Solidario García
Madmaxista
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El 15 de octubre, tras una manifestación en defensa del derecho a la vivienda, la plaza situada frente a Termini, la principal estación de tren de la capital italiana, pasó a llamarse “Piazza Maricarmen Abascal”. Tras la concurrida asamblea, el espacio quedó ocupado por decenas de tiendas de campaña en señal de protesta contra la crisis de la vivienda y el encarecimiento de la vida.
“Queremos relanzar el mensaje que nos ha llegado desde España y, por eso, hemos bautizado esta plaza con el nombre de Maricarmen. Queremos que sea la ‘plaza de la dignidad’”, explicó durante la asamblea Paolo Di Vetta, de los Blocchi Precari Metropolitani.
“Hacemos un llamamiento a toda la ciudad para que el Gobierno escuche el grito de millones de personas que sufren la inseguridad habitacional. Nuestros adversarios no son los pequeños propietarios, sino los grandes especuladores y las empresas que poseen cientos, miles de viviendas y que desahucian a los inquilinos sin preocuparse por el destino de quien es echado a la calle, a veces para dejar espacio a los turistas”, subrayó el veterano del movimiento por la vivienda de Roma.
Cada día, la acampada acoge asambleas y reuniones, y el micrófono da voz a los movimientos estudiantiles y juveniles, a los sindicatos y a los comités de barrio. El lunes también llegaron los conductores de los camiones que transportan comida y mercancías y que, desde hace semanas, bloquean decenas de carreteras y autopistas por todo el sur de Italia, dejando a los supermercados sin suministros.
El objetivo es hacer que las diferentes luchas converjan en una plataforma común de cara a la huelga general convocada el 30 de octubre por la Unión Sindical de Base, coincidiendo con la movilización internacional de los trabajadores portuarios. La protesta pide un aumento de salarios y derechos, y rechaza el incremento del gasto militar.
“Estamos en la calle para dar voz a quienes sufren”, explicó Maria Vittoria Molinari, del sindicato de inquilinos Asia-USB. En 2025, en Italia se registraron 33.000 desahucios, mientras que a 74.000 personas que no podían pagar las cuotas de la hipoteca se les embargaron los pisos en los que vivían, relata. En su intervención también ocupó un lugar central la referencia a lo que está ocurriendo en España: “La plaza dedicada a Maricarmen representa la historia de tantos hombres y mujeres que en este país han sido expulsados de sus hogares sin contar con la solidaridad de ninguna institución”.
En el punto de mira de los movimientos sociales y los sindicatos se encuentra, sobre todo, el Plan de Vivienda del Gobierno de derechas liderado por Giorgia Meloni, que, por un lado, promete resolver los problemas de quienes buscan una vivienda a precios asequibles, pero, por otro, pretende facilitar y agilizar los desahucios.
“Desde hace años, la vivienda pública y los planes nacionales de vivienda ya no son una opción al alcance de quienes se enfrentan a la crisis de la vivienda, porque los gobiernos han dado prioridad exclusivamente a los intereses de constructores y fondos inmobiliarios”, denunció Margherita Grazioli, investigadora y activista.
Para ella, el último Plan de Vivienda de Meloni no es una excepción: ofrece a los fondos inmobiliarios la posibilidad de realizar grandes inversiones y, por otro, propone un proyecto de ley sobre desahucios que “provocará una carnicería social”. La nueva ley permite a los propietarios encargar la ejecución de los desahucios a empresas de seguridad privada; establece “un registro nacional de inquilinos insolventes, que marcará de por vida a quienes hayan tenido dificultades para pagar el alquiler” e introduce una multa de 50 euros al día para los inquilinos que no abandonen la vivienda de la que son desahuciados.
Según Paolo Di Vetta, aunque el Plan de Vivienda prevé la rehabilitación y la entrega de 60.000 viviendas sociales que no son habitables, el proyecto acumula “un retrat considerable”. Por el contrario, el Gobierno pretende atraer las inversiones de los grandes fondos inmobiliarios internacionales, explica, que podrán construir un gran número de viviendas destinadas a un mercado caracterizado por precios cada vez más altos, aunque deberán reservar un pequeño porcentaje de ellas para las personas con bajos ingresos.
