El Pionero
Alcalde y presidente de Fútbol Paco premium
El Gobierno de Portugal ha lanzado una nueva iniciativa para endurecer el acceso gratuito de los extranjeros al sistema público de salud, especialmente en el caso de quienes no residan legalmente en el país o se encuentren en situación irregular. La propuesta obligaría a estos pacientes a pagar por la atención recibida o a acreditar que cuentan con un seguro, un convenio internacional u otra fórmula de cobertura sanitaria.
La medida ha sido presentada en la Asamblea de la República por el Partido Social Demócrata (PSD), formación del primer ministro Luís Montezaino, junto a su socio de Gobierno, el democristiano CDS-PP. Ambos partidos plantean modificar la Ley de Bases de Salud para redefinir quién puede beneficiarse del Servicio Nacional de Salud (SNS).
El proyecto mantiene el acceso a la sanidad pública para los extranjeros que permanezcan regularmente en Portugal, pero introduce nuevas condiciones para quienes no tengan residencia legal. En esos casos, la asistencia dejaría de ser gratuita con carácter general y el paciente tendría que asumir su coste o demostrar previamente que existe otra entidad responsable del pago.
La reforma contempla una excepción para los casos de urgencia médica o riesgo vital, en los que la atención seguiría prestándose con independencia de la situación administrativa del paciente. Posteriormente, sin embargo, se exigiría la documentación necesaria para determinar quién debe asumir el coste.
PSD y CDS-PP quieren además reforzar los mecanismos para identificar al responsable económico de cada asistencia y facilitar posteriormente el cobro. El texto abre la puerta a fórmulas como garantías económicas o pagos anticipados en determinados supuestos.
Los partidos del Ejecutivo justifican la iniciativa con datos de la Inspección General de Actividades en Salud. Según las cifras que manejan, alrededor de 330.000 extranjeros no residentes fueron atendidos en las urgencias hospitalarias portuguesas entre 2021 y septiembre de 2024. Más de 140.000 de ellos, sostienen, no disponían de seguros ni de acuerdos internacionales que cubrieran los gastos derivados de la asistencia.
Los promotores de la reforma también aseguran que Portugal está registrando un aumento de ciudadanos extranjeros, especialmente procedentes de países de fuera de la Unión Europea, que viajan al país para recibir tratamientos a través del sistema público. Ese fenómeno es uno de los argumentos esgrimidos para modificar las condiciones actuales.
La propuesta ha provocado críticas de la oposición. El Partido Comunista Portugués (PCP) rechazó este domingo el planteamiento y acusó al Gobierno de centrar el debate en los extranjeros para evitar abordar, a su juicio, problemas estructurales del SNS como la falta de profesionales y la insuficiencia de inversión.
No es la primera vez que PSD y CDS-PP impulsan una reforma de estas características. Una iniciativa similar llegó a superar una primera votación durante la legislatura anterior con el apoyo de Chega, aunque su tramitación quedó paralizada tras la convocatoria de elecciones anticipadas.
El nuevo texto, registrado el pasado 25 de septiembre, retoma ahora aquel planteamiento con algunos cambios. La propuesta se enmarca además en un contexto de mayor presión política sobre la inmi gración en Portugal, donde el fuerte crecimiento de la población extranjera ha situado esta cuestión entre los principales asuntos del debate nacional.
La medida ha sido presentada en la Asamblea de la República por el Partido Social Demócrata (PSD), formación del primer ministro Luís Montezaino, junto a su socio de Gobierno, el democristiano CDS-PP. Ambos partidos plantean modificar la Ley de Bases de Salud para redefinir quién puede beneficiarse del Servicio Nacional de Salud (SNS).
El proyecto mantiene el acceso a la sanidad pública para los extranjeros que permanezcan regularmente en Portugal, pero introduce nuevas condiciones para quienes no tengan residencia legal. En esos casos, la asistencia dejaría de ser gratuita con carácter general y el paciente tendría que asumir su coste o demostrar previamente que existe otra entidad responsable del pago.
La reforma contempla una excepción para los casos de urgencia médica o riesgo vital, en los que la atención seguiría prestándose con independencia de la situación administrativa del paciente. Posteriormente, sin embargo, se exigiría la documentación necesaria para determinar quién debe asumir el coste.
PSD y CDS-PP quieren además reforzar los mecanismos para identificar al responsable económico de cada asistencia y facilitar posteriormente el cobro. El texto abre la puerta a fórmulas como garantías económicas o pagos anticipados en determinados supuestos.
Los partidos del Ejecutivo justifican la iniciativa con datos de la Inspección General de Actividades en Salud. Según las cifras que manejan, alrededor de 330.000 extranjeros no residentes fueron atendidos en las urgencias hospitalarias portuguesas entre 2021 y septiembre de 2024. Más de 140.000 de ellos, sostienen, no disponían de seguros ni de acuerdos internacionales que cubrieran los gastos derivados de la asistencia.
Los promotores de la reforma también aseguran que Portugal está registrando un aumento de ciudadanos extranjeros, especialmente procedentes de países de fuera de la Unión Europea, que viajan al país para recibir tratamientos a través del sistema público. Ese fenómeno es uno de los argumentos esgrimidos para modificar las condiciones actuales.
La propuesta ha provocado críticas de la oposición. El Partido Comunista Portugués (PCP) rechazó este domingo el planteamiento y acusó al Gobierno de centrar el debate en los extranjeros para evitar abordar, a su juicio, problemas estructurales del SNS como la falta de profesionales y la insuficiencia de inversión.
No es la primera vez que PSD y CDS-PP impulsan una reforma de estas características. Una iniciativa similar llegó a superar una primera votación durante la legislatura anterior con el apoyo de Chega, aunque su tramitación quedó paralizada tras la convocatoria de elecciones anticipadas.
El nuevo texto, registrado el pasado 25 de septiembre, retoma ahora aquel planteamiento con algunos cambios. La propuesta se enmarca además en un contexto de mayor presión política sobre la inmi gración en Portugal, donde el fuerte crecimiento de la población extranjera ha situado esta cuestión entre los principales asuntos del debate nacional.