Bilbao: manteros […] se manifiestan rodeados de langostos abertzales que los aplauden y apoyan

Manifestación en Bilbao: el comercio ilegal y el doble rasero fiscal​

Un vídeo difundido en redes que mostraba a vecinos aplaudiendo a vendedores sin licencia mientras el pequeño comerciante local —el que paga IVA, autónomos y Seguridad Social— cierra su persiana ha reabierto la brecha del doble rasero fiscal en España. La escena, grabada en el casco viejo bilbaíno, desató un alud de reproches cruzados: desde quienes denuncian que se criminaliza al autónomo que hace una chapuza en negro hasta quienes señalan la hipocresía de exigir impuestos a unos y perdonárselos a otros.

El asunto trasciende lo local. En el fondo late una pregunta incómoda: ¿por qué la economía sumergida de unos genera indignación moral y la de otros, tolerancia institucional?

¿Qué pasó en la manifestación de Bilbao?​

El vídeo que originó el revuelo mostraba a un grupo de personas concentradas en apoyo de los vendedores ambulantes, con pancartas y consignas, mientras transeúntes y vecinos observaban sin intervenir. La imagen que más circuló fue la de una mujer de pelo naranja en primera fila, descrita en los comentarios como «un final boss» de la escena. No hubo incidentes graves, pero sí una catarata de reacciones en cadena.

La manifestación no era un acto espontáneo de solidaridad vecinal, según quienes la analizaron. Varios mensajes apuntaron a que los asistentes respondían a consignas políticas organizadas, con gritos de apoyo a la independencia vasca mezclados con la defensa del comercio ambulante. Esa mezcla —reivindicación nacionalista y apoyo a la venta ilegal— fue el combustible que encendió el debate.

El doble rasero fiscal que indigna al pequeño comercio​

El argumento más repetido fue el de la asimetría fiscal. Un vendedor ambulante sin licencia no paga IVA, no cotiza a la Seguridad Social y no declara ingresos. Un autónomo que repara un coche o arregla una dentadura sin factura comete exactamente el mismo tipo de infracción, pero sobre él cae todo el peso de la ley. La diferencia no está en la legalidad, sino en quién la aplica.

Hay quien sostiene que el autónomo que trabaja en negro es señalado como «defraudador» mientras el vendedor ambulante recibe aplausos. La comparación, repetida hasta la saciedad, apunta a un patrón: la tolerancia depende del relato político que envuelva la actividad. El comerciante de toda la vida, el que heredó la tienda de sus padres, ve cómo su clientela se desploma mientras la venta ilegal ocupa la vía pública sin consecuencias visibles.

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El impacto en el comercio tradicional

El cierre de bajos comerciales es la consecuencia más visible. Carteles de «se traspasa», «liquidación por cierre» y «cierre por jubilación» se multiplican en los cascos históricos. La explicación que más circula es económica: los herederos de esos negocios prefieren alquilar el local antes que seguir con la actividad, porque el margen ya no compensa. El local se convierte en renta, no en comercio.

El fenómeno no es exclusivo de Bilbao. En otras ciudades costeras se han colocado carteles que anuncian multas de 200 euros para quien compre a vendedores ambulantes, mientras la venta ilegal sigue ocupando paseos y plazas con la policía local mirando hacia otro lado. La norma existe; la aplicación, no.

¿Por qué se mezcla la inmigración con el debate fiscal?​

Porque una parte de los mensajes derivó hacia el origen de los vendedores. Se argumentó que muchos son migrantes en situación irregular y que algunos podrían estar recibiendo ayudas sociales mientras ejercen la venta ilegal. Esa acusación, lanzada sin pruebas en la mayoría de los casos, contaminó el debate original sobre fiscalidad y comercio.

Conviene separar los planos. Una cosa es la economía sumergida —un fenómeno estructural que afecta a autónomos, comerciantes y trabajadores por cuenta ajena— y otra la situación administrativa de quienes venden en la calle. Mezclarlas convierte un problema económico en un conflicto identitario, que es exactamente lo que algunos buscan.

La deriva conspirativa del debate​

No faltaron los desvaríos. Aparecieron referencias a una supuesta agenda masónica internacional, a logias que controlarían el nacionalismo vasco y catalán, y a un «nuevo orden mundial» que financiaría la inmigración. Estas teorías, sin ningún respaldo factual, circularon con la misma naturalidad que los argumentos económicos. El problema no es que se digan, es que se comparten.

También hubo quien defendió a los vecinos que pasaban de largo: «los vascos de a pie pasan sin hacer ni caso», se dijo, frente a quienes acusan a toda la sociedad vasca de complicidad con el nacionalismo. La generalización, en ambos sentidos, es la trampa habitual.

El cierre: una predicción con reservas​

Si el patrón se mantiene, la presión sobre el pequeño comercio seguirá creciendo y los cascos históricos se vaciarán de tiendas para llenarse de alquileres. La venta ambulante ilegal no desaparecerá mientras no haya voluntad política de perseguirla, y esa voluntad no llegará mientras el coste electoral sea alto. La pregunta no es si cambiará, sino cuándo el cierre de un local más dejará de ser noticia.

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Este artículo se basa en el análisis de un debate público sobre fiscalidad, comercio ambulante y economía sumergida. Las opiniones citadas proceden de dicho debate y no constituyen afirmaciones verificadas.