Policía: "Los compis no desokupan porque NO QUIEREN. Las compañeras no valen para NADA" (video BRUTAL)

Exagente de la Policía: no se desokupa por falta de ganas​

¿Se puede desalojar una okupación y no se hace por falta de ganas? Un exagente de la Policía Nacional sostiene en una entrevista que sí: que el freno no es la ley, sino la voluntad de la plantilla. A partir de ahí despliega una batería de acusaciones contra sus antiguos compañeros, contra los mandos y contra el funcionamiento del cuerpo. El vídeo, difundido por redes y plataformas de audio, se ha convertido en la mecha de una discusión más amplia, la que enfrenta a quienes ven un problema de mando con los que ven un problema de sistema.

¿Por qué sostiene que los agentes no desalojan a los okupas?​

Su versión es tajante: legalmente se puede actuar y no se actúa. Lo que bloquea a las patrullas no sería la maraña de requisitos judiciales que se esgrime como coartada, sino las ganas. La afirmación se lanza sin papeles encima de la mesa, y eso es justo lo que la hace discutible: en materia de desalojo, la frontera entre lo que un agente puede hacer por su cuenta y lo que exige una orden judicial es el nudo del asunto. A esa tesis se suma otra variante, la de quienes sitúan la falta de voluntad no solo en la calle, sino también arriba, donde el desalojo no se prioriza.

Aquí el testimonio resulta útil, aunque solo sea por lo que obliga a discutir. Porque si el margen legal existe y no se usa, la pregunta deja de ser jurídica y pasa a ser de incentivos: qué gana un agente que actúa, qué pierde si se equivoca y quién le cubre después.

La acusación contra las agentes y las pruebas físicas​

El entrevistado afirma que «las compañeras no valen para nada» como patrulleras, que la fuerza es biología y que, ante un grupo conflictivo, se pasa de largo. Es la parte más incendiaria del vídeo, y se enuncia sin un solo dato que la respalde. La réplica de una parte de la audiencia no niega el marco del problema: lo reformula. Si el criterio es la exigencia física, lo coherente es pedir las mismas pruebas y las mismas condiciones en las clases de defensa para todo el mundo, sin excepciones por cupo.

Conviene separar dos cosas que el vídeo mezcla. Una es discutir los estándares de aptitud de una oposición. Otra, muy distinta, es despachar a un colectivo entero. Lo primero admite datos y comparaciones; lo segundo no admite nada.

Cocaína, vacaciones y comisarías para dormir​

El rosario continúa: que la policía corrupta se queda con la cocaína, que hay inspectores que se toman vacaciones con dinero de los contribuyentes y que algunas jefaturas acuden a comisaría a dormir y cobrar. Son acusaciones lanzadas de viva voz, sin pruebas en el material, y como tales deben leerse. El exagente añade que, junto a Ertzaintza y Mossos, el cuerpo español figura entre los más corruptos de Europa.

El eco es inmediato. Hay quien recuerda que las corruptelas rara vez acaban en condena y que cuesta citar a un juez apartado por corrupción en décadas de historia reciente, aunque el material no aporte ninguna cifra que lo sostenga. La sensación de impunidad pesa más que cualquier dato.

¿Falla la tropa o fallan los mandos?​

Aquí el consenso se rompe. Una corriente defiende que la mayor parte de la plantilla es competente y que el problema está arriba: en los despachos, en las instrucciones y en quienes deciden. Otra sostiene que el filtro de entrada ya viene contaminado. Se discute que accedan al cuerpo personas con VIH o con diabetes, se critica que determinadas titulaciones exigidas a ciertos puestos se obtuvieran por vías poco exigentes y se repasan los minutos del vídeo como muestra del tono general.

Uno de los pasajes más comentados está en el minuto 8:43, cuando se describe a un agente llevando a su familia a Disneyland París en un coche camuflado y quedándose sin dinero por el camino. El minuto 16 deja caer un asunto más incómodo: qué ocurre cuando un agente dispara y mata a alguien y el caso acaba en absolución.

Sueldos, pandemia y la erosión de la confianza​

Un interviniente apunta un factor material: 2.000 euros netos al mes, que hace unos años eran un sueldo de referencia, hoy obligan a hacer cuentas y quien arrastra deudas va justo. Súmese el desgaste de imagen desde 2020, punto de inflexión para buena parte de los intervinientes, que pasaron de cierta deferencia a la desconfianza abierta. El vídeo, además, ha tenido recorrido en programas de entrevistas y plataformas de audio.

El resultado es un cuerpo bajo sospecha y una conversación pública envenenada. Si el testimonio dice la verdad, el problema no es la ley sino la voluntad. Si no la dice, alguien acaba de encontrar en el descrédito general el mejor abono para su tesis. En cualquiera de los dos escenarios, la comisaría sale retratada.