En Italia, entre 2020 y 2026, el precio de los alquileres ha aumentado un 33%, mientras que salarios y pensiones se han mantenido entre los más bajos de Europa. La situación se ha complicado aún más ahora que la fuerte subida del precio de los combustibles ha provocado un repunte de la inflación.
La especulación inmobiliaria y la proliferación de los alquileres turísticos hacen cada vez más difícil encontrar vivienda, sobre todo para los jóvenes trabajadores, a menudo con contratos precarios, que se ven obligados a trasladarse fuera de las grandes ciudades. Los datos del Gobierno sobre desahucios reflejan esta dinámica: si bien en los últimos años los desahucios en las ciudades más pobladas están disminuyendo, están aumentando en las localidades pequeñas y medianas. La crisis se extiende y afecta no solo a los habitantes tradicionales de las ciudades más pequeñas, sino también a quienes pensaban encontrar un alivio alejándose de las capitales regionales.
Ante una situación cada vez más insostenible, las instituciones siguen alimentando la ilusión fallida de un “país de propietarios”, al tiempo que extienden la alfombra roja a la especulación inmobiliaria, que obtiene de los ayuntamientos edificios públicos para convertirlos en oportunidades de negocio. Esto es lo que ocurre con las numerosas residencias de estudiantes privadas, financiadas con fondos públicos, que se multiplican en las ciudades italianas.
Al mismo tiempo, los ayuntamientos, en lugar de ampliar la oferta de viviendas sociales a precios regulados para satisfacer la demanda de 300.000 familias que llevan entre diez y 15 años esperando que se cubra su necesidad de un techo, siguen vendiendo a particulares otras partes del patrimonio inmobiliario público. Esto también ocurre en Roma —gobernada por el Partido Demócrata y partidos de centro-izquierda—, donde el organismo que gestiona las viviendas sociales ha puesto a la venta unas treinta en el centro de la ciudad.
La investigadora Chiara Davoli califica de “ambiguas” las políticas de vivienda del alcalde Roberto Gualtieri. “El Ayuntamiento de Roma afirma que defiende el derecho a la vivienda, reivindica la compra de mil viviendas puestas a la venta por la fundación privada Enasarco y ha presentado una oferta para adquirir, a la sociedad de gestión de activos Investire, el edificio que durante años fue escenario de la ocupación habitacional conocida como Spin Time, desalojada el verano pasado”, recuerda la socióloga.
Turistas frente a la Catedral de Santa María del Fiore, en Florencia.
17/07/2026
Pero luego, contrapone, el equipo de gobierno de centro-izquierda colabora de “forma constante” con los grandes inversores. En marzo, argumenta, el alcalde y dos concejales participaron en Cannes, en Francia, en la feria inmobiliaria más importante de Europa, para promover las inversiones en Roma “ofreciendo el patrimonio público de la ciudad”. El 21 de octubre participarán en la feria Investire in Roma junto con los principales actores de la especulación inmobiliaria. “El Ayuntamiento decide la gestión de la ciudad con inversores y fondos inmobiliarios para luego llevar las decisiones al pleno municipal. Una combinación de lógicas financieras, turísticas y especulativas conduce a la aprobación de muchos proyectos presentados como de regeneración y re-calificación urbana, pero que en realidad son operaciones de carácter especulativo”, sostiene.
Los ejemplos, que en la capital italiana han generado fuertes protestas y el surgimiento de varios comités de ciudadanos, son muchos. Para Davoli, un caso emblemático es la concesión, por 60 años, al gigante inmobiliario estadounidense Hines, de los antiguos Mercados Generales, para la construcción de 2.000 plazas de alojamiento para estudiantes con precios en torno a los mil euros al mes. Además, continúa esta investigadora, el Ayuntamiento ha cedido a particulares un antiguo cuartel y un antiguo depósito de autobuses urbanos, pretende construir un nuevo estadio talando cuatro hectáreas de bosque cerca de un hospital. Otro proyecto es la construcción de un gran puerto privado en Fiumicino gestionado por Royal Caribbean y el fondo estadounidense iCON. Otro, una incineradora que tendrá un elevado impacto medioambiental. “El objetivo es atraer una gran cantidad de capital privado para suplir la falta de fondos públicos con el fin de transformar la ciudad, que, sin embargo, acaba modelándose en función de los intereses y las necesidades de los inversores y no de los residentes”, explica Davoli a El Salto.
