Opinión de alvise sobre la firma de la ley de amnistía por parte del rey

El rey firma la amnistía y Alvise cuestiona su papel​

¿Para qué sirve un jefe del Estado al que la Constitución obliga a firmar lo que le pongan delante? La rúbrica de Felipe VI en la ley de amnistía ha reabierto esa pregunta con una intensidad que no se veía desde hace años, y el detonante tiene nombre: Alvise Pérez, eurodiputado electo por la agrupación Se Acabó La Fiesta, sostiene que el rey no debería haber firmado una norma que considera contraria a la Carta Magna. Su tesis —que el monarca ejerce de guardián de la Constitución— choca con la letra del artículo 62 y con la lectura de quienes llevan años repitiendo que la Corona es una figura decorativa. El resultado es un cruce de argumentos jurídicos, historia y mucha desconfianza mutua.

¿Qué puede hacer el rey según el artículo 62 de la Constitución?​

El artículo 62 atribuye al rey sancionar y promulgar las leyes, convocar y disolver las Cortes Generales, convocar referéndum, proponer al candidato a presidente del Gobierno y ejercer como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. La letra está ahí. La interpretación, no tanto.

Una parte sostiene que esas atribuciones son puro trámite: el rey firma porque el procedimiento lo exige, sin margen para evaluar la constitucionalidad de lo que rubrica. Otra recuerda que la capacidad de disolver las Cortes no es igual para todos: Alfonso XIII podía hacerlo, Felipe VI no puede sin una propuesta previa de Sánchez. De ahí sale el argumento más repetido: si todo su poder es reflejo del poder ajeno, exigirle un acto de rebeldía es pedirle que se salte precisamente la norma que dice defender.

El desglose completo de atribuciones, artículo a artículo, es donde las posturas dejan de ser intercambiables y donde el asunto gana aristas.

Quién decide si la amnistía es constitucional​

No el rey. El Tribunal Constitucional. En ese punto coinciden incluso los más críticos con la firma, aunque discrepen en la consecuencia: si el órgano llamado a validar la norma está, según esta corriente, bajo control del Gobierno, el problema no es la rúbrica del monarca sino quién vigila al vigilante.

Ahí aparece el doble rasero que se señala desde varios frentes. La Constitución, se argumenta, se interpreta en cada momento para casi todo —igualdad entre españoles, derechos, mandatos— salvo cuando afecta al rey, donde de golpe no hay margen hermenéutico alguno. La contradicción no resuelve nada, pero explica por qué el descontento no apunta solo a la Zarzuela.

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El 23-F: el precedente que se usa en las dos direcciones​

Juan Carlos I intervino contra el golpe de Estado del 23-F amparándose en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, un papel que el artículo 62 le reconoce. Quienes defienden la actuación de Felipe VI usan ese episodio como prueba de que el rey solo se mueve cuando la legalidad se tambalea de verdad. Quienes atacan su firma lo usan como prueba contraria: si pudo entonces, ¿por qué no ahora?

La comparación arrastra un problema de contexto que se apunta por quienes comparan ambos episodios: en el 23-F el Gobierno legal estaba secuestrado y un ejecutivo interino cubría el hueco. Hoy no hay tanques, hay un Boletín Oficial del Estado, y una ley firmada por el jefe del Estado deja al Constitucional en una posición incómoda para tumbarla después.

Alfonso XIII, 1931 y cómo se va un rey de España​

El precedente se remonta a 1931, cuando Alfonso XIII —bisabuelo del actual monarca— abandonó el país tras ser acusado de vulnerar la Constitución de 1876 por su respaldo al golpe de Primo de Rivera. La paradoja que se subraya: fueron partidos de derecha los que entonces le pasaron la factura, y republicanos y socialistas quienes se subieron al carro de las críticas.

La moraleja que se extrae es incómoda para la Corona. A un rey no lo echa una turba; lo echan quienes antes lo sostenían. Con el pacto de la Transición dado por roto desde hace años, la fecha de caducidad de la institución deja de ser hipótesis y pasa a ser cuestión de calendario.

Un rey sin apoyos y sin margen de maniobra​

La crítica más dura no va contra la firma, sino contra la gestión de los años previos. Se sostiene que Felipe VI ha ido vaciando su propio papel: sin reuniones, sin mensajes, sin posicionarse, sin construir una red de apoyos políticos, económicos, sociales o militares que le diera capacidad de resistencia. Un rey que no hace política no tiene con qué frenar a quien sí la hace.

La descripción del cargo que más circula tampoco es amable: un funcionario de alta representación que saluda con la mano y firma lo que le pongan delante. Inviolable, sí. Influyente, cada vez menos.

Y de fondo, el reparto del voto y el papel de Vox​

La conversación deriva al terreno electoral. Alvise logró tres escaños en el Parlamento Europeo y su irrupción se lee desde dos ángulos opuestos: como una voz que por fin pone el foco en instituciones intocables, o como un factor que fragmenta el voto y deja al Gobierno con más aire. Hay quien sostiene que su función real es desactivar a Vox, y quien responde que Vox ya forma parte del problema porque comparte los mismos dueños. Nadie concreta qué debería hacer Vox para dejar de serlo, y esa ausencia de alternativa es, quizá, el dato más revelador.

Junto a los argumentos jurídicos circulan también lecturas conspirativas sobre la operación política, sin ninguna prueba que las sostenga.

El rey firmó. El Constitucional dirá lo que diga. Y mientras se decide si la institución sirve para algo más que para estampar una rúbrica, nadie ha explicado qué habría pasado si Felipe VI se hubiera negado, salvo que estaríamos discutiendo lo mismo con otro titular.