No comprendéis lo que están haciendo con la inmi gración irregular, pronto os daréis cuenta

Alemania deporta, Francia empuja, Estados Unidos se quita el problema de encima y España recibe. Ese es el relato que se está propagando con fuerza: una supuesta mecánica por la que los migrantes irregulares que otros países rechazan acaban reubicados en territorio español. La versión más difundida, firmada por Guillermo Rocafort, señala un acuerdo suscrito en 2018 entre la entonces canciller Angela Merkel y Pedro Sánchez que traería «cientos de miles» de personas a las ciudades españolas entre 2024 y 2027.

Conviene decirlo antes de seguir: ninguna de esas cifras viene acompañada de un documento oficial, y no consta confirmación pública de semejantes planes de reubicación masiva. Lo que sí consta es el eco. Y el eco mide el estado de ánimo de una parte del país que ya no se cree nada de lo que le cuentan.

Acuerdo Merkel-Sánchez de 2018: qué se afirma y qué se sabe​

La pieza central es una supuesta información televisiva alemana según la cual se prepararían deportaciones masivas de migrantes irregulares con destino a España. La segunda pieza es un encuentro entre Macron y Sánchez para convertir las Islas Canarias en centros de desembarco de personas procedentes de la Francia francófona: más de cien mil en 2024, repartidas después por ciudades españolas.

El razonamiento de fondo tiene su lógica retorcida: si un país no puede expulsar a alguien a su lugar de origen, siempre queda un tercero al que endosarlo. Ese tercero, en esta versión, sería España, el eslabón blando de la cadena europea. La paradoja la resumía una respuesta: resulta más fácil presionar a España que a Marruecos o a Senegal.

Del acuerdo de mayo de 2023 a la política exterior en manos ajenas​

El relato no se queda en Europa. Se afirma que en una reunión de mayo de 2023 se firmó un «acuerdo de deportaciones masivas a España» y que el país se comería también la inmigración irregular procedente de Estados Unidos. Se llega incluso a sostener que la política internacional española está en manos de Mohamed VI, con el Sáhara, Canarias, Ceuta y Melilla como fichas de un repliegue que terminaría en una Cataluña independiente.

Son afirmaciones sin prueba documental y con un patrón reconocible: la de un plan orquestado —uno de los mensajes menciona el plan de Soros— para destruir el país por la vía demográfica. Quien busque confirmación oficial no la va a encontrar. Quien busque motivos para el desasosiego, los tiene a mano.

¿Por qué el descontento no se traduce en reacción política?​

Aquí el debate se vuelve económico. El argumento más repetido es que una mayoría de residentes cobra una nómina pública o paraestatal —jubilados, funcionarios, trabajadores de ONG, subcontratas del Estado— y que esa dependencia desactiva cualquier protesta. Una respuesta lo cuantificaba: diez millones de jubilados, algo más de veinte millones de nacionales y alrededor de quince millones entre inmigrantes y nacionalizados. Con esas magnitudes sobre la mesa, la conclusión que se extrae es que a nadie le interesa mover el avispero.

La otra cara del análisis es laboral: se sostiene que el sistema necesita un ejército de reserva de trabajadores dispuestos a agarrarse a un clavo ardiendo para no organizarse. Es la vieja tesis del esquirol como amortiguador. Discutible, pero no gratuita.

Canarias, Granada y el barrio de Aluche: la presión sobre el terreno​

El foco salta de la geopolítica al portal de casa. Hay relatos que describen llegadas diarias en Granada, habitaciones compartidas por veinte personas y locales ocupados. En Madrid, la conversación gira en torno a barrios como Aluche, Carabanchel o Usera, con la sensación de que no queda ningún sitio a salvo. Son impresiones vecinales, no estadísticas, y conviene tratarlas como tales.

Lo interesante es el salto de escala. Hace años el diagnóstico era más modesto: España como país de camareros y poco más. Hoy el diagnóstico se ha agrandado hasta convertirlo en vertedero de la inmigración que otros no quieren. Donde hay grandes desigualdades, las élites ya viven en barrios blindados; aquí, se dice, la plebe se queda fuera de la reja.

El punto de no retorno demográfico​

En la parte más sombría aparece la tesis del genocidio demográfico: la idea de que se sustituye población a propósito hasta cruzar un umbral del que ya no se vuelve. Se habla de una población española con una natalidad históricamente baja y de un plan global que reduciría a los grupos que no interesan. Es terreno de especulación, no de dato, y así se trata en el propio intercambio.

Y sin embargo, de ahí sale el pronóstico que cierra la discusión. Uno de los mensajes proyecta un futuro en el que España tendría cincuenta millones de residentes y otros cuarenta millones de personas con pasaporte español viviendo por la Unión Europea. Año 2150. Para entonces, dice, el país reclamaría la soberanía de todo el continente por pura aritmética: la mayoría de los vecinos serían, legalmente, españoles.