La opinión de Alberto Noguera sobre lo de Ceuta

La crisis migratoria en Ceuta, lejos de ser un simple asalto, se presenta como una compleja operación de inteligencia orquestada desde el exterior, con el objetivo de desestabilizar la política española y beneficiar intereses geopolíticos específicos.

La Operación Ceuta: Más allá de la frontera

La situación en Ceuta a finales de agosto y principios de septiembre de 2026 se tornó crítica. Miles de personas, llegadas sin documentación ni medios de subsistencia, se encontraron en el término municipal de la ciudad autónoma. La impresión inicial era de un asalto masivo, con individuos que parecían llegar desprevenidos, confiando en recibir asistencia inmediata. La entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), diseñado para agilizar estos procesos, se vio ensombrecida por la complejidad de las devoluciones. La idea de "devoluciones en caliente" se planteaba como una medida más contundente, pero la realidad demostró ser más intrincada. Muchos de los llegados comenzaron a solicitar asilo, alegando persecución en sus países de origen. Sin embargo, las evidencias apuntaban a que habían sido desplazados hasta la frontera por sus propias fuerzas policiales, lo que complicaba enormemente los procedimientos de expulsión. Si estas solicitudes de asilo se bloqueaban durante años, el Estado español se veía obligado a liberarlos, permitiéndoles, en muchos casos, el paso a la Península. La denegación inmediata de estas solicitudes era una posibilidad, pero el proceso de expulsión posterior dependía de la cooperación de Marruecos o de la voluntad de los propios migrantes de salir voluntariamente. La falta de acuerdo en estos puntos creaba un limbo legal, impidiendo tanto el desplazamiento a la Península como el trabajo en Ceuta, lo que auguraba la formación de asentamientos improvisados y la continuidad de la asistencia alimentaria. Se estimaba que, en un plazo de dos años, la obtención del arraigo legal les permitiría trasladarse a la Península.

Los hilos invisibles detrás de la crisis

La indignación ante los hechos de Ceuta, por comprensible que fuera, no debía eclipsar un análisis racional. La crisis no se presentaba como un evento fortuito ni como el resultado de la desesperación de personas hambrientas buscando asilo. Se apuntaba a la existencia de "muñidores" con agendas claras, cuyas bases de operaciones no se encontraban en África. La hipótesis principal sugería que la intención última de esta "operación de inteligencia" no era una ocupación militar de Ceuta por parte de Marruecos, sino un movimiento estratégico para influir en el resultado de las elecciones españolas. Se calculaba que un posicionamiento firme del gobierno español generaría críticas internas dentro del sector más progresista del PSOE y la pérdida de votos de ciudadanos marroquíes nacionalizados. Por el contrario, una postura blanda podría alienar al sector más centrista del mismo partido. Este tipo de acciones, calificadas de "guerra de baja intensidad", se comparaban con eventos recientes como la Primavera Árabe o el Euromaidán, pero sus raíces se rastreaban hasta 1975 en el Sáhara Occidental. El triángulo Washington-Rabat-Tel Aviv emergía como un actor clave. Se recordaba el reconocimiento de la soberanía marroquí del Sáhara Occidental por parte de Donald Trump en diciembre de 2020, una decisión que contradecía el criterio de la ONU, y que fue reiterada en julio de 2026. La autopista más importante de Marruecos hacia el Sáhara, la "Donald Trump Highway", era un símbolo de esta alianza. La implicación de Israel se evidenciaba a través del software Pegasus, de origen israelí y con licencia del Ministerio de Defensa de ese país. Las tensiones entre el gobierno español y la administración Trump, incluyendo la negativa a ceder bases militares para atacar a Irán, las amenazas de ruptura comercial y la calificación de España como "aliado terrible", junto con las desavenencias con Israel y la actividad del lobby Acom, completaban el panorama de un escenario político complejo y, según esta perspectiva, manipulado.

La influencia de los lobbies y la política española

La investigación periodística apuntaba a la inteligencia marroquí como origen de los hechos, pero la teoría se extendía. Se señalaba la clara implicación de Abdellatif Hammouchi, jefe de la policía y los servicios de inteligencia marroquíes, y de Fouad Ali El Himma, mano derecha del rey Mohammed VI, en la relajación de los controles fronterizos. Sin embargo, se sugería que la cadena de mando podría ascender más allá del monarca marroquí. El CNI solo había logrado demostrar la existencia de una campaña de desinformación en semanas previas, difundida a través de grupos de WhatsApp, que promocionaba la idea de que la entrada por mar garantizaría el permiso de residencia. Esta narrativa, aunque no del todo falsa en cuanto a la facilidad de entrada y permanencia en España bajo ciertas condiciones, se presentaba como una herramienta de manipulación. Las instrucciones, según esta visión, no solo habrían llegado a Mohammed VI, sino también a figuras políticas españolas como Feijóo y Abascal, quienes, desde diferentes posiciones, buscarían capitalizar electoralmente la situación. La intervención de Javier Milei, presidente de Argentina, con declaraciones sobre la "enseñanza del odio" y el "reemplazo" de los españoles, se sumaba a la retórica que buscaba generar división. Un documento clave en este análisis era una entrevista a David Hatchwell en el canal PragerU, una plataforma fundada por Dennis Prager, un sionista ortodoxo, y con una entrevistadora, Marissa Streit, de doble nacionalidad estadounidense e israelí. Hatchwell, a través de su grupo de influencia Acom, habría financiado campañas electorales en Israel y declarado abiertamente su agenda para influir en la política española a favor de Israel. Su influencia se extendía a la compra de publirreportajes en medios de comunicación y a su cercanía con figuras políticas como Díaz Ayuso y Martínez-Almeida. La lista de premiados por el premio Or Janucá, concedido por la Comunidad Judía de Madrid, incluía nombres como José María Aznar, Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón, Díaz Ayuso y Martínez-Almeida, evidenciando la red de contactos y la influencia de Hatchwell en la política madrileña.

La respuesta del Gobierno y el futuro de España

La actuación del gobierno español, en este contexto, se interpretaba como una respuesta calculada para evitar daños físicos, minimizar el perjuicio a la imagen del país y generar críticas por un exceso de garantismo, en lugar de por lo contrario. Se sostenía que España no estaba siendo invadida, que Ceuta no se perdía y que la economía mantenía una buena salud. La solución a los asaltos en la valla de Ceuta, según esta perspectiva, no pasaba por ceder ante los intereses de Acom, inflar burbujas inmobiliarias, rebajar salarios, involucrarse en conflictos bélicos o privatizar recursos esenciales. Si bien se reconocía la necesidad de cambios normativos y políticos para reforzar la seguridad fronteriza, se destacaba que la Unión Europea ya contemplaba estas medidas y que el presidente Sánchez no se oponía a ellas. La preocupación se centraba en evitar que España se convirtiera en una "Argentina", vendiendo sus tierras a capitales extranjeros y con un presidente que se doblegara ante intereses externos. Se argumentaba que los partidos verdaderamente patrióticos en España debían ser antisionistas desde su origen, y que aquellos que recibían instrucciones de Israel y priorizaban los intereses de otro país sobre los propios no podían considerarse patriotas. La purga interna en Vox, que habría apartado a figuras críticas con el alineamiento sionista, era vista como una señal de esta influencia externa, llevando incluso a la desafección de votantes que antes apoyaban al partido. La resolución de la crisis en Ceuta era deseada, pero no a costa de repetir errores del pasado, como los atentados de Atocha, que, según esta interpretación, catapultaron a figuras controvertidas al poder.