pilinguin nos marca el camino: hay que desnazificar Cataluña y Vascongadas igual que Ucrania

Del Donbás a Cataluña: la 'desnazificación' que se discute en España​

Desnazificar Cataluña y el País Vasco. La fórmula, calcada del vocabulario con el que Moscú justificó la invasión de Ucrania, se ha instalado en el debate español hasta convertirse en el eje de una discusión con varios frentes. El planteamiento de partida es explícito: aplicar a Cataluña y a Euskadi el mismo marco con el que Rusia presenta su ofensiva en el Donbás. Detrás de la consigna hay tres asuntos que sí se discuten con números —la presencia del castellano en las aulas catalanas, el umbral de votos para aceptar una independencia y la legalidad de los partidos independentistas— y que pesan bastante más que el titular provocador.

El envoltorio es boutade; el fondo toca la sala de máquinas del Estado. Qué se puede prohibir, qué se puede votar y en qué lengua se educa. Ahí no hay consigna que valga.

El paralelismo entre Ucrania y el conflicto catalán​

El hilo conductor es una equivalencia que se repite: lo que se describe como imposición del catalán en Cataluña y del euskera en Euskadi sería lo mismo que la limitación del ruso en Ucrania. Hay quien va más lejos y sitúa el origen del principio de autodeterminación en la administración estadounidense de Woodrow Wilson durante la Primera Guerra Mundial, como herramienta para desestabilizar Europa. La tesis circula sin ninguna prueba que la respalde. La misma sospecha se extiende a supuestos planes coordinados de Washington, Tel Aviv y Rabat, igual de indemostrados.

En el otro lado de la balanza se recuerda que los estados del sur de Estados Unidos intentaron separarse y no se les permitió. El ejemplo sirve para subrayar que la autodeterminación se aplica con criterios distintos según quién la pida. Y una tercera vía, la del argumento más ambicioso, sostiene que Cataluña es «instrumental a un propósito mayor» dentro de un reajuste global del orden internacional en el que también encajaría la volatilidad de las criptomonedas. Quien lo defiende no da nombres ni pruebas.

¿Cuántos votos hacen falta para independizarse?​

Al menos dos tercios. Es la cifra que se defiende en la conversación como requisito para aceptar un resultado favorable a la independencia, frente a la mayoría simple, considerada insuficiente por ajustada. El razonamiento: una decisión irreversible para el conjunto del país no debería tomarse con la mitad más uno. Con ese umbral, además, se repartiría la deuda en proporción a la población y cada parte seguiría su camino.

La objeción llega desde el otro flanco y apunta al corazón del asunto. Si el referéndum se plantea como autodeterminación, la mitad que pierde deja de tener derecho a decidir nada a partir de ese momento; el ejercicio, por tanto, sería antidemocrático en su propia definición. El precedente canadiense, citado por el caso de Quebec, se despacha como lamentable. Otro argumento remite a las memorias de Cambó para sostener que el destino de Cataluña se decide en instancias que trascienden a los votantes.

¿Qué pasa con el castellano en las escuelas catalanas?​

Un 25% de presencia obligatoria del castellano. Es el porcentaje que se maneja para hablar de la situación en las aulas catalanas, dentro de una queja sostenida sobre la marginación del español en la enseñanza. Para comparar, otra intervención aporta un dato distinto: en 1978, se afirma, el 100% de la población española tenía el castellano como lengua materna y el euskera quedaba reducido a núcleos muy pequeños, hablantes que además lo ocultaban. De ahí se extrae la conclusión de que lo impuesto no ha sido precisamente el castellano.

Ninguna de las dos cifras viene acompañada de fuente estadística. Son afirmaciones de parte, y como tales conviene leerlas. Lo que sí aparece claro es que la lengua se ha convertido en el terreno donde el conflicto se libra con más intensidad y menos ruido.

Ilegalizar partidos o dejar votar: las salidas enfrentadas​

En el capítulo de soluciones el abanico se abre sin pudor. Una corriente defiende ilegalizar a los partidos independentistas y tipificar como delito el menosprecio a España, incluida la apología del separatismo. Otra entiende que la vía es puramente política: si una mayoría clara quiere marcharse, se le deja, con reparto de deuda y fronteras. Y una franja más extrema reclama el uso de la fuerza contra las instituciones catalanas, con el ejército como instrumento para revertir la situación lingüística y administrativa.

Frente a eso se alza un argumento difícil de rebatir: ningún cuerpo militar sería aceptado por la población civil de los territorios históricos, porque su historial se asocia a los episodios más duros. Para justificar la vía dura se argumenta también que años de diálogo y renuncia a la revancha solo han servido para que la banda terrorista ETA acabara presente en las instituciones y con su relato asumido. Hay, por último, quien propone el camino administrativo —cortar financiación y renovar el personal— con un horizonte de diez a quince años. Es la versión lenta de la misma idea.

Qué se puede esperar​

Con estos mimbres, un desenlace limpio parece improbable. Si el lenguaje de la desnazificación se consolida como marco de referencia, lo más probable es que el siguiente movimiento no llegue por la vía del referéndum, sino por la administrativa: financiación, competencias y lengua en la escuela, que es donde se juega el día a día. Puede ocurrir lo contrario —un pacto que desactive el conflicto—, pero para eso harían falta dos cosas que ahora mismo no ofrece ninguna de las posiciones: una mayoría muy holgada y ganas de renunciar a la victoria completa.