como infracción muy grave. La horquilla va de 100.000 a 500.000 euros. Podar sin permiso es falta grave, con multa de 10.000 a 100.000 euros. El propietario recibió la multa mínima. La autorización se tramita en el ayuntamiento, previo pago de tasas que rondan los 200 euros, con informe técnico, fotos y visita del técnico municipal. El trámite existe. El precio de no hacerlo, también.

La lógica de la norma es que el arbolado urbano no es solo del dueño del suelo. Es un bien público aunque esté dentro de una propiedad privada. Esa es la teoría. En la práctica, el propietario se enfrenta a una multa que multiplica por 500 el coste de la licencia.

El caso Borrell y la proporcionalidad de las sanciones​

La comparación apareció pronto en el debate: la CNMV multó a Josep Borrell con 30.000 euros por usar información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa. Talar un fresno: 100.000. La desproporción se convirtió en el argumento central de la indignación. No es que la multa por el árbol sea alta en abstracto, es que otras infracciones que implican daño económico directo a terceros salen más baratas.

Hay quien sostiene que el problema no es la cuantía, sino la indefensión del propietario: si el árbol enfermo cae sobre la casa, la responsabilidad es suya. Si lo tala sin permiso, la multa es suya. El ayuntamiento no poda, no riega y no asume el coste de mantener un árbol que legalmente no puedes tocar.

La trampa del árbol enfermo: taladro y gasóleo​

En el debate apareció una práctica que, según varios relatos, se usa para sortear la norma: taladrar el tronco e inyectar gasóleo para que el árbol muera. Una vez seco, la tala es ecológica y autorizable. El atajo ilegal sale más barato que el procedimiento legal. Es la consecuencia no deseada de una norma que castiga al que pide permiso y premia al que disimula.

La alternativa legal existe: solicitar licencia de tala o trasplante, presentar informe técnico, planos, fotos y esperar. El trámite es gratuito en comparación con la sanción, pero exige tiempo y, sobre todo, exige que el árbol esté en condiciones de ser talado. Si no lo está, no hay permiso. Y si el árbol se cae, el problema es del propietario.

El Escorial: donde el urbanismo tiene dueños conocidos​

El Escorial no es un municipio cualquiera. Por allí han pasado familias con apellidos que suenan a poder: March, Fierro, Giralt, el Borbón emérito, los Franco. Tener una finca allí ha sido durante décadas una forma de decir algo. El urbanismo local, según relatos de primera mano, ha funcionado con reglas propias. La anécdota que circula: los técnicos municipales advirtieron a un propietario que las arizónicas del perímetro no se tocaban. Ni podarlas. El cliente pagó la licencia, podó ramas muertas y desgarradas, y no tocó el resto.

La pregunta es si la norma se aplica igual a todos. Hay quien sostiene que la constructora que tala encinas centenarias para urbanizar no recibe multas de 100.000 euros. El particular que arranca un fresno enfermo, sí. La sensación de agravio no viene de la ley, viene de su aplicación.

El dato que descoloca​

El propietario pagó 100.000 euros por un árbol. La licencia costaba 200. El árbol estaba seco, según su defensa. El Supremo dice que los informes llegaron tarde. La ley dice que la multa es la mínima. Y mientras tanto, la pregunta sigue sin respuesta: si el árbol es tuyo, está en tu parcela y no daña a nadie, ¿por qué el Estado decide si puedes talarlo?