NEGOCIOS ENFOCADOS a forasteros : un CURSO DE REPARTIDOR "PREMIUM" de paquetería tipo amazon, aliexpress...sirve para LEGALIZARTE POR ARRAIGO.....

El curso de repartidor 'premium' que legaliza inmigrantes: el nuevo chollo del arraigo por formación​

Un curso de repartidor premium para Amazon o Aliexpress sirve para obtener el permiso de residencia en España. No es broma. La figura del "arraigo por formación", creada para facilitar la integración laboral de extranjeros, se ha convertido en un negocio redondo: academias que venden formación específica para sectores con demanda de inmigrantes —repartidores, cuidadores, camareros— y que, al completarla, permiten al alumno regularizar su situación. En dos años, además, puede pedir la nacionalidad. El requisito principal: haber estado en España de forma continuada al menos dos años y no tener antecedentes penales. La oferta de empleo es un plus, pero no siempre obligatorio.

Una puerta trasera con forma de curso​

La Ley de Extranjería contempla el arraigo por formación desde 2022, pero su aplicación está generando un mercado paralelo de cursos exprés. En academias como Albalí Centros, un curso de "repartidor premium" —conducir furgoneta, manejar apps de reparto— cuesta unos pocos cientos de euros y, una vez aprobado, el alumno puede solicitar una autorización de residencia temporal mientras busca empleo en ese sector. La lógica oficial es que se cubren vacantes que los nacionales no quieren. La realidad, según los críticos, es que se importa mano de obra barata dispuesta a hacer jornadas maratonianas por salarios mínimos.

El negocio de la regularización​

Detrás de cada curso hay una cuenta de resultados. Las academias venden formación, los inmigrantes compran un billete hacia la legalidad y las empresas de reparto obtienen una bolsa de trabajadores flexibles y sin derechos consolidados. Un análisis del hilo apunta a que el sistema no solo no resuelve la precariedad, sino que la institucionaliza. La ironía es fina: el mismo curso que "legaliza" al recién llegado lo encadena a un empleo donde el sueldo neto apenas cubre el alquiler de una habitación. Mientras, el Estado reduce el déficit de cotizaciones a corto plazo, aunque el coste social a largo plazo —vivienda, sanidad, educación— queda sin contabilizar.

Los números que no cuadran​

Los datos del debate son escasos pero elocuentes: la permanencia mínima de dos años en España es un requisito que muchos ya cumplen cuando llegan al curso. La posibilidad de nacionalidad a los dos años de residencia legal —es decir, cuatro años desde la entrada irregular— convierte la vía en un atajo para obtener pasaporte europeo. Frente a quienes defienden que se trata de una herramienta de integración, la postura mayoritaria en el análisis sostiene que es una fabricación de ciudadanos de segunda: vulnerables, formados a la carta y atados a sectores sin futuro. La pregunta que nadie responde es si esta fórmula es un coladero o una solución de emergencia para un mercado laboral que ya no encuentra trabajadores dispuestos a repartir paquetes por 1.200 euros al mes.

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