“Queremos relanzar el mensaje que nos ha llegado desde España y, por eso, hemos bautizado esta plaza con el nombre de Maricarmen. Queremos que sea la ‘plaza de la dignidad’”, explicó durante la asamblea Paolo Di Vetta, de los Blocchi Precari Metropolitani.
“Hacemos un llamamiento a toda la ciudad para que el Gobierno escuche el grito de millones de personas que sufren la inseguridad habitacional. Nuestros adversarios no son los pequeños propietarios, sino los grandes especuladores y las empresas que poseen cientos, miles de viviendas y que desahucian a los inquilinos sin preocuparse por el destino de quien es echado a la calle, a veces para dejar espacio a los turistas”, subrayó el veterano del movimiento por la vivienda de Roma.
Cada día, la acampada acoge asambleas y reuniones, y el micrófono da voz a los movimientos estudiantiles y juveniles, a los sindicatos y a los comités de barrio. El lunes también llegaron los conductores de los camiones que transportan comida y mercancías y que, desde hace semanas, bloquean decenas de carreteras y autopistas por todo el sur de Italia, dejando a los supermercados sin suministros.
El objetivo es hacer que las diferentes luchas converjan en una plataforma común de cara a la huelga general convocada el 30 de octubre por la Unión Sindical de Base, coincidiendo con la movilización internacional de los trabajadores portuarios. La protesta pide un aumento de salarios y derechos, y rechaza el incremento del gasto militar.
“Estamos en la calle para dar voz a quienes sufren”, explicó Maria Vittoria Molinari, del sindicato de inquilinos Asia-USB. En 2025, en Italia se registraron 33.000 desahucios, mientras que a 74.000 personas que no podían pagar las cuotas de la hipoteca se les embargaron los pisos en los que vivían, relata. En su intervención también ocupó un lugar central la referencia a lo que está ocurriendo en España: “La plaza dedicada a Maricarmen representa la historia de tantos hombres y mujeres que en este país han sido expulsados de sus hogares sin contar con la solidaridad de ninguna institución”.
En el punto de mira de los movimientos sociales y los sindicatos se encuentra, sobre todo, el Plan de Vivienda del Gobierno de derechas liderado por Giorgia Meloni, que, por un lado, promete resolver los problemas de quienes buscan una vivienda a precios asequibles, pero, por otro, pretende facilitar y agilizar los desahucios.
“Desde hace años, la vivienda pública y los planes nacionales de vivienda ya no son una opción al alcance de quienes se enfrentan a la crisis de la vivienda, porque los gobiernos han dado prioridad exclusivamente a los intereses de constructores y fondos inmobiliarios”, denunció Margherita Grazioli, investigadora y activista.
Para ella, el último Plan de Vivienda de Meloni no es una excepción: ofrece a los fondos inmobiliarios la posibilidad de realizar grandes inversiones y, por otro, propone un proyecto de ley sobre desahucios que “provocará una carnicería social”. La nueva ley permite a los propietarios encargar la ejecución de los desahucios a empresas de seguridad privada; establece “un registro nacional de inquilinos insolventes, que marcará de por vida a quienes hayan tenido dificultades para pagar el alquiler” e introduce una multa de 50 euros al día para los inquilinos que no abandonen la vivienda de la que son desahuciados.
Según Paolo Di Vetta, aunque el Plan de Vivienda prevé la rehabilitación y la entrega de 60.000 viviendas sociales que no son habitables, el proyecto acumula “un retrat considerable”. Por el contrario, el Gobierno pretende atraer las inversiones de los grandes fondos inmobiliarios internacionales, explica, que podrán construir un gran número de viviendas destinadas a un mercado caracterizado por precios cada vez más altos, aunque deberán reservar un pequeño porcentaje de ellas para las personas con bajos ingresos.
En Italia, entre 2020 y 2026, el precio de los alquileres ha aumentado un 33%, mientras que salarios y pensiones se han mantenido entre los más bajos de Europa. La situación se ha complicado aún más ahora que la fuerte subida del precio de los combustibles ha provocado un repunte de la inflación.
