Plan de respuesta inmediata que llega una semana después
¿Cómo se llama un plan de respuesta inmediata que se anuncia cuando ya ha pasado una semana? El Gobierno lo ha bautizado como Plan de Respuesta Inmediata para los afectados por la DANA en Valencia, y el nombre ha sido lo primero que ha saltado por los aires. La discusión no va del dinero: va del calendario. Mientras el Ejecutivo presenta la ayuda como un despliegue urgente, la comparación con lo ocurrido en La Palma y en Canarias se ha convertido en el argumento más repetido para sostener que aquí se ha llegado tarde y con menos.
Qué contempla el plan y por qué se cuestiona su nombre
Según se sostiene en el debate, el plan se articula en tres patas: una comisión interministerial para coordinar el plan Valencia, la cooperación bilateral con la Generalitat y la petición de fondos a Europa. Es decir, sobre todo estructura política y gestión administrativa. Ese es el primer reproche que se le hace: la parte visible es el andamiaje institucional, no el dinero en el bolsillo del afectado.
La segunda objeción es el reloj. El propio nombre del plan,
respuesta inmediata, choca con el hecho de que se presente días después de la catástrofe. Hay quien lo resume con retintín: tres fases, y la primera es la respuesta inmediata, una semana más tarde. La ironía no es gratuita; es la crítica central del asunto.
La comparación con Canarias y La Palma
El argumento más repetido es el agravio comparativo. Se sostiene que Canarias y La Palma recibieron antes y más, y que Valencia queda por detrás. Hay quien va más lejos y afirma que el plan será igual que el de Canarias, con la diferencia de que aquí la gente está peor. La cifra que circula en el debate es la de 10.000 ayudas, de las cuales 5.000 serían créditos que, según esta lectura, nadie va a pedir porque no se los van a conceder o no los van a poder devolver, y los otros 5.000 irían repartidos entre ayuntamientos. El cálculo completo, desglosado partida a partida, deja una sensación de que el grueso del esfuerzo recae en crédito y no en transferencia directa.
El relato oficial y la desconfianza de fondo
La desconfianza no se limita al calendario. Buena parte del debate apunta a que el anuncio funciona como escudo político: se pide a Bruselas permiso para saltarse el límite de déficit por causas extraordinarias, algo que, se argumenta, ya se hizo en la pandemia. La sospecha es que el plan sirve tanto para atender a los afectados como para justificar el gasto y culpar a otros de la gestión.
Enfrente está la lectura institucional: sin comisión interministerial y sin acuerdo con la Generalitat no hay canal para ejecutar nada, y los fondos europeos exigen un marco que no se improvisa. Es el argumento menos ruidoso del debate, pero está ahí.
El choque sobre quién debe dimitir
La conversación deriva en un pulso sobre responsabilidades. Una parte sostiene que el foco debe estar en el president valenciano, al que se reprocha haber estado de comida mientras la riada avanzaba. Otra responde que el interés por esa dimisión es selectivo y que el mismo rasero no se aplica al Gobierno central. El intercambio acaba en insultos y en acusaciones cruzadas de hipocresía, sin que ninguna de las dos partes ceda.
El episodio del estado de alarma también entra en la refriega: se recuerda que se decretó con cuatro muertos de gripe y se pregunta por qué no se activó aquí ningún mecanismo extraordinario. La respuesta que se da desde el otro lado es que la figura legal aplicable era otra y que el daño ya estaba hecho cuando se resolvió.
Al final, el plan tiene nombre de urgencia, estructura de comisión y financiación de crédito. Los valencianos, mientras, siguen esperando la parte que se cobra. Y el único plazo que se ha cumplido con puntualidad es el de la polémica.