Os cuento el final de la película: El martes se aprueba el decreto mar1carmen y la Puerta del Sol explota en aplausos hacia Pedro Sánchez y PSOE

El decreto Maricarmen se vota el martes entre dudas​

El Gobierno se dispone a someter a votación el próximo martes el paquete de medidas sobre vivienda que todo el mundo ha acabado llamando «decreto Maricarmen», en referencia al desahucio de una inquilina con contrato de renta antigua. Mientras el Congreso decide, la acampada de la Puerta del Sol sigue en pie reclamando soluciones al alquiler. Y una parte del debate ya tiene guion escrito: el martes, según esa versión, la plaza aplaude y el presidente se lleva el tanto. La pregunta incómoda es otra. Si la ley llega cuando la sentencia ya se ha ejecutado, ¿sirve para algo?

El nombre viene del caso. Una mujer con contrato de renta antigua —figura heredada de la prórroga forzosa que se derogó en 1994— perdió su vivienda tras un procedimiento ya resuelto. Lo que se vota el martes no le devuelve el piso. Ninguna norma puede deshacer de golpe una resolución que ya se cumplió. Ese detalle, que parece jurídico, es en realidad la clave política de toda la operación.

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¿Qué es un contrato de renta antigua y por qué importa ahora?​

La renta antigua es un régimen de alquiler congelado que sobrevivió durante décadas a la legislación que lo creó. Permitió a muchos inquilinos mantener rentas muy por debajo de mercado durante años, y a muchos propietarios maldecirlo en silencio. Se derogó en 1994, pero los contratos vivos siguieron su curso. De ahí el nudo: hay quien lo defiende como protección legítima y quien lo ve como un privilegio de otro tiempo. El debate no es nuevo. Lo nuevo es el escaparate.

En ese nudo aparecen dos relatos incompatibles. Uno sostiene que el Estado debe blindar al inquilino frente al fondo de inversión y al propietario que exprime. Otro responde que la consecuencia práctica de ese blindaje es que cada vez menos pisos salen al mercado. Y aquí el argumento se vuelve autorreferencial: hay propietarios que dicen abiertamente en la discusión que tienen pisos cerrados por miedo, y hay inquilinos que dicen que sin protección no hay forma de vivir. Los dos hablan del mismo mercado desde lados opuestos.

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Junts, el ómnibus y la aritmética del Congreso​

La votación del martes no depende solo de lo que diga el texto. Depende de si el decreto va suelto o metido en un paquete con treinta cosas más. Ahí está el cálculo que se repite: si el Gobierno lo convierte en ómnibus, obliga a los socios a tragarlo entero o tumbar todo junto, y entonces el relato cambia de dueño. Junts ya habría dejado caer que apoyaría la medida siempre que no venga camuflada en un bloque mayor. Es la vieja táctica de la pinza parlamentaria.

La ironía tiene su punto. La misma formación que bloquea el suelo y presume de gestión acaba siendo llave de una norma sobre alquileres. Y la parte más escéptica del análisis apunta a lo contrario: que el decreto no se apruebe, y que ese fracaso sea, precisamente, lo que el Gobierno necesite para seguir un año más quejándose de que la derecha no quiere resolver nada. Gane o pierda, la escenografía se cobra igual.

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La tesis de la cortina de humo: Ceuta y el calendario electoral​

Hay una lectura que recorre buena parte de la conversación y conviene tomarla como lo que es, una hipótesis: el decreto serviría, sobre todo, para cambiar de tema. El asunto de Ceuta, la corrupción y el desgaste del Ejecutivo desaparecerían del foco durante unos días. Con elecciones en el horizonte, cada minuto hablando de la inquilina es un minuto que no se habla de lo demás. La elección del caso, con claroscuros y zona gris, encajaría con esa lógica: cuanto más se discute, menos se habla del fondo.

Frente a esa tesis pesa un dato simple. Ocho años de Gobierno son muchos años para tapar problemas con decretos. La inflación y el precio de la vida no se combaten con un titular, y hasta los socios habituales andan incómodos. El propio Madrid Investment Forum dejó titulares a la contra: la presidenta madrileña calificó la respuesta del Ejecutivo de «festival de ocurrencias» e ironizó sobre la edad a la que se deja de pagar el alquiler. La política de vivienda se ha convertido en un ring donde todos golpean y nadie presenta la factura.

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Las medidas que nadie pone encima de la mesa​

Aquí aparece la lista que casi nadie discute en serio. Primera vivienda libre de impuestos en su compra. Deducción del capital destinado a hipoteca en la base del IRPF. Subida fuerte del IBI a partir de la tercera vivienda. Liberar suelo y recortar trabas a la construcción. Ninguna de esas medidas exige expropiar ni congelar nada, y todas tocan intereses concretos. El silencio sobre ellas es, quizá, el dato más revelador de todo el debate.

La objeción que se repite es de peso: en España las expropiaciones matan electoralmente. Cualquier formación que las defienda firma su sentencia en las urnas, y eso lo saben en ambos lados. Por eso las propuestas que sobreviven son siempre las que no señalan a nadie con nombre y apellidos. El resto queda en el limbo de las buenas intenciones.

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El martes se sabrá si el decreto sale, si lo tumban o si se diluye en un paquete más grande. Lo que difícilmente cambiará es la escena: la plaza, los aplausos previstos, el caso que ya no tiene vuelta atrás y una pregunta que seguirá sin respuesta. ¿Alguien recuerda cuántos desahucios con sentencia firme se han ejecutado en España mientras se discutía este?