La batalla judicial de Begoña Gómez se cruza con el G-20 de Brasil
Las acusaciones populares personadas en la causa abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, han solicitado al juez Juan Carlos Peinado que le retire el pasaporte. El motivo: evitar que viaje a Brasil para asistir a la cumbre del G-20 y garantizar que acuda a declarar. La citación judicial coincide con el viaje oficial, y desde la acusación se cuestiona cuál es el papel de la esposa del presidente en una cumbre internacional.
¿Riesgo de fuga o estrategia política?
Los argumentos de la acusación son claros: la imputada tiene medios para evadirse, y la coincidencia del G-20 con una citación judicial genera sospechas. El juez ya ha advertido que si no comparece el lunes, ordenará su detención. Sin embargo, otras voces consideran que se trata de una maniobra de desgaste político contra Sánchez, y que las acusaciones carecen de base sólida. Señalan que las imputaciones anteriores —los casos de Venezuela, la trama Aldama o las comisiones de los Hidalgo— no han prosperado, y que esta es una "chorrada sin recorrido penal".
El coste del viaje y la agenda oficial
Más allá del debate judicial, el episodio deja preguntas incómodas sobre el uso de fondos públicos. ¿Qué justifica el desplazamiento de la esposa del presidente a una cumbre internacional si no tiene agenda oficial? Mientras tanto, la defensa de Begoña Gómez sostiene que tiene derecho a acompañar a su marido y que la invitación formal de Brasil avala su presencia. Pero el juez no parece dispuesto a ceder: el pasaporte podría acabar retenido hasta que declare.
Con estos mimbres, el culebrón judicial de la esposa de Sánchez tiene un nuevo episodio antes del despegue. La decisión del juez Peinado marcará si el G-20 se hace con o sin la "acompañante-garrapata", como la llaman algunos. Mientras, el relato oficial se resquebraja entre acusaciones de lawfare y evidencias de trato de favor. La pelota sigue en el tejado judicial.