El umbral del 3,5% que España no ha transpuesto y que dejaría fuera a Podemos, Junts y PNV
Un reglamento del Consejo de la Unión Europea aprobado el 3 de mayo de 2022 fija un umbral mínimo del 3,5% para las circunscripciones que eligen más de 60 escaños. España entra en ese grupo. Y España no lo ha transpuesto. La paradoja es de manual: la norma que, según un cálculo que circula en el debate, dejaría fuera del Parlamento Europeo a Podemos, Junts y PNV existe, está publicada y, a la fecha de esta discusión, no consta que se haya incorporado al ordenamiento nacional. El resultado es que Irene Montero ya ha recogido su acta de eurodiputada mientras la blogosfera discute si eso es un error, un fraude o simplemente un papel mojado.
Qué dice exactamente el artículo 13 del reglamento europeo
El texto es más claro de lo que algunos querrían. El apartado 13.1 permite a los Estados miembros fijar un umbral que no supere el 5%. El 13.2 obliga a fijar un umbral no inferior al 3,5% en las circunscripciones con más de 60 escaños. España reparte 61. La conclusión aritmética que sostienen varios participantes es que Podemos, con menos de ese porcentaje, se queda fuera. Junts y PNV, también.
El problema es que el reglamento no se aplica solo. Necesita transposición al derecho nacional, y ahí es donde el asunto se enreda. Hay quien sostiene que el texto entró en vigor el primer día del mes siguiente a su aprobación por los Estados miembros conforme a sus normas constitucionales, y que ese trámite sigue pendiente en España. Otros apuntan a una exención del apartado 13.3 para minorías lingüísticas que podría servir de coladero a Junts o PNV, pero no a Podemos.
La discusión derivó pronto hacia un terreno más incómodo: si el reglamento estaba vigente, ¿cómo es que nadie en política, con miles de asesores y funcionarios, se dio cuenta de un detalle que eliminaba escaños de tres partidos? La respuesta más repetida es la menos épica: porque no se había transpuesto.
Reglamento, directiva o brindis al sol: el lío jurídico
La confusión entre reglamento y directiva atravesó toda la conversación. Un reglamento europeo es directamente aplicable; una directiva exige transposición. La resolución del Parlamento Europeo de 3 de mayo de 2022 es un reglamento del Consejo, lo que en teoría endurece el argumento. En la práctica, la aplicación efectiva quedó en el aire.
Hay quien lo comparó con la amnistía: al final, lo que cuenta no es lo que dice el texto, sino la interpretación de quien corresponde y los acuerdos a los que se llegue. Una corriente de análisis sostiene que el umbral acabará aprobándose cuando haya mayoría suficiente para ello, y que entonces afectará a todos los partidos pequeños por igual. Otra recuerda que la norma lleva dos años publicada y nadie ha movido un dedo.
El detalle que zanjó parte del debate fue el acta. Irene Montero es eurodiputada. El reglamento, en la práctica, no se lo impidió.
El cálculo político: a quién beneficia y a quién hunde
El umbral del 3,5% no es neutral. Con esa barrera, el reparto de escaños españoles en Estrasburgo se concentraría en los partidos grandes. Podemos desaparecería del mapa europeo. Junts y PNV perderían representación directa. Y el beneficiario evidente sería el PSOE, que vería reducida la competencia por su flanco izquierdo.
Eso explica por qué el Gobierno no tiene prisa. También explica por qué la norma genera tanto ruido en según qué sectores. La pregunta que sobrevuela es si el umbral se aplicará alguna vez en España o si quedará como esos reglamentos que se aprueban en Bruselas y se olvidan en Madrid.
La trastienda: escaños provisionales, actas y mercadonas
La asignación provisional de escaños fue el detonante. Podemos, Junts y PNV aparecían en el reparto inicial. La tesis de que debían retirarse por no alcanzar el 3,5% circuló con fuerza. Pero las actas se recogieron y los escaños se ocuparon.
En el terreno más terrenal, la conversación derivó hacia el futuro de los afectados. La posibilidad de que Irene Montero volviera a su antiguo empleo se convirtió en meme recurrente. El debate jurídico se mezcló con el ajuste de cuentas político y con la sospecha, nunca confirmada, de que alguien había metido la pata y ahora tocaba inventar una salida.
Queda la pregunta incómoda: si el reglamento existe, está publicado y España no lo ha transpuesto, ¿quién responde por los escaños que nunca debieron asignarse? Nadie, de momento. Las actas están firmadas y el umbral sigue esperando en un cajón de Bruselas.