La especulación inmobiliaria y la proliferación de los alquileres turísticos hacen cada vez más difícil encontrar vivienda, sobre todo para los jóvenes trabajadores, a menudo con contratos precarios, que se ven obligados a trasladarse fuera de las grandes ciudades. Los datos del Gobierno sobre desahucios reflejan esta dinámica: si bien en los últimos años los desahucios en las ciudades más pobladas están disminuyendo, están aumentando en las localidades pequeñas y medianas. La crisis se extiende y afecta no solo a los habitantes tradicionales de las ciudades más pequeñas, sino también a quienes pensaban encontrar un alivio alejándose de las capitales regionales.
Ante una situación cada vez más insostenible, las instituciones siguen alimentando la ilusión fallida de un “país de propietarios”, al tiempo que extienden la alfombra roja a la especulación inmobiliaria, que obtiene de los ayuntamientos edificios públicos para convertirlos en oportunidades de negocio. Esto es lo que ocurre con las numerosas residencias de estudiantes privadas, financiadas con fondos públicos, que se multiplican en las ciudades italianas.
Al mismo tiempo, los ayuntamientos, en lugar de ampliar la oferta de viviendas sociales a precios regulados para satisfacer la demanda de 300.000 familias que llevan entre diez y 15 años esperando que se cubra su necesidad de un techo, siguen vendiendo a particulares otras partes del patrimonio inmobiliario público. Esto también ocurre en Roma —gobernada por el Partido Demócrata y partidos de centro-izquierda—, donde el organismo que gestiona las viviendas sociales ha puesto a la venta unas treinta en el centro de la ciudad.
La investigadora Chiara Davoli califica de “ambiguas” las políticas de vivienda del alcalde Roberto Gualtieri. “El Ayuntamiento de Roma afirma que defiende el derecho a la vivienda, reivindica la compra de mil viviendas puestas a la venta por la fundación privada Enasarco y ha presentado una oferta para adquirir, a la sociedad de gestión de activos Investire, el edificio que durante años fue escenario de la ocupación habitacional conocida como Spin Time, desalojada el verano pasado”, recuerda la socióloga.
Turistas frente a la Catedral de Santa María del Fiore, en Florencia.
17/07/2026
Pero luego, contrapone, el equipo de gobierno de centro-izquierda colabora de “forma constante” con los grandes inversores. En marzo, argumenta, el alcalde y dos concejales participaron en Cannes, en Francia, en la feria inmobiliaria más importante de Europa, para promover las inversiones en Roma “ofreciendo el patrimonio público de la ciudad”. El 21 de octubre participarán en la feria Investire in Roma junto con los principales actores de la especulación inmobiliaria. “El Ayuntamiento decide la gestión de la ciudad con inversores y fondos inmobiliarios para luego llevar las decisiones al pleno municipal. Una combinación de lógicas financieras, turísticas y especulativas conduce a la aprobación de muchos proyectos presentados como de regeneración y re-calificación urbana, pero que en realidad son operaciones de carácter especulativo”, sostiene.
Los ejemplos, que en la capital italiana han generado fuertes protestas y el surgimiento de varios comités de ciudadanos, son muchos. Para Davoli, un caso emblemático es la concesión, por 60 años, al gigante inmobiliario estadounidense Hines, de los antiguos Mercados Generales, para la construcción de 2.000 plazas de alojamiento para estudiantes con precios en torno a los mil euros al mes. Además, continúa esta investigadora, el Ayuntamiento ha cedido a particulares un antiguo cuartel y un antiguo depósito de autobuses urbanos, pretende construir un nuevo estadio talando cuatro hectáreas de bosque cerca de un hospital. Otro proyecto es la construcción de un gran puerto privado en Fiumicino gestionado por Royal Caribbean y el fondo estadounidense iCON. Otro, una incineradora que tendrá un elevado impacto medioambiental. “El objetivo es atraer una gran cantidad de capital privado para suplir la falta de fondos públicos con el fin de transformar la ciudad, que, sin embargo, acaba modelándose en función de los intereses y las necesidades de los inversores y no de los residentes”, explica Davoli a El Salto.
