Podemos propone crear 'Supercyl', una red pública de supermercados para bajar precios y apoyar al campo

Podemos plantea una red pública de supermercados para Castilla y León​

A tres meses de las elecciones autonómicas, Podemos Castilla y León ha presentado 'Supercyl', una red pública de supermercados de proximidad con la que pretende intervenir en el mercado de la distribución alimentaria. El anuncio lo hizo Miguel Ángel Llamas, coordinador autonómico y candidato a la Presidencia de la Junta, durante un balance de la situación política en el que calificó el mandato de Alfonso Fernández Mañueco como una «legislatura agotada y perdida», señalando el reciente fracaso presupuestario como síntoma de un gobierno «políticamente calcinado».

La propuesta llega con tres objetivos declarados: reducir el precio final de los alimentos para las familias, ofrecer un trato equitativo y precios justos a pequeños agricultores y ganaderos, y garantizar el apoyo al sector primario local avanzando hacia una economía de proximidad. El partido sitúa el problema en lo que denomina «intermediación especulativa».

Qué es Supercyl y qué pretende corregir​

La iniciativa se presenta como una empresa pública de distribución alimentaria. En la práctica, funcionaría como una cadena de supermercados de proximidad gestionada desde la administración autonómica, con la misión de actuar como operador de referencia en un mercado dominado por grandes cadenas privadas. La formación considera que existe un desequilibrio estructural entre lo que cobra el productor y lo que paga el consumidor, y que ese diferencial se lo queda la intermediación.

El argumento tiene recorrido: en España, el sector de la distribución opera con márgenes declarados estrechos, lo que ha alimentado durante años el debate sobre dónde se genera realmente el beneficio. Ahí está el quid: si los márgenes son tan pequeños, ¿de dónde sale la diferencia entre el precio en origen y el precio en lineal?

El margen del 3,5% y el negocio que no se ve​

En el debate del sector circula un dato recurrente, sostenido por algunos participantes: el beneficio bruto sobre ventas de las grandes cadenas ronda el 3,5%, lo que en el caso de un operador como Mercadona equivaldría a unos 1.800 millones de euros. La conclusión que extraen algunos analistas es que el negocio real del retail no está en el bote de tomate, sino en otras patas: el flujo de caja —cobro al contado y pago a proveedores a 3, 6 o 12 meses—, la inversión de ese efectivo, el control vertical de canales de distribución y la gestión patrimonial de los locales.

Hay quien va más allá y sostiene que en el retail la especulación inmobiliaria pesa más que la venta minorista. La comparación que se usa es la de las gasolineras: el negocio real no es el combustible, sino los servicios anejos. Y la de Amazon: no vende tarjetas de memoria, gestiona datos. Si eso es cierto, una red pública de supermercados atacaría la parte visible del problema y dejaría intacta la parte que de verdad mueve dinero.

El problema del precio en origen y el precio en tienda​

Uno de los puntos donde el debate se vuelve más incómodo es el de los mercados de productores. La experiencia que relatan algunos participantes es que los mercados locales y las lonjas no son más baratos que la gran superficie: un producto típico comprado directamente al productor puede costar lo mismo o más que uno similar en Alcampo o Carrefour. El argumento que se esgrime entonces es que esos productos vienen de Marruecos, Turquía o Chile, y que traerlos y distribuirlos debería encarecerlos. Si no lo hace, algo falla en la cadena.

La conclusión que sacan algunos es que la eliminación de intermediarios no abarata automáticamente el precio final: lo que hace es redistribuir el margen. Las cooperativas, distribuidores y supermercados dejarían de beneficiarse, pero el consumidor podría no notarlo. Es la objeción más repetida contra el planteamiento de Supercyl.

La objeción económica: pagar más al productor y vender más barato​

El escollo lógico es evidente: si se paga más al agricultor y se vende más barato al consumidor, alguien tiene que cubrir la diferencia. La respuesta habitual es la subvención pública. Y ahí entra el debate sobre quién financia: el contribuyente.

A esto se añade un argumento de competencia: una empresa pública que opere con pérdidas cubiertas por presupuesto puede hundir precios y reducir el margen disponible para los operadores privados, lo que a medio plazo podría expulsar competidores del mercado y concentrar aún más la oferta. Es el efecto contrario al que se busca. La comparación con otros países donde se han ensayado modelos similares suele cerrarse con un «no funcionó», sin más desarrollo.

El contexto: una legislatura agotada y tres meses de campaña​

La propuesta se enmarca en la precampaña autonómica. Podemos Castilla y León busca diferenciarse con una medida de impacto en un territorio donde el sector primario tiene peso simbólico y electoral. El calendario aprieta: tres meses para instalar el marco del debate antes de los comicios.

El problema es que la propuesta llega sin memoria económica, sin plan de implantación y sin detalle sobre el modelo de gobernanza, según señalan los críticos. Estos sostienen que anunciar una empresa pública sin estructura ni financiación es una operación de relato, no un plan de gobierno. Los defensores responden que las grandes transformaciones siempre empiezan por una idea.

La burocracia como argumento en contra​

Uno de los hilos argumentales más repetidos es el de la carga administrativa. La experiencia con trámites públicos —cita previa, instancias, plazos— se traslada al escenario de una red pública de alimentación: cita previa para comprar y primer hueco libre en diez días, ironizan algunos. La comparación con la sanidad pública aparece de forma recurrente.

También se apunta a la estructura de personal: una red de supermercados públicos requeriría convenios, categorías profesionales y procesos selectivos que en el mejor de los casos tardarían años en estar operativos. Mientras tanto, el mercado seguiría funcionando como hasta ahora.

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El punto exacto donde el análisis se atasca es siempre el mismo: nadie ha explicado todavía de dónde sale el dinero para pagar más al campo y cobrar menos en caja al mismo tiempo. Sin esa respuesta, Supercyl es una declaración de intenciones con tres meses de recorrido electoral por delante.