POCOS forasteroS VIENEN...

733 euros al mes: el subsidio que agita el debate migratorio​

Una cifra recorre los foros económicos: 733,60 euros mensuales. Es el resultado de dividir 8.803,20 euros anuales entre doce. La cantidad coincide con el importe de la pensión no contributiva que perciben determinados inmigrantes mayores de 65 años tras acreditar diez años de residencia legal en España. El dato, extraído del debate público, reabre la discusión sobre el coste y el diseño de las prestaciones vinculadas a la inmigración.

La cuantía no es trivial: supera el salario mínimo interprofesional de algunos países del entorno. Sin embargo, quienes defienden el sistema argumentan que se trata de un derecho adquirido tras años de cotización o residencia. El escepticismo se centra en dos puntos: la facilidad para falsear los años de residencia y la posibilidad de que los ingresos declarados sean en negro, lo que permitiría acceder a la ayuda sin haber contribuido realmente.

El debate adquiere un tono más crudo cuando se cruza con la política. Algunos analistas apuntan a que estas ayudas funcionan como un mecanismo de fidelización electoral: cada beneficiario puede traducirse en un voto cautivo para los partidos que mantienen o amplían el sistema. No es una idea nueva; recuerda a la polémica del subsidio agrario en Andalucía y Extremadura, que pervive década tras década con independencia del signo político del gobierno.

Más allá de las acusaciones, lo cierto es que el sistema de prestaciones no contributivas para inmigrantes mayores de 50 años –colectivo que crece– supone una partida presupuestaria nada despreciable. A los 733 euros de base se suman complementos por alquiler, transporte o medicamentos. El coste agregado es difícil de calcular con precisión, pero cualquier proyección a diez años vista inquieta a los responsables del gasto público.

La sorpresa del debate no está tanto en la cuantía, ya conocida, como en la naturalidad con que se asume su perpetuidad. Quienes la critican pronostican que ningún partido la eliminará, sino que se actualizará con el IPC. El subsidio, como tantos otros, parece haber llegado para quedarse. La pregunta que flota es si el sistema de bienestar puede sostener indefinidamente pagos de 733 euros mensuales a un colectivo que no ha cotizado lo suficiente o si, llegado el momento, la factura pasará factura.