No se vam a trevé cuñao, round 2: Yolanda Díaz se compromete a regular el alquiler por temporada, acabar con las 'golden visa'.

Yolanda Díaz anuncia una batería contra el alquiler temporal y las golden visa​

¿Puede la regulación del alquiler por temporada abaratar la vivienda o solo secará la oferta? La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha puesto sobre la mesa un paquete de medidas que promete dar guerra: regular el alquiler temporal, eliminar las llamadas golden visa y, de paso, cargar contra las desgravaciones por compra de vivienda. El anuncio, realizado en plena negociación para la próxima legislatura, llega con un dato contundente: según el Banco de España, el 50% de las personas con contrato de arrendamiento están en riesgo de exclusión social.

Las medidas que plantea Sumar​

Díaz ha adelantado que publicará “con carácter inmediato” un índice de precios en las zonas tensionadas, una herramienta para limitar los alquileres. A esto se suma el compromiso de atajar el alquiler por temporada, una vía que muchos propietarios usan para escapar de la regulación, y la supresión de las golden visa, esos visados que se conceden a extranjeros que invierten en vivienda. La líder de Sumar justifica la ofensiva con un diagnóstico simple: “La vivienda es junto con el paro el principal problema de nuestro país”.

La propuesta no es nueva en el debate público, pero sí en su intensidad. El entorno de Sumar habla de “segunda ronda” contra el rentismo, y no duda en recuperar referencias históricas que levantan ampollas: se ha mencionado incluso la posibilidad de recuperar figuras como el contrato indefinido de alquiler, algo que algunos asocian con la época franquista. La ironía no es menor, porque del otro lado del espectro político siempre se ha vendido al franquismo como el que construyó millones de viviendas protegidas.

El 50% de los inquilinos: ¿un dato sólido?​

El porcentaje de arrendatarios en riesgo de exclusión social, atribuido al Banco de España, se ha convertido en el arma principal del discurso intervencionista. Pero los críticos matizan: el riesgo de exclusión no se combate solo con topes de precio, sino con más oferta. En ciudades como Barcelona, los precios del alquiler suben cuatro veces más que los ingresos de los vecinos, según los datos que circulan. Esa brecha explica la desesperación, pero también las dudas sobre si las medidas anunciadas atacan la raíz o solo el síntoma.

Aquí aparece el primer gran escollo del plan: la desgravación por compra de vivienda que Díaz critica lleva derogada diez años. Es un detalle incómodo. El anuncio se ha topado con el escepticismo de quienes recuerdan que esa medida ya no existe y que, por tanto, la crítica es un brindis al sol. ¿Se está combatiendo un enemigo fantasma? La sensación de que el relato va por delante de los hechos alimenta las sospechas de que el paquete de Díaz tiene más de gesto político que de política efectiva.

¿Menos oferta o más protección? El choque de análisis​

El verdadero campo de batalla está en la ley de la oferta y la demanda. Quienes apoyan la regulación sostienen que el mercado ha demostrado su fracaso: los alquileres se disparan mientras los salarios languidecen, y que sin intervención el problema es irresoluble. En el lado contrario, los defensores del libre mercado avisan de que cada intento de control de precios ha provocado la retirada de viviendas del mercado. La experiencia en zonas turísticas como Canarias, Baleares o Ámsterdam —donde ya se regula el alquiler vacacional— muestra que la oferta se contrae y los precios acaban subiendo para los residentes.

El razonamiento que más circula es el de la retirada preventiva: si un propietario ve que el alquiler de larga duración queda sujeto a topes, lo más lógico es pasarse al alquiler temporal por semanas o directamente vender. Así que la paradoja es evidente: las mismas medidas que pretenden abaratar el alquiler pueden encarecerlo. En el debate, esta postura se resume con una pregunta retórica: ¿cuánto han bajado los pisos con las regulaciones existentes? La respuesta, para muchos, es un silencio que lo dice todo.

La herencia incómoda del franquismo​

Un hilo curioso recorre toda la discusión: la referencia al régimen franquista. Los partidarios de Díaz llegan a añorar la vivienda social de Franco, que costaba 200 pesetas al mes y se vendía por un sueldo, mientras los críticos denuncian que se quiere volver a un modelo de represión que ya fracasó. Ambos bandos manejan la historia a su antojo, pero hay un dato que emerge de los testimonios: buena parte de la vivienda protegida que hoy existe en España se construyó bajo aquel régimen. Lo que no se dice es que aquel modelo tampoco resolvió el problema: la especulación siguió existiendo y la calidad de muchos barrios se resintió.

Mientras tanto, la presión sobre los alquileres sigue. El turismo de masas, los pisos vacíos y la falta de construcción de vivienda asequible componen un cóctel que ninguna medida aislada parece capaz de resolver. La apuesta de Sumar es clara: intervenir los precios y perseguir a los rentistas. Los escépticos responden con la misma pregunta de siempre: ¿quién va a construir ahora que los incentivos se retiran? La legislatura dirá quién tenía razón. Pero con las cifras de exclusión social sobre la mesa, está claro que la batalla por la vivienda no ha hecho más que empezar.