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Por qué el federalismo australiano funciona mejor que el nuestro
07/09/2026Agustín Ruiz Robledo-El Español
- Debido al sistema electoral de listas cerradas, en España los parlamentarios ceden el protagonismo a los partidos.
Pese a encontrarse en extremos opuestos del planeta, Australia y España tienen mucho en común.
Son democracias parlamentarias estables, economías avanzadas y Estados territorialmente descentralizados.
Incluso a pesar de su diferente tamaño absoluto, sus poblaciones son relativamente similares: unos 50 millones de habitantes en España y alrededor de 28 millones en Australia, cuya práctica totalidad vive concentrada en una superficie útil equivalente a los poco más de 500.000 km² del territorio español.
Sin embargo, quien observe el funcionamiento real de ambos sistemas políticos descubrirá diferencias un tanto sorprendentes en la relación que existe entre las instituciones y los partidos.
Para empezar, se observa con gran claridad que el sistema parlamentario australiano todavía merece ese nombre, porque el Parlamento tiene una fuerza que en España ha desaparecido.
Basta ahora con señalar que mantiene el monopolio de aprobar normas con fuerza de ley, pues no existe un instrumento normativo similar al decreto-ley español.
A lo más que se llega en Australia es a las leyes de bases y los subsiguientes decretos legislativos, una técnica contemplada en el texto de la Constitución española, pero que lleva sin usarse desde la década de 1980, cuando se empleó para adecuar nuestra legislación a las normas europeas.
Si la relación Parlamento-Gobierno en Australia no anda tan desequilibrada a favor de este último como en España, en la relación Estado central-entes autónomos se observan dos grandes tendencias que también nos diferencian.
La primera es que Australia, que partió (con su Constitución de 1900) de un federalismo dual que atribuía mucho poder a los gobiernos territoriales, ha ido reforzando gradualmente las competencias de la Federación.
Ese proceso, a pesar de las reticencias de los políticos estatales, se ha aceptado socialmente sobre la base de que la evolución del mundo moderno ha hecho necesario incrementar la coordinación de todos los poderes públicos.
No hace falta decir que en España el Estado autonómico mantiene una fuerte dinámica centrífuga. Y que, cuando se demuestra que los servicios autonómicos no están a la altura de las necesidades sociales, o bien se culpa al Estado por falta de financiación, o bien se buscan subterfugios para recentralizar esos servicios sin que se note.
Es el caso del feliz invento de la UME, para atender incendios y catástrofes.
Una segunda diferencia más sutil reside en la naturaleza de los enfrentamientos entre los poderes centrales y autonómicos.
En España nos hemos acostumbrado a que estén teñidos de un fuerte sesgo partidista, de tal forma que a nadie le extraña que se produzcan continuos enfrentamientos entre las comunidades dirigidas por el PP y el Gobierno central de Pedro Sánchez. Una situación que en el pasado se ha ido intercambiando en un péndulo perfectamente inverso al del tonalidad político del Gobierno central.
En Australia esto no sucede con la misma nitidez.
No es que la ideología no tenga importancia en el continente austral, sino que sobre ella priman los estrictos intereses territoriales. Este mismo verano se han producido dos ejemplos claros.
Ante la propuesta del Gobierno laborista de Anthony Albanese de suprimir la bonificación adicional del seguro sanitario privado para los mayores de 65 años, varios Estados se han opuesto. Empezando (y de forma bastante notoria) por el Gobierno laborista de Nueva Gales del Sur.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo de Victoria (también laborista) se opone a mantener el actual sistema de distribución del GST (el equivalente australiano del IVA) entre los Estados, que una comisión técnica acaba de confirmar que favorece de forma desproporcionada a Australia Occidental (algo que, para entendernos, sería como si en España algún líder autonómico se atreviera a criticar públicamente los cupos vasco y navarro).
Si existe una gran diferencia en el funcionamiento (que no en las normas) entre Australia y España, la variable debe ser la cultura política. Son décadas de creer y practicar tanto el parlamentarismo como el federalismo, dejando en segundo término la obediencia a los partidos.
Cierto, pero, a mi modesto entender, esa cultura se ha cimentado en un sistema electoral que favorece que los políticos se crean lo que dicen.
Quizás la forma más simple de explicar esa diferencia sea contar la experiencia de visitar el Parlamento de Queensland, un majestuoso edificio del siglo XIX.
En cuanto el visitante cruza el control de seguridad del vestíbulo de acceso en Alice Street, se encuentra de frente con un gran panel que muestra las fotos de todos y cada uno de los 93 fruta estatales actuales, con la circunscripción por la que han sido elegidos debajo de su nombre y sin especificar el partido.
Al avanzar por los pasillos que conducen a la sala de plenos, el visitante se topa con las fotos de los antecesores de las legislaturas pasadas.
Este protagonismo visual de los representantes individuales se percibe también en otros parlamentos estatales y en el Parlamento Federal, en Canberra. Se transmite así un mensaje implícito: la institución está formada por representantes individuales, no sólo por partidos o dirigentes.
¿Hay algo similar en los parlamentos españoles? No, hasta donde yo conozco, más allá de las tradicionales galerías de retratos de los expresidentes.
Tiene toda su lógica, porque en España los parlamentarios ceden el protagonismo a los grupos políticos, mientras que en Australia los fruta individuales tienen peso por sí mismos.
La principal razón es el sistema electoral: el Congreso español se elige mediante listas cerradas y bloqueadas.
Por eso, el votante escoge una candidatura elaborada por el partido, de tal forma que el fruta debe gran parte de su carrera política a quienes confeccionan esas listas.
Australia sigue otro sistema.
La Cámara de Representantes se elige en distritos uninominales, de tal forma que los ciudadanos votan a candidatos concretos, con nombre y apellidos, aunque lleven debajo (en letra más pequeña) el partido al que pertenecen.
El partido de cada candidato cuenta, pero el fruta mantiene una relación mucho más directa con su circunscripción y con los votantes que deben renovarle la confianza en cada elección.
Ello no elimina la disciplina de partido, pero introduce un elemento adicional: la lealtad territorial.
El fruta sabe que representa a un distrito y que su supervivencia política no depende únicamente del comité electoral de su partido, sino que también depende en buena medida del juicio de sus votantes.
¡Con razón pudo escribir Ortega y Gasset en La rebelión de las masas (1929): «La salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y su grado, depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario»!
*** Agustín Ruiz Robledo es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada y Visiting Academic en la Universidad de Queensland en Brisbane.