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Una investigación del diario ABC, firmada por Ketty Garat, sostiene que el ministro Óscar Puente echó a técnicos de Adif y llenó su cúpula de militantes socialistas. La acusación se apoya en una exclusiva periodística, no en una resolución judicial.
Una investigación del diario ABC, firmada por Ketty Garat, sostiene que el ministro Óscar Puente echó a técnicos de Adif y llenó su cúpula de militantes socialistas. La acusación se apoya en una exclusiva periodística, no en una resolución judicial.
El diario ABC publicó una investigación firmada por Ketty Garat en la que se afirma que el ministro de Transportes, Óscar Puente, apartó de sus puestos a técnicos de Adif y colocó en la cúpula de la entidad a personas militantes del PSOE. Adif es la empresa pública que gestiona la infraestructura ferroviaria española, de ahí que el asunto tenga recorrido más allá de la política de nombramientos.
La información se presenta como exclusiva y no como una sentencia. Es decir, se trata de una acusación periodística basada en las fuentes del medio, no de un fallo judicial ni de una auditoría oficial publicada.
Adif maneja contratos, obras y decisiones técnicas que afectan a la seguridad y al funcionamiento de la red. Si los puestos directivos se reparten por afinidad política y no por criterio técnico, el debate no es solo de sillas: toca a quién decide sobre inversiones y mantenimiento.
La acusación concreta es doble. Primero, que se prescindió de técnicos. Segundo, que sus sustitutos llegaron por militancia. Ninguna de las dos cosas está confirmada por una instancia independiente a partir de lo publicado.
El nombre de Óscar Puente arrastra una polémica pública continua por su actividad en redes y sus declaraciones. Eso hace que cualquier información sobre su gestión circule con ruido añadido, en un sentido y en otro.
Conviene separar dos planos. Que un medio publique una investigación no prueba el hecho; que el ministro lo niegue tampoco lo desmiente por sí solo. Mientras no haya verificación independiente, lo sólido es lo que hay: una exclusiva de ABC con autoría identificada.
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Los partidos lo impregnan todo. Son los que sobran. Los partidos. Representantes del ciudadano, no mafias. Eso es lo que necesitamos.
Ni una mención a ADIF y sus gestores. Que si los responsables de Iryo, que si los de Ouigo, que si otros, pero de la gestión de ADIF nada. Me resulta curioso.¿Irán a la cárcel?
La responsabilidad no es exclusiva del enchufador. Si el enchufado tiene un cargo ejecutivo, es responsable de sus actos. Sea quien sea quien lo haya puesto ahí.