Quien va a hacer algo para terminar con la inmi gración latinita?

Nacionalidad a los dos años: el agravio que nadie quiere tocar​

El diagnóstico de partida es tajante: ningún partido va a frenar el ritmo de llegadas ni a reformar la vía rápida hacia la nacionalidad española. A partir de ahí, todo es matiz, y hay muchos. La exigencia más repetida tiene dos versiones simétricas: o nacionalidad a los diez años como cualquier solicitante, o que ese privilegio de los dos años se extienda a todo el mundo por igual. En el horizonte, una regularización que quien la sigue sitúa alrededor del día 20 y que, con las reagrupaciones familiares encima, llevaría el total por encima del millón de personas.

¿Cuánto cuesta el atajo de los dos años de residencia?​

El punto de fricción no es solo cuánta gente entra, sino con qué derechos entra. La residencia de dos años como puerta de acceso a la nacionalidad para quienes llegan de Iberoamérica funciona, en la práctica, como un régimen aparte: quien sostiene esta crítica señala que un recién llegado de esos países obtiene en dos años lo que a un solicitante de otra procedencia le cuesta una década. La reforma que se propone es de mínimos y no exige inventar nada: igualar por arriba o igualar por abajo. Sobre cuál de las dos, no hay acuerdo.

La reagrupación familiar es la segunda pieza del mecanismo. Se argumenta que el goteo no termina con el titular de la residencia, sino con los familiares que llegan después, incluidos los de edad avanzada. En ese contexto se describe el empadronamiento y la consulta médica como trámites de acceso a prestaciones, un relato que se repite con detalle pero que no viene acompañado de ninguna cifra comprobable. Ahí está el problema de fondo: mucho relato y poca estadística.

La pirámide de población que desarma el argumento​

El dato más incómodo del asunto no es migratorio, es demográfico. En España hay más personas de 81 años que de menos de 1, y más residentes de entre 70 y 80 que de 0 a 10. Con esa estructura, cualquier política de natalidad tarda décadas en notarse y no llega a tiempo de sostener el sistema de pensiones y sanidad tal como está montado. Es el argumento que esgrimen quienes defienden traer población joven para diluir el envejecimiento en lugar de agravarlo.

La réplica no se hace esperar. Si la esperanza de vida está bajando, la desproporción de la pirámide se suavizará sola y no haría falta importar mano de obra para compensarla. También hay quien apunta que la natalidad se puede revertir con incentivos, y se cita Hungría como ejemplo de política pronatalista agresiva. Nadie discute el ejemplo; discuten sus resultados y el tiempo que tardan en llegar.

El estado del bienestar como argumento de derribo​

Aquí el razonamiento se vuelve más duro. Una corriente sostiene que ningún sistema de protección social sobrevive al ritmo actual de llegadas y que la única salida es reducir el propio estado del bienestar, algo que —se apunta— quizá sea el objetivo último de quien no pone freno. Otros lo enmarcan en clave laboral: se afirma que la llegada de trabajadores dispuestos a aceptar cualquier condición hundió los sueldos de la hostelería hasta la mitad en pocos años.

El contrapunto llega desde el desempleo. Con España en cabeza del paro de la OCDE, se pregunta para qué hace falta más mano de obra, y la conversación deriva hacia el coste de la acogida: se menciona el caso de un hotel de cuatro estrellas con 400 personas alojadas desde octubre sin que ninguna esté trabajando. Son cifras que se lanzan sin fuente y que, por tanto, valen como termómetro del malestar, no como estadística.

El retorno de 2009 y la teoría del flujo que se autorregula​

Hay un episodio que se usa como prueba en ambos sentidos. Durante la crisis de 2009, millones de migrantes latinoamericanos volvieron a sus países porque allí estaban mejor; para unos, eso demuestra que este flujo se corrige solo con el ciclo económico y que el problema real es el que viene de zonas en peor situación que España en su peor año. Para otros, la prueba es justo la contraria: se afirma que más del 87% de quienes se marcharon ya han vuelto, y que lo hicieron dejando deudas impagadas en bancos y cajas. La estadística que zanjaría la discusión, se dice, no la publica nadie.

Quién podría cambiarlo y por qué muchos ya no lo esperan​

La pregunta del arranque —quién va a hacer algo— se responde sola en el pesimismo: se sostiene que votar ya no cambia el rumbo, que los partidos que prometen medidas no llegan a aplicarlas y que la única vía real sería un empeoramiento lo bastante severo como para forzar respuestas drásticas. Frente a la política institucional se proponen gestos individuales: retirar el consumo de determinados negocios, evitar ciertos barrios, dejar de financiar con el gasto diario lo que se considera una dinámica indeseada.

En el otro extremo hay quien defiende una inmigración ordenada, con contrato y papeles, como única fórmula viable: permitir la entrada por la vía legal y cortar la barra libre. Y una tercera corriente apuesta por controles más estrictos sin entrar en la procedencia. De fondo late la sospecha de que el cálculo electoral manda: quien gobierna ve en los nuevos residentes una base de votos futura, y quien se opone no termina de convertirlos en apoyo propio.

A la vista de los números, cualquier reforma del régimen de nacionalidad llegará tarde y probablemente por obligación, no por convicción. Si nada se mueve, la próxima regularización —y la siguiente— volverá a pillarnos discutiendo exactamente lo mismo.