Por si no lo sabias: Una jueza exculpa a Ayuso y causa pánico en Moncloa: señala por las glorias a Sánchez y a Iglesias

Una jueza de Leganés rechaza investigar a Ayuso y apunta al Estado por las muertes en residencias​

El 15 de septiembre de 2020, el auto de la magistrada Mónica Boticario, del Juzgado de Instrucción número 5 de Leganés, rechazó investigar la querella de once familias contra la Comunidad de Madrid por la gestión de las residencias durante la primera ola de la pandemia. La resolución, adelantada por Vozpópuli, no solo exculpaba a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, sino que señalaba directamente al Gobierno central: «tampoco el Estado español, autoridad suprema en la materia desde la declaración del Estado de Alarma el 14 de marzo de 2020, garantizó esas dotaciones». El fallo desató un terremoto político y abrió un pulso sobre quién era el responsable último de los fallecimientos en los geriátricos.

El auto que cambió el relato: de Ayuso al Estado​

La querella, presentada el 28 de mayo de 2020 por familiares de ancianos fallecidos en residencias de Leganés, acusaba a la Comunidad de Madrid y a varios consejeros de «homicidio imprudente, lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro y trato degradante». La jueza Boticario la rechazó al considerar que los querellantes se basaban en «conjeturas» y que no se deducían «indicios racionales de criminalidad». Su argumento central: la Covid-19 era «una enfermedad nueva de la que poco o nada se sabía en el mes de marzo» y la falta de materiales de protección era «una carencia estatal».

El auto iba más allá y recordaba «la polémica suscitada en cuanto a la compra de test masivos a una empresa china que luego resultaron inadecuados». Un dardo directo a la gestión del Ministerio de Sanidad que entonces dirigía Salvador Illa y al ala de Podemos, con Pablo Iglesias como vicepresidente segundo. La jueza situaba la responsabilidad última en el Estado, «autoridad suprema en la materia desde la declaración del Estado de Alarma».

El «mando único» y la batalla de las competencias​

El núcleo del conflicto jurídico era quién tenía las competencias sobre las residencias durante el estado de alarma. El real decreto de 14 de marzo de 2020 estableció que «todas las autoridades civiles de las Administraciones Públicas del territorio nacional, y en particular las sanitarias, quedan bajo las órdenes directas del Ministro de Sanidad». Ese «mando único» fue el argumento que la defensa de Ayuso y varios jueces esgrimieron para desplazar la responsabilidad al Gobierno central.

Sin embargo, la interpretación no era unánime. Hay quien sostiene que las comunidades autónomas mantenían la gestión ordinaria de los centros y que el mando único se refería a coordinación sanitaria, no a la operativa diaria de las residencias. El propio Pablo Iglesias llegó a declarar que asumía la responsabilidad, aunque el alcance de esa asunción nunca quedó claro. La jueza de Leganés, en cambio, optó por la tesis de que la carencia de materiales era estatal.

Otras sentencias y el efecto dominó en las autonomías​

El auto de Leganés no fue un caso aislado. En Extremadura, un juzgado de Cáceres dictaminó que desde el decreto de alarma las competencias no eran de la autonomía sino del Estado, tras la denuncia de familiares de ancianos contra la Junta. Ese fallo apuntalaba la tesis de que el responsable último era el Ministerio de Sanidad. En Madrid, la Audiencia Provincial desestimó un recurso de la plataforma Marea de Residencias en relación con la muerte de dos personas en geriátricos de Parla, dando de nuevo la razón al Gobierno de Ayuso.

La paradoja era evidente: si la responsabilidad era estatal, todas las comunidades autónomas quedaban exculpadas, incluidas las gobernadas por el PSOE. Si era autonómica, el foco caía sobre Madrid. La jueza de Leganés eligió la primera vía, y con ello abrió un frente que el Gobierno central no esperaba.

La reacción política: de la euforia a la cautela​

La noticia fue recibida con satisfacción en el entorno de Ayuso, que llevaba meses defendiendo que la gestión de las residencias había sido víctima de una campaña política. La presidenta madrileña había lanzado incluso el «112 Okupación» y arremetido contra Sánchez por «el control de la Justicia, TVE y el CIS». El auto judicial parecía darle munición.

En el lado opuesto, el silencio fue la tónica. La Fiscalía ya había pedido archivar el caso contra el Gobierno, y el auto de Leganés podía servir de precedente al Supremo. La oposición a Ayuso se aferró a que la jueza no había entrado a valorar el fondo del asunto, solo la falta de indicios, y a que la querella era de familiares próximos ideológicamente a PSOE y Podemos, según fuentes conocedoras del caso.

El trasfondo: muertos, elecciones y relato​

El debate de fondo era incómodo: ¿se podía culpar a un gobierno autonómico de muertes masivas en residencias cuando el Estado había asumido el mando único? ¿O era una excusa para escurrir el bulto? Los datos de fallecimientos en geriátricos durante la primera ola fueron devastadores en toda España, pero la politización del asunto convirtió el drama en arma arrojadiza.

La jueza Boticario no cerró el caso contra el Gobierno, solo rechazó la querella contra la Comunidad de Madrid. El Supremo aún tenía que pronunciarse sobre el archivo pedido por la Fiscalía. Mientras tanto, las familias de los fallecidos quedaban en tierra de nadie: sin responsables judiciales y con un debate político que las usaba como bandera.

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El auto de Leganés dejó una pregunta flotando: si el Estado era el responsable último, ¿por qué nadie acabó sentado en el banquillo? La respuesta, tres años después, seguía siendo la misma: la política se había comido el duelo.