El sistema teme a Vox: la ilegalización entra en el debate
El sistema político español ha dejado de ridiculizar a Vox y ha empezado a temerle. Eso es lo que sostiene el análisis que abre este debate, y no es una impresión aislada: en pocos días se han sucedido propuestas de ilegalización del partido desde formaciones como Compromís y Sumar, junto a columnas de opinión que piden tratar a Vox como se trató a los partidos que no condenaban la violencia. La tesis de fondo es que las encuestas manejan horquillas de
entre 50 y 70 escaños para Vox, y que las extraoficiales podrían dar números superiores. Con ese escenario, el sistema habría pasado de la burla al pánico.
De la ridiculización a la ilegalización: qué ha cambiado
Hasta hace poco, el argumento contra Vox y sus votantes era la burla: incultos, negacionistas, terraplanistas. Ese discurso se ha afilado. Ya no hay risas. Lo que hay es una ofensiva coordinada entre medios y partidos que, según el análisis que abre el debate, busca legitimar la actuación de los poderes públicos para ilegalizar a Vox. El precedente que se cita es el de
Herri Batasuna en 2003, ilegalizada por no condenar la violencia de ETA. La pregunta que sobrevuela es si ese mismo mecanismo puede aplicarse a un partido que no ha sido condenado por terrorismo.
Hay quien sostiene que la jugada es imposible sin el PP. La aritmética parlamentaria exige que los populares voten a favor de la ilegalización, y eso les perjudicaría: Vox divide el voto de la derecha, lo que beneficia al PSOE. Por eso muchos dudan de que el PP se preste. Otros creen que el PP lo haría encantado, porque recuperaría el espacio perdido.
El cálculo de escaños que inquieta al sistema
El dato que vertebra el miedo es el de los
4 millones de votantes que Vox ya moviliza. La tesis es que una masa de ese tamaño ya no está bajo control del sistema, y que las redes sociales escapan a su influencia, sobre todo entre los más jóvenes. Cuanto más se reprima, más simpatías se generan. Ese es el cálculo que, según el análisis, explica la ofensiva.
El escenario que se dibuja es el de una
psyop en toda regla: declaraciones de cargos públicos, una agresión con vídeo que se manipuló, un estallido en un pueblo de Murcia y un bombardeo mediático para instalar la idea de que Vox provoca la violencia. La Fiscalía, según esta lectura, habría sido movilizada para abrir procedimientos. El resultado sería un
win-win: si prosperan, sacan de la circulación a miembros del partido; si no, refuerzan el relato de la justicia politizada.
Qué pasaría si se ilegalizara Vox
La hipótesis de la ilegalización tiene defensores y detractores dentro del propio análisis. Un sector sostiene que sería el fin del sistema tal y como lo conocemos: quitaría la venda de los ojos a millones de personas y el resultado sería impredecible. Por eso, precisamente, nunca lo harían. Otros creen que el sistema ya lo ha hecho en Europa, con partidos ilegalizados, elecciones anuladas y líderes inhabilitados con excusas peregrinas.
El argumento jurídico es el más discutido. Ilegalizar a Vox por no condenar la violencia no tiene el mismo encaje que tuvo Herri Batasuna, que sí estaba vinculada a ETA. La comparación se usa como advertencia política, no como pronóstico legal. Y hay quien recuerda que el sistema no tiene miedo a Vox, sino que lo desea como parte del juego: cada partido hace su papel y se tira de él cuando conviene.
El trasfondo económico y social
El debate deriva hacia el caldo de cultivo. Se argumenta que si Vox existe no es por generación espontánea, sino porque hay un rechazo previo a la inmigración ilegal que el sistema no ha sabido gestionar. La crítica se dirige a los políticos que viven en barrios alejados de las consecuencias de sus políticas y no padecen lo que otros sufren. La represión del descontento, se sostiene, causará el efecto contrario.
En el trasfondo está también la economía: el coste de la vida, la vivienda y la sensación de que las élites no pagan las consecuencias de sus decisiones. Ese es el terreno donde Vox pesca. Y el sistema lo sabe.
Con estos mimbres, la predicción es que la ofensiva contra Vox irá a más en las próximas semanas. Pero también que ya llegan tarde: cuatro millones de votantes son muchos votos para meterlos en la cárcel de la ilegalización. Si lo intentan, el sistema se juega mucho más que un partido.