Pedro va adelantar las elecciones el lunes.

Sánchez no dimite: el PSOE aguanta el pulso​

¿Va a dimitir Pedro Sánchez o va a adelantar las elecciones generales? La pregunta lleva días circulando por todos los mentideros políticos y la respuesta, a la vista de los datos y del calendario legal, es que ninguna de las dos cosas está sobre la mesa. El presidente del Gobierno compareció tras su reunión con el Rey y el escenario que queda es el de un Ejecutivo que sigue adelante, con sus socios parlamentarios intactos y con la única cita electoral a la vista: las catalanas.

La hipótesis de la dimisión se sostiene sobre un cálculo que no cuadra. Si el presidente dejara el cargo ahora, la sucesión no sería automática ni mucho menos: el Rey tendría que abrir una ronda de consultas, proponer un candidato y, si en dos meses las Cortes no eligen a nadie, disolver y convocar elecciones. Un proceso que, en la práctica, dejaría al Gobierno en funciones durante semanas y a merced de una negociación que nadie quiere abrir en plena precampaña catalana.

El calendario legal cierra la puerta al adelanto electoral

La opción del adelanto electoral tampoco encaja. La Constitución impide disolver las Cortes antes de que transcurra un año desde la anterior disolución, que se produjo por Real Decreto 400/2023, de 29 de mayo. Es decir, que hasta finales de mayo de 2024 no se puede volver a convocar elecciones generales. Y aunque se pudiera, la Ley Electoral General obliga a que los comicios se celebren el día quincuagésimo cuarto posterior a la convocatoria, lo que situaría la cita, en el mejor de los casos, a finales de julio.

Hay quien sostiene que el presidente podría someterse a una moción de confianza para forzar a sus socios a retratarse y salir reforzado. El cálculo es arriesgado: la moción de confianza no es un cheque en blanco, y si se pierde, el Gobierno cae. Los números actuales del Congreso, con los apoyos que sostienen al Ejecutivo, permitirían ganarla, pero el desgaste de someter el cargo a votación sin necesidad es difícil de justificar ante el electorado propio.

Los socios parlamentarios no tienen incentivo para tumbar al Gobierno

El argumento que más peso tiene en el análisis es el de los incentivos. Los socios que sostienen al Gobierno no tienen ningún interés en provocar una crisis que les obligue a posicionarse de nuevo. Un grupo parlamentario que ha arrancado concesiones concretas —amnistía, transferencias, inversiones— no va a tirar por la borda ese capital político para abrir una negociación desde cero en un escenario electoral incierto.

La otra pata del asunto es la catalana. El PSOE llega a la cita catalana con la expectativa de mejorar sus resultados respecto a las generales, y cualquier movimiento en Madrid que desestabilice el tablero autonómico sería un regalo para la oposición. La campaña catalana se juega en clave local y un adelanto electoral general la fagocitaría por completo.

La amnistía y la ley del 'solo sí es sí', los frentes que siguen abiertos

El desgaste del Gobierno no viene de una crisis interna, sino de la acumulación de frentes. La ley de amnistía para los encausados del procés sigue su tramitación parlamentaria, con enmiendas y negociaciones de última hora. La ley del 'solo sí es sí', que el propio Ejecutivo impulsó, derivó en una revisión de condenas que la oposición ha utilizado como arma arrojadiza durante meses. Y el acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco ha sido otro de los puntos de fricción con los socios y con la opinión pública.

Ninguno de esos frentes, sin embargo, ha derivado en una ruptura de la mayoría parlamentaria. El Gobierno ha logrado sacar adelante sus presupuestos y sus principales iniciativas legislativas con los mismos apoyos que lo invistieron. La pregunta que sobrevuela es si esa mayoría aguantará hasta el final de la legislatura o si algún socio encontrará un motivo para romper antes.

El cálculo político: mejor dentro que fuera

La lectura más fría es la de quien sostiene que el presidente no tiene ningún incentivo para dimitir. Dentro del Gobierno conserva la inmunidad parlamentaria, controla el relato desde el Consejo de Ministros y mantiene la capacidad de nombrar y cesar a discreción. Fuera, con las investigaciones judiciales que afectan a su entorno familiar, estaría en una posición mucho más vulnerable.

Esa es, probablemente, la razón de fondo por la que la dimisión no está sobre la mesa. No es una cuestión de conciencia ni de responsabilidad política: es una cuestión de poder. Y el poder, en política, rara vez se suelta por voluntad propia.

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Al final, el lunes llegará, el presidente hablará y dirá lo que ya sabemos: que sigue. La única duda es cuánto tardará en convocar la próxima rueda de prensa para explicar por qué sigue.