Occidente está infectado hasta el tuétano de la mentalidad alubia más usurera y salvaje. Cristo os hubiera dado buenas palos.

71 años de renta antigua y un desahucio que reabre el debate​

Una mujer que llevaba siete décadas viviendo en la misma casa se ha ido a la calle. Al caso se ha sumado otro más amargo: el suicidio de una española en Hospitalet de Llobregat tras 36 años cotizados. Dos dramas sin relación aparente que comparten un mismo paisaje: un mercado del alquiler donde la renta antigua se extingue y el final del contrato se convierte en el final de todo.

Sobre el desalojo planean dos relatos que no coinciden casi en nada. Uno pone el foco en la dureza del desahucio y en la falta de ayudas públicas. El otro se agarra a la letra pequeña del contrato: la renta estaba muy por debajo de mercado y la subrogación se fue prorrogando año tras año hasta superar con creces lo que permite la ley. Los números, de momento, se cuentan a medias.

¿Qué es la renta antigua y cómo funciona la subrogación?​

La renta antigua designa los contratos firmados bajo normativas anteriores a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, conocida como Ley Boyer. Son contratos con rentas congeladas que hoy parecen de otro siglo. En ellos, la subrogación permite que un familiar siga en la vivienda. El nudo está en la segunda vuelta: según la versión que circula, tras el titular original y su cónyuge, una segunda subrogación solo se sostiene durante dos años. La inquilina desalojada llevaría veinte en esa situación, dieciocho más de los que le correspondían.

Conviene tomar la cifra con pinzas hasta que alguien enseñe el contrato. Pero el asunto ya la ha elevado a eje de todo, porque ahí chocan dos ideas de justicia: la que protege a quien pasó una vida entera en una casa y la que sostiene que un alquiler por debajo de mercado es una renta que alguien está pagando por otro.

La especulación que la Constitución prohíbe y las leyes que la alientan​

Cada vez que el precio de la vivienda se dispara reaparece el mismo argumento: la Constitución subordina toda la riqueza al interés general y reconoce el derecho a una vivienda digna, mientras la normativa sectorial hace a menudo lo contrario. Se apunta a la Ley de Arrendamientos Urbanos y a las normas del sector eléctrico como ejemplo de un marco que acaba premiando a quien ya tenía el capital.

El reproche de fondo no es jurídico, es moral. Pasar la ley por el arco en materia de vivienda rara vez tiene consecuencias para el gestor o el político de turno. Y el rifirrafe territorial no ayuda: según quién lo cuente, el caso se usa contra Isabel Díaz Ayuso en Madrid o contra el Gobierno central en la persona de María Jesús Montero. Cada uno denuncia lo que el otro calla.

El viejo debate de la usura: del pecado al motor del crédito​

No es una discusión nueva. La doctrina social de la Iglesia considera la usura un pecado grave, y el episodio de los mercaderes expulsados del templo se ha leído siempre como una advertencia contra el negocio del dinero. La banca moderna, recuerdan los más eruditos, hunde sus raíces en la Italia medieval, en Venecia, donde nació el oficio de cambiar monedas con margen. Cobrar por prestar fue tabú durante siglos y columna vertebral del capitalismo después.

Se trata, en cualquier caso, de un debate de siglos que el precio del alquiler devuelve ahora a la actualidad con una crudeza incómoda.

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Al final, la cifra que mejor lo resume no sale de ningún informe oficial: 71 años en una casa y un mes para dejarla. Al lado, 36 años de cotización que no evitaron el peor de los desenlaces. Nadie ha explicado todavía cómo se sostienen las dos cosas a la vez.