Pedro Sánchez le dice a Ceuta que tiene que asumir una realidad estructural

Sánchez pide a Ceuta asumir la «realidad estructural»​

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado a Ceuta que la ciudad tiene que asumir «una realidad estructural» con miles de migrantes y ha subrayado que «no son invasores, buscan una vida mejor». La declaración, con la presión sobre la frontera de la ciudad autónoma como telón de fondo, abre dos discusiones a la vez. Una política y ruidosa, que habla de abandono. Otra económica y soterrada, que debería responder a una pregunta incómoda: si la situación es estructural, quién la financia y con qué recursos.

Qué implica calificar la situación de «realidad estructural»​

«Estructural» no es un adjetivo inocente. Significa que el fenómeno deja de ser un pico coyuntural y pasa a formar parte del suelo sobre el que se calcula todo lo demás: el presupuesto de servicios sociales, la capacidad de la administración local, el padrón municipal y el mercado laboral. Hay quien sostiene que la llegada de población migrante es ya una constante que el Estado no va a revertir y que las ciudades fronterizas deben reorganizarse en consecuencia. La objeción que se opone es distinta: que la presión no puede recaer siempre sobre los mismos territorios, y que Ceuta no es una excepción presupuestaria.

El empadronamiento aparece como el nudo técnico del asunto. Es la puerta de acceso a los servicios públicos y, por eso, se ha convertido en el punto donde la discusión administrativa se vuelve inevitablemente política.

El otro cálculo: quién sostiene a quién​

El subtexto económico tiene nombre: la pirámide de población. En un país envejecido, el sistema de pensiones depende de la incorporación de nuevos cotizantes, y ahí es donde el debate se parte en dos. Una corriente defiende que los recién llegados son contribuyentes netos: trabajan y cotizan. La réplica escéptica apunta que el saldo fiscal depende del nivel salarial, del tipo de contrato y de la edad de llegada, y que sin datos oficiales desglosados el argumento sirve para las dos trincheras.

En ese cruce se repite una referencia que conviene tratar con pinzas: que parte del coste lo financian terceros países. Se lanza como certeza, pero ninguna de las partes aporta la liquidación. El cálculo fino —quién paga y quién cobra, partida a partida— sigue sin estar sobre la mesa.

El espejo del Sáhara: cronología de una salida discutida​

La conversación deriva enseguida hacia 1975. El 18 de octubre de aquel año, el Gobierno de Arias Navarro ordenó al AEM activar la operación Golondrina, con fecha de inicio el 10 de noviembre. El 28 y 29 de octubre se negoció en Madrid el acuerdo de cesión con Marruecos y Mauritania, con Antonio Carro al frente. La retirada militar de puestos fronterizos arrancó el 28 de octubre, antes de cualquier evacuación civil. Al 31 de octubre no se había evacuado a nadie. El texto editado por el Ministerio de Defensa fijaba un plazo de 60 días para la evacuación completa, leído por algunos como errata de 160.

La pregunta analítica que deja ese precedente es incómoda: si un Estado abandona un territorio periférico cuando la conveniencia diplomática lo exige. El paralelismo tiene grietas —en 1975 había una descolonización y una guerra a la vuelta de la esquina, no una ciudad plenamente española—, pero el eco retórico funciona y explica por qué la discusión salta de las pensiones a 1975 sin escalas.

Doce millas, doscientas millas y un triángulo estrecho​

El tercer eje es técnico y decide cosas muy concretas. La jurisdicción sobre el mar llega a 12 millas; la zona económica exclusiva puede extenderse a 200 o 300. Alrededor de Ceuta y Melilla el espacio marítimo es un triángulo pequeño, porque la tierra más próxima es marroquí. Si los peñones y plazas de soberanía generan aguas propias es materia discutida, igual que el contencioso de las Islas Salvajes con Portugal. Quien controle esas millas controla pesca y tránsito.

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Nadie ha puesto todavía una cifra a lo que cuesta sostener esa «realidad estructural». Ni en Ceuta ni en Madrid. Y mientras no exista ese desglose, la discusión seguirá resolviéndose a gritos, entre 1975 y la nómina de las pensiones.