Plataforma afectador por las preferentes de Bankia?

Preferentes de Bankia: 187.000 afectados y 6.000 millones en juego​

Mayo de 2013. Un ahorrador jubilado descubre que los casi 100.000 euros que creía tener en un producto seguro de su oficina de siempre no eran un depósito. La pregunta que se repite a su alrededor —dónde hay una plataforma de afectados, qué se puede hacer— la comparten miles de personas del mismo perfil: gente de toda la vida, poco formada en finanzas, que se fio de la palabra del empleado de la sucursal. El canje obligatorio por acciones de Bankia, con fecha señalada para el 28 de mayo, convierte la inquietud en urgencia.

Qué se le vendió a quien creía firmar un plazo fijo​

El producto estrella eran participaciones preferentes y deuda subordinada. Se presentaban como algo semejante a un depósito, sin riesgo visible y con la promesa implícita de que siempre habría mercado para deshacerse de él. La entidad llevaba años emitiendo deuda de ese tipo y el balance que se exhibía parecía sólido; después se comprobó que no lo era. En muchos casos pesó la relación de años con el empleado de la oficina, que era quien había gestionado antes los depósitos y las cuentas remuneradas. La información que se dio al cliente es el eje de todo el conflicto.

Las acusaciones que recorren estos casos hablan de colocación con información incompleta a perfiles que no podían asumir el riesgo. Se cita incluso un supuesto extremo: una persona que firmaba con la huella dactilar, enferma de alzhéimer, con la pensión mínima y con 9.000 euros colocados a perpetuidad. No es la regla, pero explica por qué la palabra estafa aparece en casi todas las conversaciones.

Las cifras: 5.000 millones, 187.000 afectados y una quita del 18%​

Los números que se manejan son de otra escala. La asociación de usuarios de banca ADICAE, presidida por Manuel Pardos, calcula en torno a 6.000 millones de euros el montante del caso Bankia. Fuentes próximas a la entidad hablan de 5.000 millones y de 187.000 afectados. Y el problema no acaba ahí: los mismos productos tóxicos se distribuyeron en Novacaixagalicia, Catalunya Banc y Caja Castilla La Mancha.

En cuanto a lo que se puede recuperar, el escenario que se dibuja es el de una quita. Para la deuda subordinada con vencimiento se apunta a una pérdida aproximada del 18%, y se da por hecho que los preferentistas tendrán que asumir un recorte mayor. Es decir, incluso ganando, no se vuelve al punto de partida.

¿Arbitraje o juzgado? El dilema que retrasa las decisiones​

El arbitraje tiene dos ventajas obvias: no cuesta dinero y es más rápido. El problema es que hasta el final del proceso el afectado no sabe cuánto va a percibir. Los laudos favorables se concentran en importes por debajo de los 10.000 euros, y son pocos: no llegan al centenar. A eso se suma la sospecha sobre la independencia de la firma auditora que participa en el procedimiento, cuestionada abiertamente por los afectados.

La vía judicial, en cambio, está dando sentencias favorables con una frecuencia creciente, pero se enfrenta a dos muros: los recursos sistemáticos de la entidad y la duda de si habrá dinero para pagar. Hay quien sostiene que para importes pequeños el arbitraje compensa porque se pierde poco; para cantidades mayores, el consenso es que hay que ir a los tribunales sí o sí. El cálculo fino —plazos, costes y porcentaje recuperable según el tramo— es justo lo que nadie termina de cerrar.

Dónde acudir: asociaciones, bufetes y demanda colectiva​

La lista de puertas a las que llamar es larga: ADICAE, OCU, AECCI o AFI llevan el asunto, y la primera convoca asambleas informativas en Madrid los lunes y los martes. Su demanda colectiva civil permite personarse por una cantidad modesta, en torno a los 150 euros. Un abogado particular para un solo cliente, en cambio, se mueve entre los 2.000 y los 3.000 euros. Los bufetes especializados aplican otro modelo: una comisión por llevar el caso a juicio y un porcentaje solo si se gana. Entre los nombres que circulan están Arriaga, Rosales, Durán y Chamorro, además de algún despacho valenciano que presume de pleno de éxitos.

La solidaridad vecinal también aparece en estas conversaciones. Alguien preguntó en broma si el afectado tenía escopeta. La respuesta: varias, de caza, y ninguna intención de usarlas. El humor negro no rebaja la cifra.

El canje por acciones y el tríptico de Blesa​

Bankia envió una comunicación inquietante: o se cambiaba voluntariamente por acciones o se hacía el cambio de oficio. La operación llegó con la acción en un precio que muchos consideraban irreal. En paralelo, el expresidente de la entidad, Miguel Blesa, declaró que cualquiera que tuviera «mínima curiosidad» por estos productos «debería haber leído el tríptico». En las sucursales, en cambio, se alegaba desconocer el producto. La entidad llegó a recomendar a sus clientes con subordinadas que vendieran y retiraran la demanda.

Para importes superiores a los 10.000 euros la decisión se impone sola: anular el contrato por la vía civil y, después, una demanda penal por estafa. La mayoría de los pleitos se están ganando, pero cobrar es otro asunto, y varios afectados lo comparan ya con un corralito. El punto exacto donde esto se atasca es la solvencia: con 187.000 afectados y una entidad sostenida desde fuera, recuperar el dinero depende de un pagador que nadie identifica con claridad.