Racismo?: El alcalde de Paiporta (PSOE) expulsa a una argentina por pedirle que hable en castellano!

Expulsada del pleno de Paiporta por pedir que se hable en castellano​

¿Puede un vecino exigir a su ayuntamiento que le hable en la otra lengua cooficial? El pleno de Paiporta, municipio valenciano gobernado por el PSOE, vivió un episodio que resume el problema: una vecina de origen argentino fue expulsada de la sala tras insistir en que no entendía el valenciano y pedir que se usara el castellano. «Me encanta el valenciano, pero no lo entiendo. Yo pago mis impuestos y no puedo seguir lo que dicen», dijo, según el relato que circula del incidente. El alcalde, Vicent Císcar, que ocupa el cargo de forma interina, le pidió que abandonara el pleno. Y lo hizo, según se ha señalado, en un castellano impecable.

El caso ha reabierto la discusión sobre qué significa exactamente que dos lenguas sean cooficiales en la Comunitat Valenciana y hasta dónde llega el derecho de un administrado a entender lo que se decide en la sala donde se aprueban sus impuestos.

Qué dice el Estatuto sobre las dos lenguas oficiales​

El artículo 6 del Estatuto de Autonomía valenciano establece que la lengua propia de la Comunitat es el valenciano y que este es oficial «al igual que lo es el castellano, que es el idioma oficial del Estado». El texto añade que todos tienen derecho a conocerlos y usarlos. La clave está en el verbo: conocer, no obligarse a conocer. De ahí que una parte del análisis sostenga que ningún ciudadano está legalmente obligado a dominar el valenciano y que, por tanto, puede reclamar atención en castellano en la administración autonómica y local.

El artículo 9 del mismo Estatuto refuerza esa lectura: los ciudadanos valencianos tienen derecho a dirigirse a la Administración en cualquiera de las dos lenguas oficiales y a recibir respuesta en la misma lengua utilizada. El problema práctico aparece cuando quien habla no es el administrado, sino el cargo público que preside la sesión.

Cooficial no significa sustituible​

Aquí se abre la otra mitad de la discusión. Hay quien argumenta que el término «cooficial» implica cooperación entre lenguas, no jerarquía, y que un cargo electo puede expresarse en cualquiera de las dos. Bajo ese criterio, quien intenta imponerle un idioma al otro sería la vecina, no el alcalde. La respuesta a ese argumento es simétrica: si el cargo tiene derecho a usar el valenciano, la administrada tiene el mismo derecho a obtener respuesta en la lengua que entiende.

El detalle que más incomoda en este caso no es jurídico, sino de escenificación. La expulsión se comunicó en un castellano perfecto, lo que para muchos convierte el gesto en una decisión política y no en una necesidad lingüística. La anécdota —una vecina que dice pagar impuestos y no poder seguir el pleno— conecta con un malestar más amplio sobre la distancia entre la administración y el administrado.

El contexto que arrastra Paiporta​

Paiporta no es un municipio cualquiera en este momento. La localidad quedó marcada por la gestión de la riada y por la presión vecinal sobre sus responsables políticos. La anterior alcaldesa, Maribel Albalat, llegó al cargo en 2021 mediante un pacto con Compromís y repitió tras las elecciones de 2023 sin mayoría clara, según las informaciones publicadas. Desde entonces fue sustituida en varias ocasiones por bajas médicas por Vicent Císcar, que es quien presidía el pleno del incidente. La lectura política del episodio varía según a quién se pregunte: unos ven un abuso de autoridad contra una contribuyente; otros, un intento de convertir una anécdota en arma contra el ayuntamiento en un momento delicado.

Qué se discute de fondo: lengua, impuestos y representación​

El asunto conecta con una discusión económica que va más allá del idioma. La queja de la vecina se apoya en una idea simple: si pago impuestos, tengo derecho a entender cómo se gastan. Es el mismo principio que sostiene la exigencia de transparencia en cualquier administración. La objeción es que la lengua cooficial no es un capricho administrativo, sino un derecho constitucionalmente protegido en su territorio.

Entre esos dos derechos no hay una jerarquía clara escrita en ninguna parte. La consecuencia es que cada pleno se convierte en un pequeño campo de batalla donde se negocia caso por caso lo que la ley no resuelve. Y mientras tanto, el contribuyente —el que paga— sigue sin saber si su reclamación es un derecho o una impertinencia.

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Preguntas frecuentes​

¿Está obligado un valenciano a saber valenciano?

No. El Estatuto reconoce el derecho a conocer y usar las dos lenguas oficiales, pero no impone el deber de conocer ninguna de ellas. Por eso se sostiene que un ciudadano puede reclamar atención en castellano ante la administración autonómica o local sin que ello suponga incumplir norma alguna.

¿Qué pasó con la alcaldesa anterior de Paiporta?

Maribel Albalat accedió a la Alcaldía en 2021 por un pacto con Compromís y repitió tras las elecciones de 2023 sin mayoría clara. Fue sustituida en varias ocasiones por bajas médicas por Vicent Císcar, el alcalde que expulsó a la vecina del pleno, según las informaciones publicadas.