Perro ha comunicado que no asistirá al funeral de las víctimas del accidente de tren de Urda alegando que no acude a actos religiosos, una postura que contrasta con su presencia en celebraciones católicas anteriores como la misa del Papa en Barcelona.
Perro ha comunicado que no asistirá al funeral de las víctimas del accidente de tren de Urda alegando que no acude a actos religiosos, una postura que contrasta con su presencia en celebraciones católicas anteriores como la misa del Papa en Barcelona.
La publicación en X de Bertrand Ndongo ha reavivado una polémica que mezcla lo institucional con lo religioso. En ella se acusa a Pedro Sánchez de faltar al respeto a los familiares de los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda por no asistir al funeral. El texto califica la decisión de «apuñalamiento» y sostiene que ir a un funeral no obliga a ser católico. La elección de palabras es extrema, pero el fondo del asunto es otro: ¿qué obliga a un cargo público a asistir a un acto religioso?
El argumento central del mensaje es que la asistencia a un funeral no requiere profesar la fe católica. Es una obviedad que conviene repetir: acompañar a las víctimas es un gesto civil, no un sacramento. El problema surge cuando ese mismo criterio se aplica de forma selectiva. La publicación recuerda que Sánchez ha participado en actos religiosos de gran visibilidad, como la misa del Papa en Barcelona. Ese contraste es el que alimenta la crítica.
No se trata de exigir una fe que nadie ha reclamado. Se trata de notar que la coherencia en lo público se mide por los actos, no por las explicaciones posteriores. Si un acto religioso sirve para representar a todos los ciudadanos en un momento de duelo, la excusa de la laicidad pierde fuerza.
El accidente de Urda dejó víctimas mortales y una comunidad rota. El funeral no es solo un rito: es el espacio donde las instituciones muestran su cercanía. Rechazarlo por motivos de conciencia es legítimo, pero exige una explicación que no suene a cálculo. La publicación no ofrece matices: habla de «matar» y de un «último y tremendo apuñalamiento». Ese tono no ayuda a entender nada, pero sí revela un malestar real.
La política española arrastra años de tensión entre la laicidad del Estado y la presencia pública de la religión. Los cargos electos asisten a misas, procesiones y funerales con regularidad. La pregunta no es si creen, sino si ese gesto forma parte de su responsabilidad institucional.
La polémica no se agota en Urda. La publicación menciona que «el diablo gobierna España», una hipérbole que sobra. Pero detrás de esa frase hay una discusión legítima sobre el papel de lo religioso en la esfera pública. La laicidad no consiste en borrar los ritos, sino en no imponerlos. Asistir a un funeral no es imponer nada: es acompañar.
La decisión de no acudir puede defenderse, pero entonces conviene explicar por qué otros actos religiosos sí merecieron presencia. La coherencia no es un adorno: es el único argumento que sostiene una postura pública. Sin ella, cualquier excusa suena a conveniencia.
Pedro Sánchez propina a los familiares de los fallecidos en el tren de Urda, un último y tremendo apuñalamiento. ¡Como si para ir a un funeral es obligatorio ser católico! El diablo gobierna España, no se esconden. Matan y dicen públicamente que se las suda el funeral. pic.twitter.com/Eh6izZfM8q
— Bertrand Ndongo Ver publicación en X