Boooooom ya esta liada: 1.500.000 funcionarios sin sanidad : dkv, asisa y adeslas rechazan el nuevo convenio con muface.

DKV, Asisa y Adeslas rompen Muface: 1,5 millones a la pública​

Solo tres aseguradoras sostenían la asistencia sanitaria de los funcionarios del Estado y las tres han dicho no a la vez. Asisa, DKV y Adeslas han rechazado renovar el concierto de Muface, el mecanismo por el que alrededor de 1,5 millones de personas reciben atención a través de pólizas privadas pagadas con dinero público. Si el pulso no se desatasca, ese contingente entra de golpe en la sanidad pública.

La paradoja tiene su gracia: el Estado paga para que un millón y medio de personas no cargue su propio sistema, y quienes cobran por atenderlas han decidido que ya no les compensa. Hay quien añade un problema de reparto: la comunidad con más funcionarios del Estado residentes sería Madrid, con diferencia, así que el posible atasco se concentraría allí.

¿Por qué las aseguradoras rechazan el convenio de Muface?​

Las compañías venían avisando. Pidieron al Gobierno una subida de primas cercana al 40%; el Ejecutivo puso encima de la mesa un 17%. Con esas cifras, DKV sostiene que las cuentas no salen. «Una empresa responsable y con una buena reputación en el mercado como la nuestra no puede permitirse continuar con estas condiciones», argumenta su consejero delegado, Fernando Campos, que avisa de que el arreglo repercutiría en la atención y en la retribución de los profesionales.

Los números que esgrime la compañía son explícitos: calcula en 74 millones de euros las pérdidas adicionales que le generaría el nuevo contrato de dos años, casi lo mismo que perdió en los tres ejercicios del convenio anterior. El argumento de fondo es un diferencial de costes que no para de abrirse: en los últimos diez años el gasto sanitario per cápita de las comunidades autónomas y las mutuas colaboradoras ha subido un 60,6%, mientras que la prima ponderada de Muface ha crecido un 31,6%, casi la mitad.

Traducido: el sector no discute la demanda, discute el precio que el Estado está dispuesto a pagar por ella. Y en ese pulso juega con la ventaja de saber que el alternativo, la sanidad pública, es ajeno a su cuenta de resultados.

Mugeju e Isfas sí, Muface no: dónde está el negocio​

El detalle que mejor retrata la negociación es la excepción. DKV no firma ninguna fórmula de aseguramiento a personal público, punto. Asisa y Adeslas, en cambio, mantienen la cobertura para los abogados del Estado (Mugeju) y para los militares (Isfas). Es decir, el portazo va al colectivo más numeroso, no al negocio entero.

¿Por qué ese reparto? Se apunta a una razón actuarial: los mutualistas de nuevo ingreso pueden decantarse por la sanidad pública y dejar en las mutuas a los grupos de más edad, con más consumo sanitario. Si el perfil que queda dentro encarece la prima media, Muface deja de ser un contrato atractivo incluso con subida.

¿Cuántos mutualistas pasarían a la sanidad pública y con qué capacidad?​

La magnitud que más se repite es la de 1,5 millones de personas, y en algunas estimaciones se habla de hasta dos millones si se suman clases pasivas. El debate inmediato es si el sistema aguanta ese trasvase sin que las listas de espera se disparen.

El precedente que se cita es el de las transferencias sanitarias a las comunidades: los colectivos que salieron entonces del sistema tuvieron que renunciar a Muface y acogerse a la Seguridad Social, y no consta que aquello reventara nada. En el lado contrario se argumenta que la sanidad pública ha absorbido en los últimos años la incorporación de millones de personas llegadas del exterior sin colapso visible. La conclusión cambia mucho según dónde se ponga el foco: urgencias y atención primaria o grandes hospitales.

El estudio que sostiene el sistema y el que lo hunde​

Circula un informe según el cual lo que paga Muface por mutualista atendido en la privada es menos que lo que le cuesta a la sanidad pública por paciente. Lo firma la Fundación IDIS, vinculada a las propias aseguradoras, lo que invita a leerlo con pinzas; en el debate se subraya además que el estudio no detalla de dónde salen sus cálculos.

Ese mismo cálculo, llevado al extremo, alimenta una propuesta recurrente: si atender por lo privado sale más barato, extiéndase Muface a toda la población. A esa idea se responde que nunca ha ocurrido, de modo que la premisa no se sostiene a esa escala.

La teoría del jaque: CaixaBank, el impuestazo y los votos​

En el terreno político se cruzan dos lecturas. Una, la puramente económica: el Gobierno tiene que decidir si sube la prima o asume el coste de integrar a un millón y medio de personas en la sanidad pública, con el desgaste electoral que eso supone en un colectivo tradicionalmente movilizado.

La otra lectura es más retorcida y se apoya en un dato societario: el 49,9% de Adeslas pertenece a CaixaBank, y el Ejecutivo mantiene abierto un pulso fiscal con la banca. De ahí se deduce una supuesta presión cruzada entre el impuesto al sector y el convenio sanitario. No hay confirmación alguna de esa conexión, pero la coincidencia de intereses da material para la sospecha.

¿Se arregla Muface con 100 millones más al año?​

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha apuntado una cifra concreta: bastaría con mejorar en 100 millones anuales la oferta rechazada para que el convenio saliera adelante. Es decir, el desfase entre lo que piden las aseguradoras y lo que ofrece el Gobierno tiene un orden de magnitud acotado.

Mientras, el procedimiento sigue su curso administrativo: la licitación ha quedado desierta y Muface iniciará los trabajos para una nueva licitación. La prórroga forzosa de nueve meses, amparada en la ley de contratos del sector público, da aire y compra tiempo.

Con esas piezas sobre la mesa, ¿quién cede primero: quien tiene la impresora o quien tiene la sartén? Nadie ha explicado aún qué ocurre con las pólizas ya firmadas ni qué pasa si la segunda licitación vuelve a quedarse vacía.