Otegi denuncia corrupción estructural: ¿régimen del 78 o coartada política?
¿Es la corrupción un rasgo estructural del régimen del 78, como afirma Arnaldo Otegi? La declaración del líder de EH Bildu ha reabierto una fractura que rara vez cicatriza: la que separa a quienes ven en el Estado español un sistema corrupto de origen y quienes consideran que esa acusación es, precisamente, el escudo que utilizan los propios corruptos para librarse de sus responsabilidades.
La réplica ha sido inmediata y visceral. Desde sectores afines a la izquierda estatista se acusa a Otegi de practicar el cinismo más absoluto: sin la corrupción, sostienen, él mismo estaría cumpliendo condena. La trama se amplía a su formación política, a la que vinculan con la financiación ilegal y con la impunidad heredada de los años de plomo. No falta quien recuerda casos como el del trabajador enterrado en un vertedero, sin que hasta la fecha se haya depurado responsabilidad política alguna.
Pero el contrapunto llega desde quienes señalan que el PNV, partido hermano en el nacionalismo vasco, tampoco es ajeno a los escándalos. La corrupción, en este relato, no es patrimonio de una sigla, sino que impregna transversalmente el sistema político español desde 1978. El debate degenera así en un pulso de acusaciones mutuas donde cada cual busca el cadáver en el armario del otro.
La espiral de las imputaciones cruzadas
Lo que revela el intercambio es la dificultad de discutir corrupción en España sin que el debate derive en ajuste de cuentas partidista. Cada acusación genera una contraacusación que, lejos de esclarecer los hechos, los hunde en el barro de la propaganda. Mientras unos ven en Otegi la coartada perfecta para blanquear un pasado incómodo, otros recuerdan que la misma lógica del «y tú más» ha blindado décadas de financiación irregular en todos los niveles administrativos.
El caso del vertedero, mencionado por uno de los intervinientes, es un ejemplo de cómo la corrupción no siempre se viste de traje y corbata: a veces se entierra en fosas comunes de polígonos industriales. La investigación, abierta y sin responsables claros, ilustra hasta qué punto la impunidad puede ser estructural sin necesidad de decretos.
¿Régimen o personas?
Al final, la pregunta que queda flotando es si la corrupción es un atributo del sistema o una conducta de individuos concretos. Otegi apuesta por lo primero; sus críticos, por lo segundo. Pero ambos bandos coinciden en algo: la confianza en las instituciones españolas no sale indemne de este intercambio. Quizá la corrupción sea estructural, pero nadie se pone de acuerdo sobre quién la encarna mejor. Y mientras tanto, el vertedero sigue sin dar respuestas.
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