Merz propone eliminar la renta ciudadana en Alemania
El canciller alemán, Friedrich Merz, ha anunciado la supresión de la renta ciudadana y su sustitución por un sistema básico de seguridad social. La reforma incluye sanciones por absentismo laboral: en caso de perder una jornada, el salario se reduce un 30%, en una segunda ocasión otro 30% y en una tercera el trabajador no cobra. La coalición que sostiene al Gobierno —democristianos y socialdemócratas— se ha mostrado dividida.
No es un ajuste contable. Es un cambio de doctrina. El principio de exigencia vuelve a la primera línea de la política social alemana, y con él regresa un viejo interrogante: ¿cuánto de red de seguridad y cuánto de disciplina laboral cabe en un Estado del bienestar que ya no puede pagar todo lo que prometió?
Qué cambia exactamente con la reforma del Bürgergeld
El anuncio de Merz no se limita a recortar. Rediseña el suelo de protección. La renta ciudadana desaparece como concepto y se sustituye por una prestación básica condicionada a la búsqueda activa de empleo. Quien pierda una jornada laboral verá reducido su salario un 30% en la primera ocasión, otro 30% en la segunda y, a la tercera, no cobrará nada.
La economía alemana lleva más de dos años en contracción. El Ministerio de Economía alemán calcula que el PIB solo crecerá un 0,2% este año. El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, ha pedido desde Atenas acelerar las reformas, eliminar burocracia y suavizar las exigencias del mercado laboral. El marco no invita al optimismo: la guerra comercial y los aranceles al motor han golpeado a BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen y Audi, el corazón industrial del país.
La coalición se rompe por dentro
Merz llegó al poder tras fracasar en su primera votación en el Bundestag e impulsó el llamado rearme europeo con un plan multimillonario de gasto en infraestructuras y Defensa. La coalición que armó entonces —CDU, CSU y SPD— ya cruje. Los socialdemócratas defienden el Estado del bienestar que ahora se recorta. Los Verdes han calificado la propuesta de «dura y fría». Su presidenta, Britta Habelmann, sostiene que «la CDU y el SPD quieren privar a la gente de todo lo que necesita para vivir».
Hay quien lee la reforma como un ajuste inevitable. Otros ven un experimento ideológico disfrazado de necesidad fiscal. La brecha no es solo entre partidos: atraviesa el propio electorado conservador, donde conviven el discurso del esfuerzo y la dependencia real de las transferencias públicas en las zonas industriales deprimidas.
El fraude del sistema y la letra pequeña que nadie discute
Una parte del análisis pone el foco en el fraude. Hay quien sostiene que basta con estar empadronado para cobrar, y que ciudadanos de otros países de la UE se registran en edificios ruinosos organizados por mafias para acceder a las ayudas. El mecanismo es conocido: la libre circulación comunitaria convierte el empadronamiento en puerta de entrada al sistema.
La crítica no se queda ahí. También apunta a los incentivos perversos del propio diseño: si la prestación se mantiene mientras se rechazan ofertas, el sistema deja de ser una red y se convierte en una alternativa. La pregunta incómoda es cuántos de los que cobran podrían trabajar y cuántos no. Nadie tiene el dato limpio.
El espejo español: del ingreso mínimo vital a la RGI vasca
La comparación con España aparece de inmediato. El ingreso mínimo vital funciona con lógica similar: la prestación se mantiene mientras se acepten las ofertas que proponga el organismo gestor. En el País Vasco, la Renta de Garantía de Ingresos ya obliga a aceptar los empleos sugeridos bajo amenaza de retirada.
La diferencia es de escala y de cultura administrativa.
Alemania discute ahora lo que aquí se aplica con cuentagotas. Y el resultado, en ambos casos, depende de algo que ningún decreto resuelve: si el mercado genera empleos que la gente esté dispuesta a aceptar. Con salarios que apenas superan la prestación, la decisión de trabajar o no deja de ser moral y se vuelve aritmética.
Queda un dato que descoloca. La economía alemana crecerá un 0,2% este año según el propio Ministerio de Economía. Si el problema fuera solo de incentivos, bastaría con apretar. Si el problema es que no hay a dónde ir, la reforma solo habrá cambiado el nombre de la cola.