Por que no se prohiben a los gorrillas...?

La impunidad de los gorrillas: la coacción que nadie persigue​

La figura del gorrilla lleva décadas instalada en las calles españolas. Personas que exigen dinero a cambio de «vigilar» un coche en la vía pública, sin autorización ni servicio real. La pregunta de por qué no se persigue de oficio esta práctica sigue sin respuesta clara.

Quienes lo padecen lo describen como una forma de coacción continuada. No es un engaño como el del trilero; es una intimidación directa. Y si el ciudadano se enfrenta, se arriesga a una denuncia por agresión o a un coche con daños. La propia administración parece mirar hacia otro lado.

La tolerancia social es el primer sospechoso. En Suiza, un baño en horas prohibidas genera multas; en España, montar un punto de recaudación ilegal en una esquina no mueve a nadie. La inacción administrativa se convierte en complicidad silenciosa.

La otra explicación es estructural: el gorrilla tipo es alguien sin empleo, a menudo con adicciones, con poco que perder. Perseguirlo en profundidad exigiría abordar el mercado laboral y la exclusión social. Mientras tanto, el Estado sigue cobrando impuestos y ofrece, como mucho, un número de denuncia que no conduce a nada.

El ejemplo del hombre que retuvo a un ladrón y fue buscado por la policía ilustra el absurdo: defiéndete y te conviertes en sospechoso. La justicia privada aparece entonces como tentación. Se cuentan historias de otros países donde los vecinos acabaron con la mano de un gorrilla a martillazos. Suena horrible, pero es el síntoma de un sistema que no protege. La pregunta no es por qué alguien pierde los nervios, sino por qué se permite llegar a ese extremo.