❗️El Tribunal Supremo de EE. UU. ha anulado todos los aranceles y tarifas globales de Trump y los ha declarado ilegales...

El Supremo anula los aranceles globales de Trump y abre un agujero de 150.000 millones​

El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el 20 de febrero de 2026 los aranceles globales que Donald Trump había impuesto un año antes. La sentencia, respaldada por seis de los nueve jueces, declara ilegales las tasas amparadas en la Ley de Poderes Económicos Internacionales para Emergencias (LPEIE) y abre la puerta a la devolución de más de 150.000 millones de dólares. Un varapalo jurídico que, leído en frío, se parece sospechosamente a un problema contable de dimensiones siderales.

Por qué el Supremo considera ilegales los aranceles​

La LPEIE permite «regular el comercio» con países extranjeros en caso de emergencia. La mayoría entiende que eso no equivale a imponer impuestos. El fallo lo deja negro sobre blanco: «La IEEPA no contiene ninguna referencia a aranceles. El Gobierno no señala ninguna ley en la que el Congreso haya utilizado la palabra 'regular' para autorizar la imposición de impuestos». Traducido: ni el texto lo dice, ni ningún presidente lo había interpretado así antes.

Los jueces se quitan de encima el ruido político. «No reivindicamos ninguna competencia especial en materia económica ni de relaciones exteriores», afirman, para recordar a continuación que solo cumplen el papel que les asigna el Artículo III de la Constitución. Quedan anuladas con retroactividad todas las órdenes ejecutivas que imponían esos aranceles y confirmada la sentencia previa que ya los había tumbado en instancias inferiores.

Trump reaccionó esa misma mañana en un desayuno con gobernadores en la Casa Blanca, según recogió CNN: una vergüenza, dijo del fallo, y anunció que tiene un plan B para mantener los aranceles. La sentencia, eso sí, solo afecta a las tasas impuestas de forma global vía LPEIE. Los aranceles sectoriales —aluminio, coches— siguen en pie porque se aprobaron con otras leyes, aunque deberán aplicarse de forma uniforme a todo el mundo, lo que complica levantarlos mediante negociaciones país a país.

La avalancha de devoluciones y el lío de quién cobra​

El problema inmediato es cómo devolver más de 150.000 millones ingresados durante el último año. Más de un millar de empresas ya se habían sumado a la demanda para evitar que prescribieran los pagos. La sentencia no especifica ningún proceso de repago, y ahí empieza el laberinto: el juez Brett Kavanaugh, uno de los tres votos discrepantes, advirtió de que «devolver el dinero a las empresas será muy complejo y confuso».

Su argumento tiene un filo incómodo: buena parte del coste de esos aranceles ya se trasladó a los consumidores vía precios más altos, así que quien reciba la compensación serán los intermediarios —importadores y empresas—, no el ciudadano que pagó de más en la caja del supermercado. Es decir, el repago llega a quien adelantó el pago, no a quien lo sufrió.

El golpe a las cuentas públicas: déficit cerca de 2 billones​

El doble impacto presupuestario es donde duele de verdad. Por un lado, borrar uno de los pocos mecanismos de recaudación extra de la Gran y Bella Ley de rebajas fiscales empujará el desajuste de 2025 hasta acercarse a los 2 billones de dólares, con la deuda pública acabando de tocar el 100% del PIB.

Por otro, Trump había prometido dos cosas que dependían de ese dinero. La primera, un cheque de 2.000 dólares por familia de clase media para compensar los precios más caros. La segunda, disparar el gasto militar un 50%, de 1 billón a 1,5 billones «en base al dinero de los aranceles». Ambas se quedan sin fuente de financiación justo cuando el Congreso debe volver a aprobar las Cuentas antes de final de mes para evitar otro cierre de Gobierno.

El plan B: sección 122, 338 y 301​

Con la vía de la LPEIE cerrada, al presidente le quedan recovecos legales. El más inmediato es la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite imponer aranceles a todo el mundo de hasta el 15% durante 150 días. Según se apuntó en el debate, se ha anunciado un arancel global del 10% por ese plazo, tras el cual necesitaría renovación del Congreso, algo bastante improbable.

También se ha apuntado en el hilo a la sección 338 de la Tariff Act de 1930, que según un contertulio permitiría imponer aranceles aunque apenas se haya usado y podría acabar igualmente en los tribunales, y a varias investigaciones bajo la sección 301 para «remediar prácticas comerciales injustas» de otros países. El problema de fondo sigue siendo el mismo: cada una de estas vías está pensada para casos concretos y sectores, no para aranceles de alcance ilimitado como los que acaban de caer.

Mercados tranquilos, aprobación en caída libre​

Según el análisis que se maneja en el debate, la reacción de los mercados fue tibia. Ni pánico ni euforia: los índices se movieron en rangos estrechos porque los inversores ya tienen interiorizada la volatilidad del inquilino de la Casa Blanca y solo reaccionarían ante cambios reales de política, no ante rabietas. La sentencia, en el fondo, le quita un instrumento al presidente: contención institucional disfrazada de ruido.

En el terreno político, según las cifras de aprobación que circulan en el hilo, el desgaste se mueve en la banda del 25-30%, y hay quien sostiene que el sector más afín al magnate empieza a mostrar incomodidad pública. A esto se suma que la sentencia de los aranceles es ya la segunda gran derrota del mandato en el Alto Tribunal, después de que este le prohibiera desplegar la Guardia Nacional en estados sin el consentimiento de sus gobernadores.

Un fallo que deja cuentas, no certezas​

Con los aranceles globales anulados, el déficit acercándose a los 2 billones y la deuda en el 100% del PIB, el problema ya no es jurídico. Es de caja. Quedan 150.000 millones que salen del bolsillo público camino de las empresas, una factura que los ciudadanos ya pagaron en la caja del supermercado y que, como advirtió Kavanaugh, previsiblemente nadie les va a devolver.