Investigan al alcalde socialista de Soria por blanqueo y organización criminal
¿Puede un regidor seguir en el cargo mientras la Guardia Civil lo investiga por delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal? Esa es la pregunta que planea sobre Soria desde que se conoció la operación en curso contra el primer edil, también líder del PSOE en la provincia. La investigación, adelantada por ABC, apunta a una trama de corrupción urbanística y financiera que habría operado durante años bajo la aparente normalidad institucional.
Los tentáculos de la trama
Los agentes del instituto armado centran sus pesquisas en la concesión de licencias y contratos públicos presuntamente amañados para beneficiar a una red de empresarios afines al partido. Se investigan transferencias millonarias a sociedades pantalla y la ocultación de activos mediante testaferros. La operación ha incluido registros en el Ayuntamiento y en varias sedes del partido en la provincia. El alcalde, que aún no ha sido detenido, ha declinado hacer declaraciones hasta que concluya la instrucción.
Dos lecturas para un mismo expediente
Como suele ocurrir en estos casos, las interpretaciones se dividen. Hay quien sostiene que se trata de una investigación rigurosa que sacará a la luz un esquema de financiación ilegal del PSOE soriano. En el lado opuesto, se argumenta que es una operación judicial con tintes políticos, orquestada para desgastar al partido en el poder. Lo cierto es que la documentación incautada será clave para discernir si estamos ante un caso de corrupción sistémica o ante una sobreactuación judicial.
El precedente de otras comunidades
No es la primera vez que la Guardia Civil pone el foco en ayuntamientos gobernados por socialistas. Investigaciones similares en Andalucía y Castilla-La Mancha han terminado con condenas por prevaricación y malversación. La diferencia ahora es que el investigado acumula el poder municipal y el orgánico del partido en una misma persona, lo que multiplica las sospechas de captura del aparato público.
Con los registros aún calientes y la fiscalía europea siguiendo de cerca la evolución de los fondos, el puzzle empieza a encajarse. O eso dicen los que creen que esta vez no habrá carpetazo. El resto, mientras, espera la sentencia en diferido.