Pedro sánchez propondrá a la ue poner fin al anonimato en las redes sociales:

Sánchez propone el fin del anonimato en las redes sociales​

Pedro Sánchez propondrá a la Unión Europea poner fin al anonimato en las redes sociales. Lo justifica con una analogía de calle: «En nuestros países la gente no puede ir por la calle con una careta o conducir sin carnet», y remata con que «en democracia, la impunidad no es un derecho». Detrás del envoltorio, quienes siguen la pista a la agenda digital señalan el ID digital europeo, un identificador único de cada persona para operar en internet.

El detalle que mejor mide el terreno es técnico y aburrido. Quien ha empezado a integrar ese sistema en una web lo describe como un muro: ninguna librería disponible, ningún ejemplo de código, solo un manual y a picar todo desde cero. Cualquier proveedor con API entrega a su cliente un fragmento listo para copiar y adaptar. Aquí, no. Y si la integración es así de cuesta arriba para un desarrollador, la pregunta de qué ocurre con el resto de internet queda flotando.

¿Qué propone exactamente acabar con el anonimato en redes?​

La propuesta, anunciada para su traslado a Bruselas, persigue que ninguna cuenta funcione sin una identidad verificada detrás. El formato tampoco es inédito: hay quien recuerda que la mayoría de las grandes plataformas ya pide un número de móvil para abrir una cuenta, y ese número cuelga de una persona. La novedad es convertir la identificación voluntaria en requisito legal y armonizarla en el conjunto de la UE. En la conversación aparece otra pieza con nombre propio: el ID digital, que, según sus críticos, funcionaría como el DNI, pero para cualquier trámite en la red.

La respuesta se ha ido rápido a lo técnico, y ahí el acuerdo no existe ni de lejos. Los escépticos sostienen que identificar al usuario ante su operador no cierra ninguna puerta, porque el tráfico puede salir por otro lado en cuanto alguien lo desvía. La lectura de quienes ven viable la medida asume que la identificación previa al acceso y el filtrado por direcciones bastarían para el grueso de los casos.

El argumento del VPN contra el control del anonimato​

El argumento más repetido contra su eficacia cabe en una frase: ¿cómo impide el Estado que alguien conecte con un servidor en otro país que no exige identificación europea alguna? Basta una VPN o un proxy. La réplica a ese argumento pasa por el control de acceso —primero te identificas y después te dejan salir—, pero eso obliga a meter el ID en la misma infraestructura que hace funcionar internet, y esa infraestructura no se diseñó para eso.

La discusión deriva hacia IPv6, el protocolo que debía asignar una dirección distinta a cada dispositivo. Con IPv6 la trazabilidad mejora, pero sigue apuntando a un equipo o a un servicio, no a una persona. Distinguir el aparato del titular exige justo lo que la medida pretende: un identificador personal. Y ahí el coste político empieza a pesar más que el técnico.

El control que ya intentaron por la puerta de atrás​

No hace falta esperar a Bruselas. El conocido como decreto ómnibus —que incluía la revalorización de las pensiones— llevaba dentro medidas que designaban a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como «coordinador de servicios digitales», con capacidad de inspección sobre las plataformas y potestad para obligarlas a revelar sus algoritmos. El texto decayó en el Congreso con el voto en contra del Partido Popular, Vox y Junts. El episodio alimenta la tesis de que la ofensiva regulatoria se intenta colar por vías accesorias.

Lo que se dirime ahí no es solo el anonimato, sino el perímetro del regulador. Para sus críticos, un organismo capaz de auditar el funcionamiento interno de las plataformas es un supervisor con poder sobre el discurso, no únicamente sobre la competencia. Esa es la línea que separa la moderación de contenidos de la censura administrativa, según a quién se pregunte.

Quién gana y quién paga con el fin del anonimato​

El cálculo está en cada esquina. Como sostiene un participante en el debate, las principales redes sociales son empresas extranjeras y, en la práctica, no van a exigir un ID europeo a quien se conecta desde España. Eso, según este planteamiento, reduce la medida a lo simbólico: el usuario identificado ante su operador deja rastro de a qué hora se conectó, pero poco más, sin la colaboración de las tecnológicas. El resultado, siempre según esta lectura, sería más capacidad de presión sobre las plataformas y un trámite añadido para el ciudadano.

Hay también una lectura de mercado. Quienes defienden los activos digitales sostienen en el hilo que el anonimato es la última muralla de ciertos activos y de la economía construida alrededor de ellos. La réplica habitual es que las puertas al campo se ponen cuando alguien quiere: la resistencia técnica no es una garantía, es una demora. Esa discusión —libertad, privacidad y control— es la que de verdad se ha abierto.

Y un cierre: la idea no es original. Como se recuerda en el hilo, ya en 2015 el Partido Popular planteó algo parecido sobre las redes.