Qué se puede esperar del nuevo gobierno de PPVOX

La propuesta de ocupar televisiones, empresas estratégicas, ejército y policía no es un programa de gobierno al uso: es una reclamación de control institucional total. Aplicada a España, chocaría con el marco constitucional y con el coste económico de politizar sectores como las telecomunicaciones.

Hay una forma de hacer política que consiste en ganar elecciones y otra que consiste en ocupar el Estado. La segunda es más barata en papeletas y más cara en instituciones. El debate abierto estos días en torno a Vox apunta a lo segundo: televisiones, empresas estratégicas, ejército, policía. No es un ajuste de organigrama, es un cambio de régimen de propiedad política.

Qué significa "tomarlo todo" en términos económicos

Ocupar televisiones públicas y colocar afines en empresas estratégicas como Telefónica no es una medida fiscal: es una intervención directa en el accionariado y en la gobernanza. Telefónica cerró 2023 con una capitalización en torno a los 20.000 millones de euros y una plantilla superior a los 100.000 empleados en todo el grupo. Cambiar su cúpula por criterio político tiene un coste de credibilidad que se paga en prima de riesgo.

El precedente que se cita es el PSOE y sus 40 años de colonización institucional. Ese marco temporal es una hipérbole, pero el fondo del asunto es real: en España, la separación entre Gobierno y empresas públicas ha sido históricamente porosa. La diferencia es que ahora se propone como programa, no como vicio.

La ley de vagos y maleantes no es una metáfora

Poner a trabajar "por la fuerza" a los millones de personas que el mensaje llama vagos remite a la Ley de Vagos y Maleantes de 1933, derogada en 1970 y sustituida por la Ley de Peligrosidad Social. Ambas fueron instrumentos de control de población, no de política de empleo. Recuperar ese marco exigiría reformar el Código Penal y chocaría con el artículo 25 de la Constitución, que prohíbe trabajos forzados.

En términos económicos, la idea no se sostiene: España tiene una tasa de paro del 11,2% (EPA, cuarto trimestre de 2024), pero el problema no es la falta de voluntad de trabajar, sino la estructura del mercado laboral. Convertir el empleo en castigo no crea empleo.

El aislamiento internacional como coste

El mensaje confía en una UE con Le Pen en Francia, AfD fuerte en Alemania y Meloni en Italia para evitar el aislamiento. Es una apuesta que ignora que esos gobiernos, cuando han llegado al poder, han moderado su discurso en Bruselas. Meloni gobierna desde 2022 y no ha roto con la UE. Le Pen perdió las legislativas de 2024. La geometría variable europea no funciona como un club de afinidades ideológicas.

Con 200 escaños —que es la cifra que se maneja en el mensaje— se puede reformar la Constitución en algunos aspectos, pero no suspender derechos fundamentales. La aritmética parlamentaria no equivale a impunidad jurídica.

Mano dura en la calle: el coste de la imagen

Las cargas policiales contra manifestaciones tienen un coste económico medible: turismo, inversión extranjera, confianza del consumidor. Italia, con Meloni, endureció penas por disturbios hasta 5 años de cárcel y multas de 20.000 euros. Es un modelo que existe y se aplica. La pregunta es si España quiere importarlo o si el debate es solo retórica de barra de bar.